Notas de acontecimientos

Reinterpretación del Estado Moderno y el Estado Social de Derecho: El caso Colombiano

El 14 de mayo el Grupo Jóvenes Construyendo Justicia tuvo la oportunidad de encontrarse con el Dr. Roberto Vidal, Director del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana. La discusión hizo hincapié en la violencia, el papel del Estado Social de Derecho, las víctimas y el conflicto.

En este sentido el Dr. Vidal hizo enfatizó en una de las hipótesis que ha sido recurrente durante el trabajo investigativo del Instituto Pensar, y que resulta bastante provocadora: el Derecho es, en ocasiones, un factor generador de violencia.

El fundamento de esta premisa parte del análisis mismo de la conformación del Estado Moderno; concebido como el aparato, que mediante el contrato social, busca la paz y la seguridad. En esa labor, el Estado dispone, en circunstancias ideales, del monopolio de la fuerza. Sin embargo, cuando en aplicación de la fuerza, incluso en circunstancias legítimas, excede de los límites legales o proporcionales, la propia legitimidad del Estado para procurar la paz y la seguridad sufre.

Por otra parte, frecuentemente se relaciona la paz y la ausencia de conflicto con la presencia estatal, aun así, en Colombia esta ecuación no es tan acertada. Incluso en regiones donde el Estado está presente se generan brotes de violencia, tal es el caso Antioquia, Buenaventura y el Magdalena Medio, zonas que no son ajenas al aparato oficial y hacen parte de los centros económicos más importantes del país.

En su reflexión, el Dr. Vidal señaló que es necesario hacer una reinterpretación de la institucionalidad, del Estado Social de Derecho en Colombia y su relación con la violencia. Puesto que es común que la justificación y explicación del conflicto se argumente a partir del narcotráfico y los grupos al margen de la ley, pero se ha omitido el despliegue de violencia generado por el aparato estatal en pro del modelo de desarrollo.

Para ejemplificar esta afirmación, el Dr. Vidal hizo referencia al caso de la comunidad de Las Pavas, ubicada en el sur de Bolívar. Este territorio se ha caracterizado por un conflicto prolongado que presenta problemas políticos, sociales y económicos; estas disputas se han agudizado a causa de las características geográficas, que a su vez han generado tensiones territoriales entre los habitantes tradicionales y los proyectos de desarrollo agroindustriales y mineros.

En este conflicto, la sociedad civil de Las Pavas ha buscado el reconocimiento de sus derechos sobre el territorio. Como en muchos casos, las comunidades toman posesión y ocupan el terreno, sin embargo este proceso carece de formalización legal, lo cual se convierte en una dificultad para sus pobladores.

Esta situación se contrasta con el poder jurídico con el que cuentan los grupos empresariales, agro industriales y mineros. Adicionalmente, se evidencia que cuando estos actores llegan a dichos territorios, hacen uso de un discurso que privilegia categorías académicas (desarrollo ambientalmente sostenible, responsabilidad empresarial, progreso, transformación social, salud, educación etc.), que se perciben como favorecedoras para las comunidades.

Así las cosas, la desigualdad en el acceso a vías legales es asimétrico. Las poblaciones están al margen de lo que se entiende como Derecho; por ejemplo, para que un título de propiedad por posesión sea reconocido, se deben cumplir cierta cantidad de procesos administrativos y/o judiciales que resultan complejos y que en algunas zonas rurales no funcionan porque históricamente no resultaron necesarias. En este contexto, en pro de defender el territorio, que es legítimo y que está amparado por el Estado Social de Derecho, los proyectos empresariales son apoyados por fuerzas militares y, en algunos casos, paramilitares. Los choques sociales y económicos entre proyectos de desarrollo y poblaciones se agudizan cada día más, lo cual es alarmante; pero quizás lo más complejo, es que estas manifestaciones de violencia no se perciben como problemáticas por buena parte de la sociedad.

Para concluir, el Dr. Vidal sostuvo que el Estado Social de Derecho debe ser redistribuido, entendido no solo en materia económica sino también en recursos efectivos para que la sociedad acceda a sus derechos y sea posible articular sus intereses dentro de una lógica que garantice la igualdad y reduzca las asimetrías.

En su opinión, es ilusorio pensar en un escenario posconflicto solo en términos de reparación, sino es fundamental replantear todo el modelo de desarrollo y la garantía de los derechos fundamentales de todas y todos. El Dr. Vidal hizo una invitación a que los integrantes del Grupo de Jóvenes Formando Justicia, acojan estas inquietudes y se replanteen ¿De qué Derecho debemos hablar? ¿En qué condiciones? ¿Con qué instituciones? ¿Para quién? Según el Dr. Vidal, falta mucho por trabajar e investigar, y estas cuestiones deben estudiarse para construir la verdadera paz.

    • Contribución de Carolina Moreno, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia.

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