Agustina Carriquiry

Agregó que el mundo globalizado ha construido normativas para los flujos de bienes, capitales y servicios, pero que no existe una normativa consensuada para el flujo de seres humanos y la protección de su dignidad. Precisó que se debe avanzar en esta regulación y en la institucionalidad internacional colocando el bienestar de las personas como eje central.

Riveros indicó que Chile aumentó la inmigración y que tiene el desafío de aprobar una Ley Migratoria cuyo enfoque central sea considerar la migración como una oportunidad para el desarrollo y un diseño de acogida e integración que contemple la existencia de redes de contacto, la existencia de comunidades de connacionales y la promoción de un cambio cultural favorable a la migración. Concluyó que el desafío de la migración y la integración para el desarrollo humano es un tema vital para los humanistas cristianos.

La Directora Regional del Programa Partidos Políticos y Democracia, Dra. Kristin Wesemann, señaló que este encuentro sobre migración busca encontrar respuestas humanistas para enfrentar un fenómeno regional y global. Agregó que la KAS y la ODCA comparten los valores del humanismo cristiano y el valor central de la persona humana, recordando que la Canciller de Alemania Ángela Merkel precisó que no hay que olvidar que los migrantes en primer lugar son personas. Indicó que el Programa Partidos Políticos y Democracia se orienta a trabajar con los partidos políticos porque son el espacio para expresar a la sociedad y para formular respuestas responsables para enfrentar los desafíos.

El Presidente de la Comisión Internacional del Partido Demócrata Cristiano de Chile, Nelson Hadad, señaló que la migración forzada representa la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Coincidió que la migración debe ser considerada como una contribución al desarrollo y que las nuevas normativas deben tener como objetivo la protección del ser humano y el apoyo para la integración. Formuló un llamado a los partidos políticos humanistas cristianos a practicar los principios de la solidaridad, la fraternidad, la amistad cívica, la generosidad y la compasión cristiana asumiendo este desafío y proponiendo respuestas humanistas.

El Presidente de ODCA, Jorge Ocejo, destacó que migración, seguridad y desarrollo humano son temas interrelacionados. Precisó que el asentamiento de los migrantes genera problemas de seguridad y de atención pública y que, por tanto, se requiere de un nuevo marco legal, de políticas públicas y una nueva institucionalidad. Concluyó que la migración es un factor importante para el desarrollo nacional, pero que también los Estados deben generar las condiciones para el desarrollo y el progreso de los migrantes y sus familias.

El Representante de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), Félix Martínez, señaló que la migración es alentada por la globalización, las oportunidades económicas y las desigualdades entre los países y regiones más ricos y los más pobres. Recordó que más del 54% de la población mundial vive en centros urbanos y que 1 de cada 5 migrantes internacionales viven en las 20 ciudades más pobladas del planeta. Preciso que, por este motivo, la gestión de la migración interna e internacional debe ser contemplada en la planificación urbana y el desarrollo sostenible.

Félix Martínez indicó que las ciudades representan, para los migrantes, mayores oportunidades económicas y acceso a los servicios sociales. Agregó que los gobiernos nacionales, municipales y metropolitanos tienen el reto de gestionar la migración, generar programas y políticas públicas, contemplar la integración e inclusión, acceso al mercado laboral, garantizar el acceso a los servicios básicos, planificar el crecimiento urbano y la infraestructura sanitaria, enfrentar el hacinamiento de los asentamientos informales, la congestión y el deterioro medioambiental y sanitario, entre otros temas. Concluyó que en el Informe sobre Migraciones del 2015 se insta a impulsar la gobernanza urbana y el compromiso político a nivel local considerando el creciente rol que tienen en la implementación de políticas públicas a nivel migratorio y social.

A continuación, el diputado alemán Tankred Schipanski destacó que la crisis de los refugiados no es un problema exclusivamente nacional, sino un desafío global, por lo que una solución de la crisis humanitaria solo puede lograrse con solidaridad europea y con la estrecha colaboración con los países de origen y los países de tránsito. Agregó que, considerando estos tres niveles, Alemania adoptó medidas a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional.

Explicó que, en el plano internacional, se debe combatir las causas de la migración para ofrecerle a las personas perspectivas para vivir y desarrollarse en sus países de origen, esto implica cooperación para el desarrollo, estabilización de los Estados fallidos, ayuda en necesidades básicas (vivienda, educación, salud, trabajo). A nivel europeo, indicó que es crucial la coordinación con los países de tránsito, como Turquía, para asegurar las fronteras exteriores de la Unión Europea, combatir el tráfico de personas y en el registro de los migrantes. Igualmente, se debe lograr una solución única para la gestión de los refugiados, su distribución en Europa y las nuevas normas comunitarias sobre la materia. A nivel nacional, los países deben generar las condiciones para la protección de los refugiados, la integración y nuevas oportunidades.

El miembro del Bundestag concluyó que la crisis humanitaria de los refugiados representa una prueba histórica que podría superarse con el enfoque humanista cristiano. Agregó que los demócrata-cristianos en Alemania quieren ordenar el flujo de refugiados en Europa y quieren ayudar a las personas que requieren protección y asegurar su integración.

Por su parte, Pedro Hernández, Subdirector de Migraciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, indicó que entre los 240 millones de migrantes internacionales alrededor de 50 millones son migrantes latinoamericanos cuyo destino preferente es el norte del continente y por tanto es migración intrarregional. Además, América Latina es receptora de inmigración extra-continental de Asia, África y Europa.

Indicó que la Conferencia Sudamericana de Migraciones y el II Diálogo de Alto Nivel de NU sobre Migración y Desarrollo (2013) acordó la centralidad de los Derechos Humanos como base de las políticas en materia migratoria; el reconocimiento de las personas migrantes como sujetos de derecho; y el reconocimiento de los procesos de integración y cooperación entre los países. Igualmente, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) está trabajando en la definición de una posición política común en materia migratoria y la aprobación de una guía para la asistencia de los niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados.

Pedro Hernández manifestó que se requiere una gobernanza migratoria internacional humanista que contemple la centralidad de los derechos humanos de la persona, reconocer a la persona migrante como sujeto de derecho, y un Estado social y democrático de derechos para garantizar el desarrollo pleno de los migrantes.

Finalmente indicó que para la inclusión de los migrantes se requieren nuevas políticas migratorias integrales desde una perspectiva de derechos humanos, acompañamiento de los gobiernos para una migración segura e informada, promover la residencia regular y el acceso a los servicios básicos, la relación entre los migrantes y los gobiernos locales encargados de las políticas públicas en materia de salud, educación, empleo y seguridad; enfrentar el desafío de la xenofobia y la integración recíproca promoviendo un cambio cultural y una educación de la comunidad de acogida

Advirtió que algunos países receptores en lugar de tener políticas inclusivas tienen políticas restrictivas, lo que genera inmigración irregular o ilegal. Precisó que un desafío es la cooperación entre los países de origen, los países de tránsito y los países de destino.

Marcela Correa Benguria, Directora Metropolitana de la Fundación Servicio Jesuita al Migrante, destacó que la migración en Chile representa el 2.3% de la población (410,000 personas) constituyendo un fenómeno menor respecto a otros países. El 74% de los migrantes son de la región latinoamericana, principalmente de Perú, Argentina, Bolivia, Colombia y Ecuador.

Entre las barreras para la inclusión del migrante se identifican: la ausencia de una política migratoria en Chile y políticas públicas con una visión integral; las barreras fronterizas y la discrecionalidad en el ingreso que promueve los negocios ilícitos asociados al tráfico de personas; y la xenofobia, la estigmatización, y la criminalización del migrante a raíz de un enfoque basado en la seguridad. El migrante en situación irregular no dispone de documento de identidad, está marginado de las políticas sociales y está excluido de las oportunidades.

Marcela Correa destacó como oportunidades para la inclusión del migrante el compromiso del Gobierno que está interesado en aprobar una nueva Ley de Migración, involucrado en los procesos de integración regional y articulando propuestas en los foros internacionales; la generación de una política migratoria integral con el aporte y participación de organizaciones de la sociedad civil, académicos, organizaciones de migrantes y las autoridades;

Concluyó que una nueva política migratoria debe contemplar el enfoque de Derechos Humanos y la centralidad de la persona humana; la perspectiva intercultural para la integración y la inclusión entre chilenos e inmigrantes; la visión intersectorial que incorpora el enfoque migratorio en la atención de salud, en la educación, en la política de vivienda, en el sistema de protección social y una institucionalidad adecuada que permita la gobernanza o gestión del proceso migratorio y el seguimiento del proceso de inclusión.

Finalmente, el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Sandoval, destacó la creación del Consejo de Política Migratoria, que coordinará el trabajo interministerial para un diseño integrador y con perspectiva de derechos de la Política Migratoria de Chile y de la nueva Ley de Extranjería y Migración. Igualmente, el Consejo mandató a los equipos técnicos para elaborar la propuesta de un Plan Nacional de Acción Migratoria y se ha incorporado la participación ciudadana de los migrantes, las comunidades locales, los académicos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil en el proceso de propuestas a través de 8 encuentros consultivos.

Agregó que Chile ha evolucionado desde un Decreto Ley y una política migratoria basada en la doctrina seguridad nacional y en la contención al ingreso de migrantes, dictaminada durante el gobierno militar, a una nueva ley y política migratoria, impulsada por los gobiernos democráticos, centrada en los derechos del migrante, en la inclusión y la integración regional. Precisó que el Proyecto de Ley de Migraciones que presentará el gobierno al Congreso Nacional se basa en cuatro pilares fundamentales: enfoque de derechos, lógica intersectorial, consideración de aspectos socioculturales de la migración, y la definición de una institucionalidad para la migración. Añadió que el objetivo de la nueva legislación es transformar a Chile en un país de acogida, que respete, acompañe y defienda la dignidad y los proyectos de vida de los extranjeros que deciden iniciar en nuestro país sus proyectos.

Concluyó que, para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, más justa y más prospera se deben respetar los derechos humanos del migrante, promover la inclusión de los migrantes en la sociedad, el respeto al principio de la igualdad ante la ley, facilitar la regularidad migratoria y el acceso a los derechos sociales. “No existen razones morales ni económicas para que nosotros debamos darle un tratamiento preferencial a los nacionales por sobre los migrantes. Tributan lo mismo, trabajan lo mismo, les duele lo mismo. Ambos tienen los mismos deberes y derechos. Uno tiene que entender que las distinciones entre nacionales y extranjeros cada vez tienen menos sentido y son contraproducentes en términos de integración y de desarrollo económico”.