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La normativa aprobada se ocupó de temas neurálgicos en Chile en el combate contra la corrupción. Desde el financiamiento de la política, pasando por la contratación pública, la transparencia y la democracia al interior de los partidos políticos, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la fiscalización y sanción de los casos de corrupción, y llegando incluso al retorno de la educación cívica a las escuelas. Al abordar estos temas, el Ejecutivo y el Legislativo chileno, con un intenso seguimiento e involucramiento de parte de la sociedad civil y la prensa, lograron fijar estándares rigurosos y nuevas reglas de probidad y transparencia.