En el caso de Ecuador, se señaló que todavía es muy pronto para conocer la dimensión de la gestión del gobierno de Guillermo Lasso, ya que solo han pasado algunas semanas desde que asumió la presidencia y el centro de la política de dicho país ha estado girando en torno al proceso de vacunación contra el COVID-19. Sin perjuicio de ello, se resaltó que una de las primeras gestiones de Lasso como presidente fue convocar al Consejo de Seguridad Pública y del Estado con el objeto de analizar el estado de situación del país a raíz de la pandemia, pero también y de plantear alertas sobre temas relacionados a la frontera norte y el crimen organizado.

Asimismo, se destacó la recurrente crisis carcelaria que existe en Ecuador, la cual viene cuestionando severamente la capacidad de control del Estado sobre los centros carcelarios. Al respecto, se mencionó que esta crisis solo es el reflejo de un conflicto más complejo y profundo que sobrepasa las barreras de las cárceles y por ello resulta necesario trabajar con mayor fuerza del lado del servicio penitenciario.

Finalmente, en términos de la mirada estratégica de la defensa, se señaló que el Ministerio de Defensa ecuatoriano está desarrollando el plan estratégico hacia el 2030, el cual recoge las amenazas a la seguridad también reconocidas por los demás países de la subregión; sin embargo, el discurso sobre la contención de dichas amenazas, por el momento, tiende a tener una aproximación muy plana.

Con relación al Perú, se precisó que, desde el 2019, no hay un liderazgo en la lucha contra el narcotráfico, lo que ha originado que en los últimos años se hayan tenido niveles mínimos históricos de erradicación de cultivos de coca e incautación de cocaína, así como un récord, en cuanto a la producción de cocaína. Lamentablemente, esta falta de liderazgo estaría llevando al país a una nueva etapa en la que se proyecta al Perú como el primer productor de coca y de cocaína, desplazando a Colombia.

En este contexto, la perspectiva que se tiene del gobierno entrante de Pedro Castillo para hacer frente a esta problemática no es alentadora, debido a los complejos y delicados antecedentes de los ministros de Estado nombrados por el presidente Castillo en las carteras del Interior y Defensa. Adicionalmente, estos no contarían con la experiencia necesaria para gestionar una adecuada política de seguridad o antidrogas que, entre otros aspectos, requiere la cooperación continua con otros países y el control militar en zonas críticas como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Asimismo, también ha generado preocupación una posible “bolivianización” de la estrategia antidrogas en el Perú, la cual implicaría darle más control social a los cocaleros para que se encarguen de reducir los cultivos y enfrentar la situación del narcotráfico. Incluso, de acuerdo con una propuesta del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, cuando todavía no había asumido el cargo, la política del nuevo Gobierno implicaría la expulsión de la DEA y de USAID del Perú.

Con relación a la situación general de seguridad en Colombia, se mencionó que, si bien el Ministerio de Defensa ha presentado indicadores positivos a nivel nacional que evidenciarían la reducción de la tasa nacional de homicidios, la disminución de cultivos ilegales, el incremento de las incautaciones de droga, así como la destrucción de un importante número de minas antipersonas en diversas regiones; estos indicadores estarían contrastados con la información presentada por organizaciones sociales, la cual evidenciaría que el conflicto armado continúa en el país y que hay un deterioro de la seguridad pública en ciertas localidades, especialmente donde se ubican disidencias de las FARC y grupos atomizados del narcotráfico.  

Por otro lado, las cifras de violencia que dejaron las movilizaciones por el paro nacional, así como el atentado contra el presidente Iván Duque, por parte de una de las disidencias que existen en Colombia, también han generado gran preocupación en materia de seguridad interna en dicho país.

En cuanto al avance en las políticas de seguridad, se resaltó que, debido a las críticas por violaciones de derechos humanos y abusos de poder en el marco de la contención de las movilizaciones, el Gobierno colombiano tiene el compromiso de crear una nueva oficina dentro del Ministerio de Defensa para dirigir a la Policía Nacional; sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no ha aceptado la petición de los colectivos sociales para el desmantelamiento del escuadrón antimotines. Por otro lado, también se está planeado fortalecer la formación en derechos humanos del personal policial y militar.

Finalmente, a poco más de un año para las elecciones en Colombia, las expectativas electorales son muy inciertas; sin embargo, las últimas encuestas posicionan a Gustavo  Petro, líder de izquierda y exmiembro del M-19 —grupo insurgente colombiano— como el candidato con mayor intención de voto. Si bien todavía no existen programas de campaña claros, la posible llegada al poder de Petro viene generando preocupación, debido a que la mayoría de sus propuestas tienden a polarizar a la población colombiana y a su afinidad con el chavismo.

En el caso de Chile, los principales temas que vienen ocupando la agenda de este país son la pandemia del COVID-19, el proceso constituyente que se encuentra en marcha así como las próximas elecciones presidenciales que se desarrollarán en noviembre próximo, mientras que los temas de seguridad solo se han tocado tangencialmente y no han tenido mayores variaciones.

En ese contexto, se puede evidenciar que el Ministerio de Defensa se encuentra bastante desarticulado, siendo una de las instituciones más afectadas en la gestión del presidente Sebastián Piñera, quien ha recibido numerosas críticas, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, debido a la inoperancia de su Gobierno.

Finalmente, con relación a Brasil, se mencionó que la agenda política está muy volcada hacia temas internos. Si bien las amenazas no han variado en los últimos meses, el país se encuentra en una situación muy compleja que se mantendrá hasta las elecciones programadas para el 2022. En este contexto de tensión, el peor escenario que se plantea implicaría la ruptura de las instituciones del país, un escenario crítico por el que apostaría el presidente Jair Bolsonaro, en la medida que continúe debilitándose y aislándose políticamente.

En conclusión, la agenda política de los países de la subregión ha estado marcada por el inicio de nuevos gobiernos como es el caso de Ecuador y Perú, así como por el contexto de preparación en Colombia, Brasil y Chile, de cara a las próximas elecciones. Si bien, en parte, este contexto ha originado que en las últimas semanas no se muestren cambios o avances relevantes en temas de seguridad en estos países, es indispensable que los gobiernos continúen trabajando en el desarrollo e implementación de políticas efectivas que permitan hacer frente a las principales amenazas que siguen afectando a la subregión, como son el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado internacional.

Referencia: Instituto de Estudios Internacionales (IDEI-PUCP) y Fundación Konrad Adenauer en el Perú (KAS Perú) (3 de agosto de 2021). Diálogos de la Red de Política de Seguridad. Cambios políticos en la subregión y su impacto en la seguridad. Lima: IDEI y KAS Perú.