KAS COLOMBIA

Notas de acontecimientos

“Hacia una agenda legislativa pro-competitividad”

Mesa de Expertos

El día 6 de mayo la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y el Instituto de Ciencia Política (ICP) llevaron a cabo la segunda Mesa de Expertos del año 2022 en la cual se trató el tema de la competitividad económica en Colombia y se buscó identificar las oportunidades y desafíos para reglamentar la actividad de las empresas en el país en el marco de un contexto de baja productividad y alta informalidad.
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La Fundación Konrad Adenauer junto con el Instituto de Ciencia Política y su Observatorio Legislativo llevaron a cabo la segunda Mesa de Expertos del año 2022, proyecto con el cual se pretende contribuir, mediante el diálogo intersectorial, al análisis de los desafíos que enfrenta Colombia en materia legislativa. Este evento se desarrolló el día 6 de mayo y contó con la participación de varios expertos en la materia, algunos Funcionarios, Congresistas y otros actores representativos en el tema de competitividad empresarial en Colombia.

Para dar inicio a la jornada, María Clara Escobar, Directora Ejecutiva del ICP, presentó unos saludos iniciales y agradeció a la KAS por hacer posible el espacio de diálogo. Así mismo extendió el saludo a los demás participantes entre los que se encontraban: Jorge E. González, Viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Juan Sebastián Gutiérrez, Director de Productividad y Competitividad del mismo Ministerio; Ana Fernanda Maiguashca, Presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC); Daniel Gómez, Vicepresidente Técnico del CPC; y Gabriel Vallejo, Representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático (2018-2022), entre otros.

Continuando con lo anterior, María Clara Escobar señaló que es de gran importancia dialogar sobre la competitividad en Colombia. Primeramente, porque al considerar las consecuencias económicas que dejó la pandemia, la competitividad aparece entonces como un tema de suma importancia si se busca trabajar por mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Más aún en un país donde en términos legislativos, la normatividad vigente suele dificultar el acceso al empleo y desincentivar la creación de empresas y la innovación. De acuerdo con M.C. Escobar, en línea con lo que han hecho países en condiciones de desarrollo similares, los cuales realizaron reformas ambiciosas en materia de libertad y apertura económica, el marco regulatorio colombiano debería estar avanzando en favorecer el desarrollo de las empresas pequeñas y medianas, promover una mayor flexibilidad laboral y reducir los trámites burocráticos necesarios para el mantenimiento de las mismas en el sistema formal.

Por su parte, Stefan Reith, Representante de la KAS en Colombia, agradeció la participación de los expertos y asistentes del evento e indicó que para la fundación es de gran importancia la promoción de un diálogo sobre temas como la democracia y el desarrollo sostenible. A saber, la KAS como una fundación política alemana ha trabajado por difundir en Colombia y en otros países, la propuesta de una Economía Social de Mercado donde prima la sostenibilidad del modelo de libre mercado y la cual surgió después de algunas reformas de liberalización y flexibilización que trajeron beneficios para empleados y empleadores en Alemania. Sin embargo, para poder avanzar en dicha construcción de una economía más justa, es necesario entender que la competitividad es la clave de la sostenibilidad económica. Por lo cual hay que conversar sobre la misma y con más intensidad en un periodo preelectoral.

A continuación, se abrió el espacio para el intercambio con los expertos. La encargada en abrir la discusión fue Ana Fernanda Maiguashca, Presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), quien realizó una breve presentación sobre los hallazgos de CPC en materia de competitividad en el país durante el último año. De acuerdo con la experta, Colombia es un país con baja productividad que necesita alcanzar un mejor equilibrio empresarial para poder conseguir mejores resultados en términos de crecimiento económico. Esta baja productividad de la economía colombiana muchas veces ha sido compensada con el esfuerzo de los colombianos, quienes cargan los costos de la misma, afectando su bienestar de vida.

Por otro lado, la experta señaló que en la actualidad el tejido empresarial colombiano está compuesto por empresas mipymes. No obstante, debido a la normativa vigente, la mayoría de estas firmas son consideradas como informales y, por lo tanto, muchas veces son excluidas de la leyes y políticas públicas diseñadas para el empresariado. Lo cual resulta muy problemático si se tiene en cuenta que cerca del 60% de las empresas colombianas son catalogadas como informales y el porcentaje restante es el encargado de cargar con la responsabilidad tributaria, indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos al país.

En este orden de ideas, según A. F. Maiguashca, para promover la competitividad en el país es importante: (a) trabajar por la inclusión del empresariado informal, mediante normativas más flexibles que reconozcan los niveles de desigualdad entre firmas; (b) avanzar en mecanismos de financiación, acompañamiento y asistencia tecnológica para que éstas realicen sus actividades; (c) fomentar la asociación y el escalamiento empresarial; y (d) reducir el número de trámites burocráticos necesarios para la formalización de las mismas. Con lo anterior, se espera un aumento en el recaudo tributario estatal que financie políticas públicas para el mejoramiento del sector empresarial junto con una mayor contribución a los sistemas de salud y pensión.

En relación con lo anterior, el congresista Gabriel Vallejo reiteró que Colombia debe superar tres grandes barreras para alcanzar una mayor competitividad. Primero, una barrera cultural que ha surgido con la inmersión de las actividades del narcotráfico en la economía colombiana, pues en muchas zonas del país es más sencillo y rentable la ilegalidad que emplearse o crear empresa en el sector formal. Segundo, existe una barrera legislativa, dado el exceso de regulación para dar solución a los problemas de las empresas. Por último, hay que superar una barrera institucional, dado que en la actualidad se crean agencias e institutos para atender problemas públicos, aumentando así la participación del Estado en el mercado y limitando su competitividad.

El siguiente en intervenir fue el Viceministro Jorge. E Gonzáles quien señaló que el Gobierno Nacional ha hecho un gran esfuerzo por precisar y mejorar la normativa existente sobre este asunto. De igual forma, resaltó que los resultados de la reactivación económica en Colombia en materia de crecimiento económico han sido buenos a pesar de las circunstancias de pandemia y han sido tan acertados, que han posicionado a Colombia como una de las mejores economías de la región latinoamericana. Según el funcionario, aun considerando lo anterior, el Ministerio se ha encontrado con dificultades en la masificación de las exitosas medidas adoptadas; en la provisión de condiciones tecnológicas para igualar las oportunidades de las empresas; y sobretodo, encuentra limitaciones para llevar oportunidades de educación y capacitación del capital humano a todo el territorio nacional. Por lo que, aún es necesario garantizar recursos económicos que permitan la masificación de la acción estatal en materia de competitividad empresarial, empleo y educación.

En relación con lo anterior, Juan Sebastián Gutiérrez, Director de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, señaló que es preocupante que el presupuesto nacional no destine mayores recursos para el funcionamiento de los programas y proyectos regionales que buscan beneficiar a las mipymes en el país, pues las expectativas y necesidades son enormes.

Finalmente, en representación del CPC, Daniel Gómez, Vicepresidente Técnico, precisó que, si bien es necesario mejorar la agenda legislativa, también se debe trabajar en la creación de nuevos mecanismos de gestión pública que permitan visibilizar los costos de las medidas públicas a corto y mediano plazo. Es decir, es imperativo identificar los efectos no observables e incentivar al legislador a hacer normas que tengan resultado y beneficios en varios sectores y que sean políticamente rentables.

Una vez concluida la conversación y para dar cierre al evento, el Representante de la KAS en Colombia, Stefan Reith, agradeció a los expertos por su participación en la mesa. De acuerdo con el representante, el principal objetivo de las mesas es generar recomendaciones de política pública que tengan incidencia en tomadores de decisión por lo cual resaltó el trabajo conjunto realizado con el ICP, en función de construir en Colombia, una economía competitiva y sostenible.

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