Entre Transición y Restauración: Desafíos para la sociedad colombiana en el posconflicto - Oficina de la Fundación en Colombia
Notas de acontecimientos
La instalación del evento estuvo a cargo de Marcela Prieto Botero, Directora Ejecutiva del ICP, y del Dr. Hubert Gehring, Representante en Colombia de la KAS. Por su parte, Prieto mencionó que si bien la firma de la paz es un compromiso del gobierno, la construcción de la misma es un compromiso de la sociedad en su conjunto. Durante su intervención, el Dr. Gehring reiteró el compromiso y apoyo de la KAS a los esfuerzos que el país está llevando a cabo con miras a dar fin al conflicto armado. Asimismo, enfatizó en la importancia de la descentralización para la consecución de la paz.
A continuación intervino el Dr. Humberto de la Calle, Jefe del Equipo del Gobierno Nacional para los diálogos con las Farc. En su presentación, de la Calle hizo referencia a temas como la “particularidad” de las negociaciones que se están llevando a cabo actualmente en La Habana, ya que éstas -a diferencia del resto que ha habido en el mundo- se desarrollan en medio del conflicto, lo que hace que cualquier decisión jurídica o política que sea tomada tenga un impacto directo sobre el conflicto mismo y sus combatientes.
De igual manera, el Jefe Negociador del Gobierno hizo alusión a los límites que el Derecho Internacional pone a la negociación. Al respecto, fue enfático en afirmar que el Gobierno no va a sustraerse de sus obligaciones internacionales; no obstante, sí pretende que la comunidad internacional entienda las particularidades del caso colombiano. Además, agregó que si bien los estándares -tanto nacionales como internacionales- imponen ciertos límites, éstos dejan un espacio para negociar y encontrar soluciones.
En cuanto a la Justicia Transicional, de la Calle aclaró que, en su opinión sí es posible conseguir un “máximo de paz” junto con un “máximo de justicia”, toda vez que ésta última no sea entendida únicamente en términos punitivos. Por último, de la Calle formuló al público asistente una serie de preguntas que, ya no el gobierno, sino la sociedad y el Estado en su conjunto tendrán que resolver en caso de firmarse un acuerdo de paz. Algunas de estas preguntas fueron: ¿Cómo se puede hacer operativo el papel de las víctimas en el proceso –no sólo de negociación sino también de reparación y reintegración- en concreto?, ¿Cuál va a ser la relación entre una eventual Comisión de la Verdad y los procesos judiciales?, ¿Cuáles serán los criterios para determinar los “máximos responsables” así como los crímenes más graves y representativos? Y ¿Cómo van a contribuir quiénes se desmovilizaron con la reparación de las víctimas?
Tras la conferencia central de Humberto de la Calle hubo cuatro paneles de discusión sobre los diversos desafíos que plantea un escenario de transición en el país. El primero de ellos tuvo como eje central la “Comisión de la verdad: organización, alcances y relación con tribunales de justicia”. En éste se contó con la participación de Clara Rojas, directora de la Fundación País Libre; Catalina Díaz, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia; y Andrés Molano (moderador), profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. En la discusión salieron a relucir temas como la importancia de un enfoque de género en la conformación de una Comisión de la Vedad, así como la participación de todos los actores del conflicto en dicha Comisión. Por otro lado, fue recurrente el tema de la verdad, entendida ésta no sólo como el conocimiento de los hechos, sino el reconocimiento por parte de los actores armados de lo sucedido. Finalmente, y también con relación a las víctimas, se dijo que éstas deben estar representadas dentro de los Comisionados de la eventual Comisión de la Verdad.
El segundo panel de discusión trató sobre “Reparación a las víctimas y restauración social: mecanismos concretos de implementación”, y contó con la participación de Laura Gil, alta consejera para las Víctimas del Partido Liberal; Salud Hernández, analista política y columnistas de El Tiempo; Christian Voelkel, analista para Colombia de la Oficina para América Latina y el Caribe del International Crisis Group; y el moderador Jairo delgado, Director de Análisis del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL). La primera en intervenir fue Laura Gil, quién hizo un breve recorrido del trámite que tuvo la “Ley de Víctimas” en el Congreso de la República. Por su parte, Salud Hernández se pronunció abiertamente en contra del actual proceso de paz al considerarlo sinónimo de impunidad. De igual manera, calificó este intento de “indigno” pues, en su opinión, es inconcebible que el gobierno de un país esté negociando no sólo el cese del conflicto sino temas de la agenda gubernamental (desarrollo agrario) con “criminales”. En cuanto a las víctimas, Hernández dijo que la “representación” de éstas por parte de partidos políticos no es deseable ya que terminan siendo para ellos una herramienta para hacer política. Por último, Christian Voelkel habló sobre los “problemas” para la implementación de la “Ley de Víctimas”, en especial con relación al tema de las reparaciones. En esta línea mencionó 3 problemas: que se esté implementando mientras el conflicto persiste, una institucionalidad poco consolidada y una pobre articulación del Estado en su conjunto en torno a la reparación.
El tercer panel abordó el tema de las “Garantías de no repetición”, donde participaron: Alejandro Éder, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración; Jean Carlo Mejía, docente, consultor y asesor e investigador en DD.HH, DIH y Derecho Público; Iván Orozco, profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes; y Gloría María Barrero (moderadora), directora de la Corporación Excelencia en la Justicia. Para comenzar, Éder mencionó que en su concepto la principal garantía de no repetición es que quienes empuñaron las armas no lo vuelvan a hacer. En este orden de ideas se refirió a la importancia del proceso de reintegración de ex combatientes. Por su parte, Iván Orozco afirmó que no existen garantías absolutas de no repetición, sino que hay factores que incrementan o disminuyen la posibilidad que los hechos se repitan. Así mismo, afirmó que en ocasiones los factores que a corto plazo garantizan el éxito de la negociación pueden, a largo plazo, afectar las garantías de no repetición. El último en intervenir fue Jean Carlo Mejía, quién desde el punto de vista del derecho llamó la atención sobre la importancia de revisar la política de cooperación judicial que tiene el país ya que, en su opinión, es inconcebible que alguien se desmovilice y salga de una guerra para ser pedido después en extradición.
El último panel tuvo como tema central “Medios de comunicación y socialización de la justicia transicional”, y contó con la participación de Rafael Guarín, ex Viceministro de Defensa; Darío Vargas, socio Senior de Dattis-Consultores en comunicación y la Directora Ejecutiva del ICP, Marcela Prieto Botero (moderadora). Los panelistas estuvieron de acuerdo en que, en materia de comunicación, hay 2 problemas fundamentales. El primero se relaciona con la falta de un mensaje “claro, conciso y coherente” sobre lo que es y para qué sirve la Justicia Transicional. El segundo problema son los canales de comunicación con los que cuenta el proceso de paz en sí mismo. Según ambos panelistas, por un lado no es claro quién es le vocero del Gobierno (si el presidente Santos o Humberto de la Calle) y, por otro, existen “múltiples canales de comunicación” de otros actores sobre el proceso (Álvaro Uribe, las FARC, el Fiscal y el Procurador) que están creando una confusión general, lo que genera mayor incertidumbre y escepticismo.
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