XXX Encuentro de Tribunales Constitucionales de América Latina y el Caribe

El XXX Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina y el Caribe, organizado por el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) junto al Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, reunió en Brasília a delegaciones de catorce países, así como representantes del Tribunal Constitucional Federal de Alemania y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este espacio, uno de los más relevantes en la región para el diálogo en justicia constitucional, abordó los principales retos del constitucionalismo contemporáneo: igualdad y no discriminación, interacciones entre derecho público y privado, derechos de la niñez y migración.

Un inicio marcado por el compromiso con la independencia judicial

La inauguración oficial en el STF reafirmó el papel central de los tribunales constitucionales en la protección del Estado de derecho. Edson Fachin, presidente del STF, destacó la importancia del intercambio judicial regional, mientras que Norbert Lammert, presidente de la KAS, subrayó la necesidad de preservar la independencia y la legitimidad judicial frente a crecientes presiones políticas.

La jornada continuó con la presentación de la nueva página web del Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, que celebra 30 años de difusión académica. Este paso hacia la digitalización refuerza el acceso al conocimiento jurídico en la región.

Un diálogo sobre gestión del conocimiento judicial reunió a responsables de centros de investigación aliados a las altas y supremas Cortes de Uruguay, México, Ecuador y Brasil.

Paneles centrales

Discriminación y desigualdad estructural

En el primer panel, las y los magistrados representantes de Uruguay, Perú, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador examinaron los desafíos persistentes en materia de igualdad.

La delegación uruguaya subrayó la necesidad de abordar nuevas formas de discriminación, como los sesgos digitales presentes en algoritmos. Desde Perú, se presentaron decisiones que evidencian la transición hacia una lectura estructural de la igualdad, en casos vinculados a barreras urbanas segregadoras, exclusiones institucionales y afectaciones desproporcionadas a poblaciones vulnerables. La representante de Costa Rica expuso avances jurisprudenciales relacionados con omisiones legislativas que afectaban a menores migrantes y familias homoparentales. La delegación de República Dominicana destacó el desarrollo de estándares constitucionales desde 2010, especialmente en materia de igualdad sustantiva, violencia de género y discapacidad. Por su parte, la representación de Ecuador explicó cómo el enfoque de igualdad real ha permitido decisiones emblemáticas, entre ellas el reconocimiento del matrimonio igualitario y la consolidación de criterios de paridad política. El panel coincidió en que la región se enfrenta a desigualdades estructurales que exigen respuestas judiciales transformadoras.

Interacciones entre derecho constitucional y derecho privado
(Sesión bajo reglas de Chatham House)
 

Este panel abordó los principales desafíos derivados de la creciente interrelación entre la actividad privada y la protección de los derechos fundamentales. Las y los participantes reflexionaron sobre la tensión entre la autonomía contractual, la regulación estatal y las obligaciones de respeto, protección y garantía en contextos donde actores privados adquieren un papel determinante.

Se destacó la importancia de contar con criterios claros para delimitar cuándo la actuación privada tiene impacto constitucional relevante y cómo los tribunales pueden garantizar la debida diligencia y prevenir vulneraciones a los derechos fundamentales sin interferir indebidamente en la esfera privada.

Derechos de niñas, niños y adolescentes

En el tercer panel, las delegaciones de Chile, Alemania, Uruguay, República Dominicana y Honduras compartieron avances en la garantía del interés superior del niño. La presidenta del Tribunal Constitucional de Chile presentó decisiones relacionadas con identidad, educación no sexista y autonomía progresiva. El magistrado alemán explicó cómo la Ley Fundamental reconoce a niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos fundamentales, integrando límites asociados a su desarrollo y al rol parental.

Las y los magistrados de Uruguay y República Dominicana abordaron temas como patria potestad, alimentos y medidas de protección, integrando estándares de la Corte Interamericana. La delegación hondureña expuso jurisprudencia orientada a proteger vínculos familiares y garantizar derechos en contextos de vulnerabilidad, incluyendo decisiones sobre visitas en centros penitenciarios y recursos de habeas corpus materno-infantil. El panel reafirmó la necesidad de fortalecer la aplicación del corpus iuris internacional de los derechos de la niñez en la región.

Migración y justicia constitucional

(Sesión bajo reglas de Chatham House)

En este panel se discutieron, de forma general y en un marco de confianza, los desafíos constitucionales vinculados a la movilidad humana en América Latina y Europa. Las y los participantes examinaron temas como acceso a derechos esenciales, debido proceso en procedimientos migratorios, riesgos de apatridia, desplazamiento forzado y los nuevos desafíos derivados de crisis climáticas y humanitarias.

La conversación resaltó la necesidad de fortalecer marcos de protección para personas migrantes y refugiadas, así como de promover políticas judiciales activas y una cooperación internacional más estrecha, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.

Clausura: constitucionalismo estructural para desafíos sistémicos

El Encuentro finalizó con un diálogo entre Edson Fachin, Henning Radtke y Hartmut Rank, centrado en el constitucionalismo estructural como enfoque para abordar problemas complejos que requieren respuestas judiciales coordinadas, como la desigualdad, la violencia o los flujos migratorios.

La trigésima edición del Encuentro reafirma su papel como plataforma esencial para la cooperación judicial interamericana, consolidando treinta años de diálogo entre las máximas instancias constitucionales de la región y promoviendo un Estado de derecho más robusto y orientado a la protección de derechos fundamentales.