Principales actores de la justicia en Colombia reflexionan sobre las penas y el proceso de paz

Texto publicado por el ICTJ, para ir a la versión original haga clic aquí

Luego de más de dos años en la mesa de La Habana, las negociaciones que están llevando a cabo el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC para poner fin a cincuenta años de conflicto armado se enfrentan ahora a un punto crítico: determinar las responsabilidades jurídicas por los crímenes cometidos en el conflicto.

En Colombia, el debate público en torno a la asignación de esas responsabilidades se ha enfocado fuertemente en si se deben aplicar o no penas de cárcel y, en su caso, la duración y modalidad de las mismas. Sin considerar debidamente aspectos esenciales como la selección y priorización de casos, la determinación de las máximas responsabilidades, el modelo de juzgamiento y el rol e impacto social que éste debe tener, a menudo el debate público se ha reducido a discutir la longitud de las penas y a equiparar castigo con cárcel.

En el marco de esta discusión, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y la Fundación Konrad Adenauer organizaron el foro “Buscando la cuadratura del círculo: penas y proceso de paz” para presentar el reciente análisis del ICTJ al respecto y generar reflexión sobre los objetivos y la aplicación de penas en el contexto del proceso de paz colombiano.

El evento contó con la participación de algunos de los actores más influyentes a la hora de pensar e impartir la justicia en Colombia, como el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre; el senador Iván Cepeda, la representante a la Cámara Ángela María Robledo, el ex Alto Comisionado para la Paz Camilo Gómez Alzate, el ex candidato presidencial Carlos Holmes Trujillo, y la embajadora de Suecia en Colombia, Emma Nilenfors, entre otros.

El nuevo documento de análisis que presentó el ICTJ revisa los objetivos del castigo en la justicia penal y propone reflexionar sobre los mismos en el marco de las negociaciones de paz. El documento plantea que varios de los objetivos tradicionales del castigo resultan menos categóricos cuando se analizan en el marco de un proceso de paz, y por ello propone no abordar directamente el tema de las penas carcelarias sin dar un paso atrás en esa reflexión y aclarar primero qué es lo que se quiere lograr social y políticamente con ese castigo.

“Antes de establecer si debe haber cárcel, o por cuánto tiempo, es necesario preguntarse por los objetivos de la pena en un contexto de proceso de paz y de justicia transicional”, afirmó María Camila Moreno, directora del programa del ICTJ en Colombia.

En el caso de Colombia, estos objetivos incluyen el fin del conflicto, la reparación de las víctimas, la no repetición, la restauración de la confianza de los ciudadanos en las instituciones y la comunicación de valores éticos, entre otros que la justicia ordinaria no tiene la capacidad de abordar.

Bajo la lente de la justicia transicional, otros objetivos más comunes del castigo y habitualmente más visibles, como el de la retribución, pierden peso. El elemento retributivo de justicia, es decir, el que tiene como finalidad sancionar al perpetrador por su conducta, pierde parte de su sentido en una sociedad en transición, en la que lo importante no es solo el castigo al culpable sino la transformación del mismo para lograr su reintegración en la sociedad.

“La justicia transicional, con sus cuatro elementos (justicia, verdad, reparación y no repetición), debe anclarnos a buscar que se genere dignidad en vez de odio, se debe abrir la deliberación para desapegarnos de sentimientos de odio y de venganza”, afirmó la representante a la Cámara Ángela María Robledo.

Por su parte, la magistrada de Justicia y Paz Alexandra Valencia añadió: “La pena en justicia transicional debe ser tomada como una cláusula de advertencia que implica que quienes se vean favorecidos con ella deben responder con el compromiso histórico de no defraudar los valores que fundan el propósito de buscar la paz e incorporarse a la sociedad, y que si lo hace debe responder ante un sistema de justicia ordinaria”.

Los ponentes del foro subrayaron que el hecho de sentenciar a los perpetradores a largos periodos de tiempo en la cárcel no es la única manera de lograr justicia en el país. El excandidato presidencial Carlos Holmes Trujillo se mostró optimista respecto a la capacidad de Colombia para plantear alternativas: “Todos los avances del país en épocas recientes, y me refiero a los avances de la época posterior a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, muestran que tenemos la voluntad y capacidad de imaginación suficiente para lograr soluciones nuevas”.

Las tensiones que existen entre la imposición de penas y una salida negociada al conflicto fueron uno de los ejes del debate. Varios ponentes apuntaron que, en algunos casos, la imposición de penas puede ser un obstáculo para lograr que la negociación llegue a buen puerto. “Ningún castigo podrá ser proporcional al crimen y al mismo tiempo capaz de convencer exitosamente a los acusados de someterse a la ley del Estado”, dijo Moreno.

“Entre más podamos maximizar el derecho fundamental a la paz y evitar las violaciones masivas a los derechos humanos, entre más logremos terminar el conflicto, menores serán los componentes de retribución que exija el modelo de justicia transicional”, afirmó en su exposición el Fiscal General, Eduardo Montealegre.

Según varios panelistas, uno de los retos principales que enfrentará este proceso transicional tendrá que ver con el reconocimiento por parte de la guerrilla de la legitimidad del Estado y su capacidad para hacer cumplir los acuerdos.

“Lo que realmente dificulta llegar al punto de equilibrio entre la justicia y la paz es que de la otra parte (las FARC) haya aceptación de la capacidad del Estado y sus estructuras para actuar y poner en ejecución los acuerdos que se hagan, si no logramos eso va a ser muy difícil superar el abismo conceptual”, expresó Holmes Trujillo.

Los diferentes puntos de vista expresados en el foro reflejan la multiplicidad de visiones sobre las cuales se construirá la justicia transicional en Colombia. Un reto complejo en el que el debate y la reflexión juegan y jugarán un rol esencial.