El 4 de junio, casi 90 días después de su juramentación como Presidente de la República, Martín Vizcarra se dirigió por segunda vez al país en un mensaje televisado. El presidente manifestó su compromiso a reactivar la economía, la cual había estado prácticamente “paralizada” durante la gestión de su predecesor, el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, Vizcarra anunció durante el mensaje que el ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, había entregado su renuncia, después de haber estado solo dos meses en el cargo. El director del Banco Central de Reserva, Carlos Oliva, asumió esta cartera, convirtiéndose, así, en el quinto ministro de Economía y Finanzas en menos de dos años. Tuesta había sido fuertemente criticado por sus controversiales propuestas de aumentar los impuestos a diversos productos, sin haber recibido el respaldo necesario por parte del jefe del ejecutivo.

La afirmación de Vizcarra durante su mensaje televisado que “el crecimiento del país se logrará en base a inversiones y a una mejor recaudación, no a costa del incremento de tasas impositivas” ” fue interpretada como más que una crítica soterrada al ministro renunciante. Durante las últimas semanas, los transportistas y otros gremios se habían movilizado, a través de protestas y el bloqueo de carreteras, contra la pro-puesta de aumentar los impuestos a los combustibles.

De esta manera, la discusión de los efectos de la política fiscal sobre la economía se convirtió en el centro de la atención mediática.

Durante el gobierno de Pedro Pablo Ku-czynski (de julio de 2016 a marzo de 2018), el cual terminó abruptamente, fue, sin embargo, posible hacer algunos cambios en la economía peruana. El gobierno estableció como prioridad mejorar la infraestructura del país. El monto de inversión pública en este rubro, especialmente en el sector transporte, creció el año 2017 en un 1,7 por ciento. Sin embargo, un gran número de estos proyectos no fue dado nunca en con-cesión o sufrió atrasos considerables. Esto afectó también a los proyectos de reconstrucción tras los graves daños ocasionados por el Fenómeno “El Niño” la primera mitad de 2017.

El gobierno de Kuczynski obtuvo algunos logros en la eliminación de barreras burocráticas y la modernización de algunas instituciones como las dependencias de recaudación fiscal y el servicio de migraciones. Asimismo, puso sobre la mesa planes y propuestas para la lucha contra la corrupción. Con relación a este tema, existen, sin em-bargo, enormes desafíos. De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional , el Perú alcanza los 37 puntos (0=extremadamente corrupto; 100=sin corrupción), lo que revela que, incluso en comparación a otros países de América del Sur, la corrupción en el país es todavía un problema grave.

Necesidad de reformas en la política económica

Hasta la fecha, el Perú crece más rápido que la mayoría de economías en América Latina. De acuerdo a los pronósticos, hasta el 2020 el crecimiento anual del PBI será de por lo menos de 3,5 por ciento. Algunas razones para esto son la apertura del mercado peruano, los bajos aranceles, la cantidad elevada de reservas internacionales de divisas, la solidez del sector financiero y la presencia de grandes reservas de hidrocarburos. Sin embargo, el Perú sufre de una escasa diversificación de su economía, déficits de infraestructura, falta de mano de obra calificada y un ingreso per cápita bajo. Además, de acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística (INEI), más del 70% de la población laboralmente activa trabaja en la informalidad; uno de los índices más alto a nivel de América Latina. En los sectores agrícola y pes-quero esta cifra alcanza más del 90 por ciento.

Las oportunidades para un desarrollo económico favorable se encuentran principalmente en el poder adquisitivo creciente de las clases populares y medias, las perspectivas de crecimiento en las regiones y la necesidad urgente de desarrollar proyectos de infraestructura. Sin embargo, para poder aprovechar estas oportunidades se debe eliminar las barreras burocráticas para los grandes proyectos, luchar con la informalidad y reducir la desigualdad en la distribución de la riqueza. Todo esto revela un pa-norama esperanzador, pero no carente de dificultades, para el futuro de la economía peruana.

El aprovechamiento del potencial económico de los diversos sectores es muy disímil. De acuerdo al Banco Central, el sector minero tendrá un crecimiento muy fuerte, de alrededor 6,5 por ciento anual. Solo para el 2018 se espera que las inversiones en este sector aumenten en un 20 por ciento, lo que permitirá compensar las pérdidas causadas por la caída de los precios internacionales durante los últimos años. Aun así, el sector minero podría ser mucho más eficiente si contara con mejor infraestructura de transporte y un marco normativo más estable. Sin embargo, este sector es también frecuentemente criticado por su forma de tratar a las poblaciones que habitan en las zonas de explotación minera respecto al uso de los escasos recursos hídricos. No siempre es posible encontrar soluciones óptimas, como en el caso de la mina de cobre Cerro Verde, en el que la empresa construyó una estación depuradora de aguas residuales, lo cual mejoró de forma considerable la calidad de vida de la población local.

Los proyectos mineros sufren con frecuencia de retrasos a causa de la aplicación ineficiente tanto de los procesos de consulta a la población afectada como de las evaluaciones ambientales, así como debido a las huelgas y protestas sociales.Un problema especialmente grave es la minería ilegal, que, especialmente en la Amazonía, se dedica a la extracción del oro. Estos campamentos mineros no solo generan enormes daños al ambiente y a la salud, debido al uso de mercurio en el proceso de extracción del mineral, sino que también son centros de actividades ilegales como el tráfico de personas y la prostitución. A pesar de algunos esfuerzos, los últimos gobiernos no han podido controlar este problema. Esto también se debe a que los mineros ilegales cuentan con influencias políticas y económicas a nivel de los gobiernos municipales y locales.

Un desafío importante para el presidente Vizcarra es la reforma de la rígida legislación laboral en el Perú. El exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, se refirió en repetidas ocasiones a este tema como una importante tarea pendiente. De acuerdo a los economistas, la rigidez del mercado laboral genera muy pocos incentivos para convertir puestos de trabajos informales en contratos formales que significan altos costos para el empleador.Otra necesidad urgente, tal como el propio Vizcarra lo ha señalado en varias ocasiones, es promover las asociaciones público-privadas y culminar proyectos de infraestructura clave, como la línea 2 del metro de Lima y la ampliación del aeropuerto internacional de Lima (incluyendo mejores rutas de acceso vehicular). Asimismo, el gobierno planea aumentar la inversión en sistemas de agua potable y alcantarillado.

El riesgo de la inestabilidad política

No solo el gobierno del presidente Kuczynski estuvo marcado por el fracaso de reformas políticas y económicas estructurales debido a la falta de institucionalidad y la inestabilidad política. Esta última es también palpable en la distribución de fuerzas del Congreso actual. El partido Fuerza Popular (que formalmente pertenece a la oposición) en este momento cuenta con 62 de 130 escaños y goza de una amplia mayoría. El gobierno de Vizcarra es de facto dependiente de la colaboración con FP para llevar adelante su agenda.

Además, las relevaciones del escándalo de corrupción de la empresa constructora Odebrecht cuelgan sobre toda la clase política peruana como una espada de Damocles.El 11 de junio la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de investigaciones a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski por sospecha de lavado de activos con relación a donaciones de Odebrecht para sus campañas electorales. Por las mismas razones hay ya un proceso penal en marcha en contra del expresidente Ollanta Humala.

De acuerdo a una encuesta publicada por el diario “El Comercio” el 10 de junio, la aprobación del presidente Vizcarra cayó en el transcurso de solo dos meses del 57 al 37 por ciento. El premier César Villanueva cuenta con un 21 por ciento, mientras que el Congreso con y el sistema judicial con 14 y 19 respectivamente. Es aún incierto como este descontento se manifestará en las elecciones regionales y locales que se llevarán a cabo el 7 de octubre.

En vista a que las condiciones actuales son propicias para un crecimiento económico sólido, es extremadamente importante que el gobierno y las fuerzas políticas actúen con tacto, busquen consensos y eviten por todos los medios regresar a una situación de conflicto generalizado, ya que esto pondría en riesgo la implementación de las reformas políticas y económicas que el país necesita con urgencia para garantizar la estabilidad.

Es aún incierto si Vizcarra tendrá éxito en esta delicada misión. Una señal positiva son sus antecedentes políticos como gobernador la región sureña de Moquegua, que lo alejan de las luchas de poder de las élites capitalinas. Asimismo, Vizcarra ha buscado de forma activa el diálogo. Durante las primeras diez semanas de su gobierno viajó a los lu-gares más alejados del país y restableció el diálogo con la bancada de Fuerza Popular, el cual se había visto interrumpido desde la última fase del gobierno de Kuczynski.Esto, sin embargo, ha acarreado las críticas de un sector de la prensa, que lo acusa de “cogobernar” junto a Fuerza Popular. Esto es una clara muestra lo difícil que es actualmente en Perú gobernar apelando al consenso y generar la estabilidad política necesaria para permitir el crecimiento económico sostenible.

Finalmente, vale mencionar el impacto positivo de la participación de la selección peruana de fútbol en el Mundial Rusia 2018, después de 36 años de ausencia. Los logros de la selección han generado un ambiente de optimismo y unidad que el Perú podría aprovechar para superar el clima de división política. Asimismo, la consolidación del equipo, a través de años esfuerzo y compromiso institucional serio, son una metáfora de los desafíos que enfrenta el Perú como país.

Traducción: Dr. Andrés Hildebrandt