En el caso de Colombia, se señaló que desde hace varios años la frontera con Venezuela se ha caracterizado por ser dinámica en cuanto a la actividad ilegal, lo cual ha generado una cultura de ilegalidad muy fuerte en ambos lados de la frontera. En ese contexto, temas como la presencia de guerrillas y residuos del proceso de desmovilización paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia y de narcotraficantes en Venezuela, la presencia de milicias bolivarianas cerca de los territorios fronterizos con Colombia, la falta de cooperación militar y policial entre los dos países, así como las denuncias mutuas entre los dos ejércitos respecto a la incursión ilegal de las fuerzas militares del otro no son algo nuevo. Sin embargo, existen factores recientes que están agravando esta crisis de seguridad y la están escalando a una crisis interestatal.

Uno de estos factores es el aumento de la incursión de grupos delincuenciales de Colombia en Venezuela, lo cuales están enquistándose en las estructuras políticas, militares y policiales de dicho país, originando el debilitamiento de la acción estatal disuasiva y represiva. Sin embargo, también se resaltó que existen grupos criminales de Venezuela que aprovechan el escaso control fronterizo de ambos países para aumentar el tráfico de gasolina, de mercancías, armas, víveres e incluso el tráfico de migrantes que quieren llegar a Colombia. En ese sentido, nos encontramos frente a un doble contagio criminal transnacional.

En este contexto, no solo se evidencia un fortalecimiento de las alianzas delincuenciales entre grupos ilegales colombianos y venezolanos, sino también la presencia de estructuras criminales brasileñas y mexicanas en Venezuela como el Comando Rojo, la Familia del Norte y el cartel de Sinaloa, las cuales vienen aprovechando que Venezuela se haya convertido en trampolín principal de cocaína y heroína hacia Centroamérica y el Caribe.

Otro factor que está agravando esta crisis está relacionado con las debilidades del proceso de desmovilización, desarme y reintegración de las FARC, a partir del acuerdo de paz de 2016, y sobre todo a la percepción que se tiene del gobierno del presidente Iván Duque en cuanto a la falta de voluntad política y de recursos para implementar varios de los programas relacionados a este acuerdo de paz. Este escenario también está fortaleciendo a las disidencias, quienes junto a múltiples grupos residuales y criminales vienen ocupando los vacíos territoriales que dejó las FARC, estimulando la competencia armada entre ellos, incluyendo en departamentos fronterizos con Venezuela, Ecuador y Perú.

Esta guerra de múltiples frentes ha originado que la seguridad venezolana se haya desplomado, originando la pérdida de control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre los grupos con los que había pactado, los cuales cada vez se hacen más heterogéneos política y militarmente. Precisamente, como consecuencia de la reciente operación denominada Escudo Bolivariano —iniciada por Nicolás Maduro en el Estado de Apure contra grupos disidentes de las FARC— se ha originado el desplazamiento de entre tres mil a cuatro mil personas, según información de Human Rights Watch.

Con relación a Ecuador, se mencionó que el Gobierno de este país ha perdido muchas capacidades de control en su territorio de frontera con Colombia. Si bien se logra realizar controles eventuales en diversos lados de la frontera, no se ha alcanzado desarrollar un control sistemático, permanente y contundente sobre la operación o sobre los desbordes de las operaciones de las disidencias de las FARC en este territorio.

Esta falta de control fronterizo no se debe únicamente a las deficiencias institucionales de Ecuador sino también a las redes de contactos que existen entre agentes de las Fuerzas Armadas de Ecuador con agentes del otro lado de la frontera, las cuales permiten asegurar un flujo adecuado de transporte de droga hacia y desde el Ecuador, particularmente desde la ciudad ecuatoriana de Esmeraldas —donde operaba el frente Oliver Sinisterra— por vía marítima hacia el norte.

Por el momento, es muy temprano para saber cómo enfrentará esta problemática el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso; sin embargo, en un contexto en el que la frontera colombo-ecuatoriana continúa siendo escenario de operaciones de grupos criminales y disidentes de las FARC, es seguro que tendrá que empezar desde una posición poco favorable para tratar de encontrar un tipo de control en esta zona.

En el caso del Perú, se mencionó que en la frontera peruano-colombiana concurren diversas amenazas como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, el contrabando, el tráfico de personas, el tráfico de armas, el lavado de activos, el sicariato, entre otros.

Con relación a la incidencia de grupos disidentes colombianos en el Perú, en el 2020 se ha sufrido la acción de los grupos armados organizados residuales, lo cuales —desde la perspectiva peruana— tendrían relación con los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco y Nueva generación.

Puntualmente, en el 2020, se ha intensificado la acción de dos grupos armados organizados residuales que han realizado cinco incursiones en territorio peruano. Asimismo, se ha identificado incidencias de otros grupos en la zona fronteriza, particularmente en la zona del Putumayo, en donde se evidencia la presencia de grupos paramilitares, otros grupos violentistas y también grupos criminales de Brasil como la Familia del Norte.

Frente a esta situación, si bien el efecto de la crisis sanitaria y la crisis económica ha generado una relajación en las actividades de control, los operativos no se han suspendido por completo. Precisamente, en el marco de estos operativos, hace unos días cayó un helicóptero de fabricación rusa en el río Vilcanota, ubicado en la ciudad del Cusco, desarrollando actividades de lucha contra el narcotráfico.

En cuanto a la situación en Brasil, el contexto de crisis política que vive el país ha originado que grupos paramilitares tengan un mayor margen de maniobra en las fronteras, mayor capacidad para operar, reorganizarse y ejercer una influencia cerca de las fronteras. Todo hace parecer que desde el gobierno de Bolsonaro hay una dirección muy clara y métodos específicos para conseguir la desestructuración del Estado y la deslegitimación de la democracia para que las milicias y los grupos criminales más organizados puedan desarrollar sus actividades con más libertad.

Finalmente, si bien Chile no tiene frontera con Colombia, se resaltó que, de darse un conflicto armado más abierto entre Colombia y Venezuela, esto tendría un impacto sobre la migración, en un contexto en el que ya existe una crisis migratoria muy importante en dicho país.

En conclusión, es claro que la presencia y el nivel de acción de los grupos criminales y disidentes de las FARC ha aumentado en las zonas fronterizas de Colombia, Ecuador, Brasil y Perú. Si bien la pandemia del COVID-19 ha implicado la disminución de actividades en estas zonas críticas, el complejo contexto político de estos países ha sido y continuará siendo un factor sumamente importante para la definición y ejecución de las actividades de control que permitan garantizar la seguridad de estos Estados y de la región en su conjunto.

Referencia: IDEI-PUCP y KAS Perú. (2021, 20 de abril). Diálogos de la Red de Política de Seguridad. Presencia de bandas criminales y remanentes de las FARC en las zonas fronterizas. Lima: Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) y Fundación Konrad Adenauer en el Perú (KAS Perú).