La universalidad de los derechos humanos, consagrados en gran parte del mundo desde lo constitucional hasta lo multilateral, en la actualidad está nuevamente sufriendo críticas y cuestionamientos crecientes. Percibimos un escepticismo no solamente en esferas y territorios donde la idea, en verdad, nunca llegó a echar raíces. La real –o percibida– ineficacia de algunos Estados democráticos a la hora de responder a necesidades básicas como el acceso a educación, sanidad y justicia, la seguridad, el empleo y otras, ha mermado la confianza en la capacidad del sistema político para cumplir con lo prometido. Incluso en aquellas latitudes en las que la troica de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos parecía incuestionable, hay quienes han comenzado a desafiar el consenso liberal y a votar por caminos más restrictivos que, en últimas, implican un estilo político menos inclusivo, garantista y plural que, en el peor de los casos, termina por anular la democracia misma y la reemplaza por modelos autoritarios.