La política debe ser entendida como máxima expresión de servicio hacia la sociedad. En los tiempos que nos toca vivir, cuando nos sentimos amenazados por un enemigo invisible y letal como lo es el COVID-19, si esa premisa no constituye el punto de partida de la praxis política, sin duda, estamos ante un problema serio. Entonces, definir a la política sólo como consecución y conservación del poder o como medio de dominación social resultaría poco adecuado en el contexto actual. Lo que debe primar es la concepción de la política como subsistema de la sociedad que se encarga de ordenarla. Debemos pues apelar a esa capacidad de cohesión social que se genera entorno a la política como articuladora natural de intereses sociales. Como actores cruciales de estos procesos, encontramos a los partidos políticos.

Los partidos políticos desde el siglo XIX – ya sea como consecuencia de la necesidad de representar los intereses de distintos grupos o como consecuencia de la ampliación del derecho de sufragio – fueron reconocidos por la política de manera tácita – al menos en los sistemas democráticos – como agentes de consenso ante la existencia – como es natural – de conflictos sociales cuyo origen se encuentra en diferencias o desigualdades sociales mal enfrentadas. En ese sentido, es necesario aclarar que el rol natural en este juego para los partidos es que, bajo la dinámica de gobierno entre mayorías y minorías en una democracia representativa, se dirijan los destinos de una comunidad buscando consensos para tal fin. Jordi Matas nos señala al respecto que:

“En los sistemas políticos democráticos actuales, basados en el pluralismo, los partidos políticos se han convertido en el principal instrumento de participación y en canales privilegiados para expresar este pluralismo en las instituciones (2005, p. 317)”.

Ahora bien, ¿cuál es o debería ser el rol de los partidos y de los políticos durante la pandemia del COVID-19 y en tiempos de crisis?; ¿Es posible tener un equilibrio entre el apoyo a las medidas del gobierno (por ejemplo, de contención) y la crítica constructiva?; acaso, ¿deberían concentrarse los partidos solo en las propuestas y el futuro de la política? Trataré de responder a estas interrogantes en este breve documento.

PUNTOS GENERALES

Partamos por un tema conceptual en un Estado de derecho donde elementos tales como la autoridad, legitimidad y gobierno confluyen en clara observancia de un ordenamiento jurídico donde los partidos políticos son reconocidos (por nuestra propia Constitución – artículo 35° – y la Ley N° 24094, Ley de Organizaciones Políticas) como una expresión del pluralismo democrático. De esta forma, los partidos políticos son reconocidos como organizaciones políticas que concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, y a los procesos electorales. Como instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía y base del sistema democrático. Asimismo, se reconoce a los partidos políticos como instituciones de la sociedad civil, como sociedades intermedias, que aseguran la vigencia y defensa del sistema democrático; contribuyen a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos consagrados por la legislación peruana; formular sus planes y programas que reflejen sus propuestas para el desarrollo nacional, de acuerdo a su visión de país; representar la voluntad de los ciudadanos; realizar actividades de formación con el objeto de forjar una cultura cívica y democrática; contribuir a la gobernabilidad del país; etc.

Si extrapolamos estas definiciones (este “deber ser”) a la coyuntura actual de pandemia y recesión económica, deberíamos ver partidos muy colaborativos con la estabilidad política y económica del país. Partidos que ayuden a canalizar el conflicto social latente de tal forma que este no estalle[1] al ser funciones básicas de los partidos políticos las de contribuir a la gobernabilidad y a preservar la paz y la libertad. Lamentablemente nuestros actuales legisladores (siempre haciendo la aclaración que existen excepciones), ya sea segados por sus intereses personales, desconocimiento adecuado de la realidad nacional y de conceptos básicos de economía o que ingenuamente creen que un problema se soluciona únicamente emitiendo normas (olvidándose que el control de la misma se da óptimamente sólo en un Estado adecuadamente institucionalizado, facultad de la cual adolecemos), no están dando muestras de ir en ese sentido y al gobierno es evidente que la situación ya se le fue de las manos, con hospitales colapsados y un crecimiento de casos que parece no detenerse, evidenciando una clamorosa incapacidad de gestión de la crisis.

Es importante en este contexto destacar que los congresistas electos en enero de 2020 no demuestran una actitud representativa respecto no sólo a sus electores, sino también respecto a sus partidos políticos de origen. No advertimos más que algunos escuetos pronunciamientos de apoyo a las iniciativas legislativas o labores fiscalizadoras de algunos parlamentarios por parte de sus bancadas más no de sus partidos políticos. Este escenario es mucho más grave cuando advertimos, que los partidos sin representación en el Congreso de la República sacan sendos comunicados que en la práctica no tienen mayor impacto en el debate político, más allá, obviamente, de sentar posición sobre una dinámica de la cual no forman parte por mandato popular.

La gravedad de esta crisis sanitaria que vivimos evidencia la fragilidad de nuestro sistema político, cuando el Poder Ejecutivo no convoca a los partidos políticos ni a los integrantes del Acuerdo Nacional a sentar una posición en bloque frente a la problemática económica, sanitaria y social resultado de esta pandemia. En diversas ocasiones el ejecutivo ha jugado de manera protagónica e individual en esta crisis. La mutua falta de apertura al diálogo y a la concertación ha colisionado con el perfil de algunos congresistas con cierto peso dentro del parlamento, que tienen una proyección electoral con miras a las elecciones del 2021 o del 2022. Algunas de las iniciativas legislativas con tintes populistas presuponen que algunos de ellos han iniciado ya una nueva carrera electoral, muchas de estas propuestas han sido promulgadas como leyes, aunque sea por insistencia ante la falta de una respuesta por parte del ejecutivo dentro del plazo de ley de 15 días.

Martín Tanaka (Diario El Comercio, 23.05.2020), señala acertadamente en un artículo de opinión sabatino, que en las relaciones Poder Ejecutivo-Legislativo nuevamente se podría vislumbrar una situación complicada en la medida que el primero de los poderes mencionados no cuenta con una bancada oficialista dentro de la Representación Nacional, algo, que expresa ese divorcio permanente de Martín Vizcarra con los partidos políticos y el Congreso de la República. Lo irónico es que el presidente pretende sacar adelante una reforma política, es decir, una reforma integral de los sistemas electoral y político, orientadas al fortalecimiento de una institucionalidad, que, en la práctica, él termina soslayando cuando no tiene ningún partido que lo patrocine ni bancada oficialista en el Parlamento ni tampoco aliados visibles entre los 24 partidos con inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas. Nuevamente nos encontramos ante una seria falta de coherencia entre el retórico fortalecimiento de la institucionalidad, la sociedad civil o sociedades intermedias y un evidente pragmatismo caudillista, símil en el fondo –aunque salvando distancias en las formas – al pragmatismo caudillista de Alberto Fujimori en los años 90, pragmatismo que en rigor despreciaba la dinámica partidaria por su evidente ADN autoritario que lo conduciría a disolver el Congreso de la República en 1992.

Adicionalmente, hoy tenemos partidos políticos que no están adecuados a la Ley de Organizaciones Políticas recientemente modificada en el inconcluso proceso de reforma política que se está llevando a cabo en el Congreso de la República. Casi todos los partidos con representación en el Parlamento no tienen el mínimo de 24.000 afiliados que deberían tener de acuerdo con lo que establece la antes referida ley reformada. De no ser por la pandemia, el plazo de adecuación dado por el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, se habría cumplido inexorablemente dejando a muchos partidos con representación o no en el Parlamento con su inscripción suspendida. Obviamente, por ejemplo, un efecto de tal suspensión podría acarrear de que no pueda actualizar la inscripción de los miembros de sus órganos electorales partidarios, una formalidad que de no cumplirse generaría la inviabilidad de una elección interna o primaria con la consecuente no participación del partido en los comicios nacionales al no tener candidatos electos en estos procesos internos, algo que produciría la pérdida definitiva de la inscripción en este registro de naturaleza constitutiva antes que declarativa para un partido político. 

El Congreso de la República, mediante una norma aprobada apenas se instaló, se ha dado un plazo hasta el 28 de septiembre de este año para poder legislar en materia electoral. Esto es muy preocupante, porque las Elecciones Generales 2021 van a ser convocadas a mediados de julio de 2020, es decir, en pleno proceso legislativo cuando el parlamento está aprobando leyes que serán aplicadas durante su realización. Más allá de una afectación del principio de seguridad jurídica en materia electoral[2] se ciñe la enorme responsabilidad en la Representación Nacional de no sacar normas electorales a la medida que sean objetos de cuestionamientos y un deterioro mayor de la imagen del parlamento. Esto sin perjuicio de complicar la labor de los organismos electorales avocados en la realización de un proceso saludable, legítimo y sin cuestionamientos. 

Los partidos políticos representados en el Congreso de la República – en su condición de mediadores entre el Estado y la sociedad en una democracia – tienen que canalizar la pluralidad de intereses presentes en la sociedad, pero armonizando los intereses de los diversos sectores de la misma, donde tiene que primar la cooperación y no la confrontación. Empero, reiteramos, el cálculo personal de algunos potenciales candidatos, sumado a la ligereza del proyecto político casi inmediato al 2021 y mediato al 2022, de algunos partidos ha ocasionado que se aprueben leyes como la del retiro del 25% del fondo de AFP, la suspensión del cobro de peajes o formalización de los taxis colectivos, que van completamente en contra de lo antes señalado, dado que – al tener una base populista – más son las tensiones que irresponsablemente generan, antes que ser verdaderas soluciones a problemáticas de coyuntura y el ejecutivo pareciera ir por la misma dirección con el inadecuado manejo de la pandemia, con el agravante adicional que el presidente no cuenta con una partido político que lo respalde.

Resulta claro, que viendo el escenario nacional no podemos dejar de darle un vistazo al escenario de los gobiernos subnacionales. Los partidos junto a los movimientos regionales están demostrando en su conjunto una ineficiencia en la gestión de la crisis en esta primera línea de fuego (nuevamente salvo algunas excepciones), donde el ciudadano, el vecino requiere de su atención. Lamentablemente además de la ineficiencia, la corrupción hace lo suyo, dejando muy mal parado a nuestro precario sistema político y su alicaída y desacreditada élite política nacional, regional y local.

Sin embargo, surge aquí una importante interrogante. Es evidente que no podemos limitarnos solamente a elaborar diagnósticos y lanzar críticas contra el gobierno y al legislativo, la proactividad en este tipo de situaciones es básica. Y es en situaciones de crisis donde si bien es cierto el riesgo de la aparición de un caudillo es muy grande, también pueden surgir importantes liderazgos constructivos con una adecuada visión de futuro y un proyecto país viable. La labor entonces en estos momentos por parte de los partidos y de los políticos no va en aprovechar ganancias a río revuelto sino en ver cómo desde su posición – representados o no en el congreso – se puede contribuir no solo a atravesar adecuadamente o incluso solucionar esta crisis, sino también a proyectar cómo nos tenemos que formular el futuro inmediato con la suma de todos.

Por otro lado, estamos haciendo énfasis en este documento sobre el rol de los partidos políticos ante una situación de crisis, como la pandemia por COVID-19 que estamos atravesando. Sin embargo, ninguna de estas reflexiones va a poder ser aplicada, si los partidos y los políticos no luchan por algo que es básico en su función dentro de la sociedad y eso es el recuperar la confianza de los ciudadanos. Un partido político no puede ser un adecuado mediador entre la sociedad y el estado, tampoco puede canalizar y consensuar adecuadamente las demandas populares y mucho menos formar la cultura política de los ciudadanos si es que no hace algo por recuperar la confianza de los mismos en ellos, y para lograrlo tienen que abrirse a la población e interiorizar esta máxima del “deber ser” de la política y eso es el verla como la máxima expresión de servicio hacia la sociedad o como lo señalaba Santo Tomás de Aquino; un apostolado donde dejo completamente de lado mis intereses personales para asumir los de la comunidad como propios ¿Cómo lograr esto último? Institucionalizando sus organizaciones, acercándose a la gente mediante sus comités distritales o zonales debidamente distribuidos y organizados, desarrollando cabildos abiertos y – lo principal – formando a las nuevas generaciones de políticos para antepongan estos valores a la hora de hacer política. Si no lo hacen, pues es imposible que los partidos políticos puedan enfrentar de manera adecuada los problemas presentes y proyectarse exitosamente al futuro. De ser así, pues entonces esta será otra de las grandes oportunidades perdidas por nuestro país para alcanzar el tan ansiado desarrollo.

No olvidemos entonces que la gloria de los políticos no se hace en el desorden y el conflicto. Ésta solo se consigue en la paz y logrando el adecuado desarrollo y realización de todas las personas que conforman la sociedad.

Finalmente, efectuadas estas reflexiones debemos responder el cuestionario inicialmente planteado en este documento:

¿Cuál es o debería ser el rol de los partidos y de los políticos durante la pandemia del COVID-19 y en tiempos de crisis?

Pues, aquellos partidos con representantes en el Congreso de la República deben tener un rol moderado que se centre no sólo debate sino la toma de decisiones legislativas en aras del interés nacional antes que incursionando en una escalonada donde Poder Ejecutivo y Legislativo se enfrenten por definir ante la opinión pública, quién es más popular ante la ciudadanía.

Aquellos partidos que no cuenten con representación en el Parlamento deben trabajar en el fortalecimiento de sus bases y redes a nivel nacional, potenciando cualquier espacio de gobierno subnacionales que pudieran tener a su cargo, a mérito de ejercer un gobierno regional o local acorde con la sensatez que demandan las particulares circunstancias que nos tocan vivir.

Por otra parte, considero que todos los partidos con o sin representación en el Congreso de la República deben unir fuerzas y exigir un dialogo abierto y sin ambages con el Poder Ejecutivo. Es tiempo de pedir unidad política sobre cualquier cálculo electoral inmediato o mediato. Si se va a hablar de institucionalización, pues es tiempo de hacerlo sin darle tregua a ese mal endémico de la política peruana denominado “caudillismo”.

¿Es posible tener un equilibrio entre el apoyo a las medidas del gobierno (por ejemplo, de contención) y la crítica constructiva?

Obvio que sí, siempre y cuando no se caiga en una escalada populista que sería fatal para nuestro país en un contexto como el que vivimos. La crítica constructiva es buena, pues sustenta el debate y gesta el consenso, el mismo que cohesiona a la sociedad y termina con el conflicto. Es tiempo que los políticos en general den confianza a la ciudadanía que harán lo mejor por el país por encima de sus intereses personales.

¿Deberían concentrarse los partidos solo en las propuestas y el futuro de la política?

Reitero, ninguna de estas reflexiones va a poder ser aplicada, si los partidos y los políticos no luchan por algo que es básico en su función dentro de la sociedad y eso es el recuperar la confianza de los ciudadanos. De ese punto de partida pueden venir las propuestas y un futuro promisorio en la política peruana.

RECOMENDACIONES

• Colaborar en la búsqueda de soluciones a los problemas de abastecimiento de material en centros de salud (colaborar con la gobernabilidad).
• Conducir con seriedad el proceso de reforma política que busca establecer un nuevo marco legal para el sistema de partidos políticos y el propio sistema electoral, entendido como el mecanismo de traducción de la voluntad popular (votos) en representación política. No deben aprobarse normas hechas a la medida, eso deslegitima la labor parlamentaria puesto que obedece al cálculo político personal o partidario antes que al interés societario constituyendo perse, un claro abuso del derecho a no estar sujeto a mandato imperativo alguno, que asiste a los parlamentarios; eso sí, en desmedro de su poca ligazón con el ciudadano de a pie.
• No obstante, lo dicho en el párrafo precedente, resulta evidente que cualquier reforma política debe observar rigurosamente la necesidad de implementar medidas que protejan a la población de la pandemia.
• Ayudar en la concientización de la población señalando que esta también es parte importante y activa para la solución de la pandemia (formar de manera adecuada a la ciudadanía y recuperar su confianza).
• Legislar de manera responsable, evaluando de manera adecuada el impacto de sus proyectos de ley tanto en el ámbito económico como en el social (colaborar nuevamente con la gobernabilidad).
• Actuar de manera responsable, liderando la lucha contra la pandemia en los gobiernos subnacionales, regionales y locales donde tuvieran representación.
• Acercarse a la población a fin de conocer cuáles son sus necesidades en esta coyuntura y buscar con ellos soluciones viables para afrontarla (recuperar la confianza de la población armonizando los diversos intereses que existen en la sociedad).
• Dejar de culpar a otros por incompetencias propias (esto ayuda a la recuperación de la confianza de la población, asumiendo lo que Max Weber señalaba como la “ética de la responsabilidad”).
• Optimizar los procesos de adquisición de insumos y contratación de servicios para enfrentar de manera adecuada la pandemia (ya la administración de contrataciones realizada durante los Juegos Panamericanos nos demuestra que es posible realizar compras y obras de manera eficiente, eficaz, rápida y honesta. Es inexplicable que esto hasta la fecha no se aplique de manera generalizada en nuestro país).

CONCLUSIONES

• Los partidos deben ser adecuados interlocutores entre la sociedad y el Estado. Pareciera que, en el Perú, estas organizaciones no vienen cumpliendo activamente con esta tarea.
• Los partidos políticos deben demostrar el liderazgo que se requiere junto al Poder Ejecutivo para hacer frente a la pandemia. En ese sentido, este trabajo no sólo demanda un esfuerzo nacional, sino también esfuerzos a instancias subnacionales como lo son los gobiernos regionales y locales.
• Los partidos políticos tienen que canalizar de manera más adecuada la pluralidad de intereses presentes en la sociedad, sin descuidar la armonización de los diversos intereses y visiones que existentes. Eso sí, no deben entrar en escaladas populistas que terminen por deteriorar la ahora frágil y sensible economía nacional o el ánimo de un pueblo que esta hastiado de que sus políticos se pasen peleando sin darle soluciones a sus problemas.
• Los partidos políticos deben buscar la cooperación antes que la confrontación porque es indispensable que recuperen la confianza de la ciudadanía en nuestro país. De no suceder ello la precariedad de nuestro sistema político se volverá endémica y difícil de solucionar.

REFERENCIAS

[1] Según el economista Elmer Cuba, este año la pobreza podría aumentar un 8% (Diario El Comercio, 12.05.2020). Esto evidentemente es una situación que podría hacer estallar el conflicto social en nuestro país.

[2] El Principio de seguridad jurídica en materia electoral señala que sólo se apliquen las leyes vigentes al momento de convocar una elección.

MATAS DALMASES, J. (2005). “Los partidos políticos y los sistemas de partidos”. En M. Caminal Badía, Manual de Ciencia Política (pp. 317-343). Barcelona, España: Tecnos.

Diario El Comercio; https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-peru-elmer-cuba-tranquilamente-se-tendra-8-puntos-mas-de-pobreza-en-el-2020-noticia/?ref=ecr