Notas de acontecimientos
La actividad se realizó en Ciudad de México los días 3 y 4 de febrero, a partir del análisis de la problemática vinculada a la energía y al cambio climático en Latinoamérica, de la identificación del marco legal vigente en materia de derechos humanos y ambiente, y del estudio de casos en Colombia, Brasil y México, este proyecto pretende sistematizar elementos que permitan generar recomendaciones a los actores involucrados en el diseño, desarrollo e implementación de proyectos de energías renovables en América Latina, en la perspectiva de que su ejecución tenga como pilares fundamentales los derechos humanos y la sustentabilidad social, ambiental y económica.
El taller también contó con la asistencia de los expertos internacionales: Juan Carlos Martínez (Profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social -CIESAS e integrante del Grupo por el Pluralismo Jurídico en Latinoamérica – PRUJULA), Aroa de la Fuente y Edmundo del Pozo (FUNDAR. Centro de Análisis e Investigación), Beatriz Olivera de Oxfam México y Sergio Oceransky de Yansa. La participación de los invitados propició un espacio de interesante reflexión y aporte para el proyecto de investigación, en tanto, dio lugar a la identificación de las tendencias, problemáticas y particularidades que la implementación de proyectos de energía renovable ha traído para diversos contextos locales y nacionales en América Latina.
Así, el análisis sobre los intereses y objetivos relacionados con los proyectos de producción de energía en la región; las condiciones de posibilidad y la pertinencia de los mismos frente a los contextos y poblaciones que impactan; el cumplimiento y la garantía de los lineamientos internacionales para la producción de energía; el papel de los diversos actores que están involucrados en los proyectos y la manera como estos se relacionan entre sí, ocuparon buena parte de la discusión del taller metodológico.
Finalmente, otro de los temas que se destacó en las discusiones del taller es el del derecho a la consulta previa, alrededor del cual se reconocieron las evidentes tensiones entre la continuidad y sostenibilidad de los modelos de desarrollo económico basados en la extracción de recursos y la protección de los derechos colectivos de los grupos étnicos. En ello, fueron reiterados los cuestionamientos y menciones sobre los impactos exacerbados de los proyectos de energía en los territorios y sus habitantes, las relaciones desiguales entre las comunidades, el Estado y las empresas; ejemplos de respuestas y expresiones sociales frente a propuestas de producción energética; los alcances del derecho a la consulta y la necesidad de explorar alternativas al modelo de desarrollo actual.
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