El diagnóstico examina el grado de incorporación de los estándares internacionales sobre independencia judicial en el Poder Judicial del Estado de México, a partir de indicadores normativos (leyes y disposiciones locales) y prácticos (análisis documental y entrevistas), organizados en tres dimensiones: institucional, profesional y funcional.
Entre los avances relevantes del Estado de México, el estudio destaca la existencia de sistemas automatizados para la asignación aleatoria de asuntos, la estabilidad en las remuneraciones del personal judicial y la implementación de políticas de prevención de actos de corrupción. No obstante, persisten desafíos importantes, como la necesidad de reforzar la garantía normativa de la inamovilidad, asegurar una regulación presupuestal más clara y alinear las normas locales con los estándares internacionales.
El informe fue elaborado antes de la reforma judicial federal aprobada en septiembre de 2024. Sin embargo, proporciona un diagnóstico detallado que permite entender la situación institucional de partida y presenta recomendaciones prácticas para consolidar una justicia más independiente y profesional en el Estado de México.
