La locación fue relevante para que los defensores de 11 países de la región reunidos en esta oportunidad, pudieran presenciar el desarrollo de algunas audiencias públicas en el marco del 122 periodo de sesiones. Los asistentes provenían de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

En la inauguración del espacio de capacitación, hizo presencia el Presidente de la Corte, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Diana Montero, directora de la defensa pública de Costa Rica, Andres Mahnke, defensor nacional de Chile y Marie-Christine Fuchs, directora del Programa Estado de Derecho para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer. En conjunto, reiteraron la importancia de este espacio como la posibilidad de fortalecer el rol de quienes representan legalmente a las víctimas, cuyos derechos humanos han sido violentados en los distintos países de América Latina.

El Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer ha buscado reiterar la importancia de generar escenarios de formación que se alimenten de la diversidad y que al tiempo, sirvan como pauta de socialización de buenas prácticas y lecciones aprendidas. En efecto, el Curso de litigio ante la Corte IDH para defensores públicos es una apuesta para potencializar la defensa pública en el sistema interamericano a través de espacios de formación, una mirada que espera facilitar la integración y el abordaje regional de las violencias y la reivindicación de los derechos humanos. Al mismo tiempo, al reiterar y poner en el centro el rol de los defensores públicos, el Curso es también una plataforma para dotar de herramientas a quienes representan la voz de aquellos cuyas voces han sido oprimidas.

El Curso ha intentado dar relevancia a aspectos críticos del sistema interamericano, en un ejercicio de construcción y autorreflexión como pauta metodológica para revisar las mejores prácticas en el control de convencionalidad y, eventualmente, evaluar mecanismos para la creación de políticas estructurales de prevención de las violencias a partir del ejercicio de la defensa pública. Ambos aspectos fueron revisados desde la perspectiva de la reparación integral a las víctimas, posibilitando debates específicos en los que se dio lugar a pensar la no repetición a través del involucramiento de otros actores estatales y no estatales.

Y es que en el ejercicio de la lucha contra la impunidad, un caso resuelto por la Corte IDH puede representar una solución ante situaciones para la protección de derechos y dar respuesta a situaciones estructurales, mejorando la labor de las instituciones y del Estado en general. No obstante, para lograrlo, es fundamental que los defensores públicos estén preparados para afrontar los retos que llevar un caso ante la Corte IDH puede implicar: largos tiempos de espera, manejo de expectativas de las víctimas, cargas de trabajo, entre otros.

Esperamos que este intercambio de saberes tenga resonancia en el desarrollo de la defensa pública y pueda tener continuidad en años venideros para fortalecer la participación de actores claves en la protección de los derechos humanos en América Latina.