¿Intervención militar de EE. UU.? ¿Amenaza retórica o escenario real?
Ya durante el primer mandato de Donald Trump, el entonces presidente estadounidense sostuvo abiertamente que, en amplias zonas de México, los cárteles de la droga ejercían el control, y que Estados Unidos se vería obligado a "hacer algo en México" para frenar el flujo de drogas hacia su territorio. Trump retomó esta línea argumental al inicio de su segundo mandato y desde entonces la ha endurecido de forma notable. Mientras durante mucho tiempo este tipo de declaraciones se consideraron gestos de amenaza con fines de política interna, esa valoración cambió tras la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Inmediatamente después de esa intervención, Trump reiteró sus declaraciones sobre México con una claridad inusual. Afirmó que el "problema de México" debía resolverse ya y dejó entrever que, de ser necesario, fuerzas estadounidenses podrían actuar también en suelo mexicano contra los cárteles de la droga [1]. A la luz de los acontecimientos en Venezuela y de la retórica aún más dura desde entonces, en México esta amenaza ya no se percibe como mera retórica, sino como un escenario político que debe tomarse en serio.
Un posible curso de acción militar de EE. UU. en México toca así uno de los puntos más sensibles del país: la soberanía estatal. Por ello, la presidenta Sheinbaum se ve cada vez más obligada a defender -casi de forma insistente- la integridad territorial de México y a rechazar todas las ofertas de "apoyo" estadounidense contra los cárteles. Al mismo tiempo, enfrenta la necesidad de no tensar en exceso la relación con Estados Unidos. México depende en gran medida de EE. UU. en términos económicos. Una escalada podría derivar en nuevos aranceles, en un bloqueo de las renegociaciones del T-MEC o en otras medidas comerciales punitivas. Las consecuencias económicas para México serían graves y pondrían en riesgo de manera considerable la estabilidad interna del gobierno [2].
Cabe subrayar, no obstante, que desde la perspectiva estadounidense México no es comparable con Venezuela. Trump no busca un cambio de régimen ni el acceso a recursos estratégicos. El foco está, más bien, en contener el suministro de drogas -en particular fentanilo- hacia Estados Unidos. Independientemente de ello, la amenaza de Trump ya está produciendo efectos significativos. Desde 2025, el gobierno mexicano, sobre todo bajo la presión estadounidense, ha endurecido de manera clara su actuar contra los cárteles y con ello se ha distanciado de la estrategia de seguridad de su predecesor [3]. Han aumentado de forma notable las detenciones, los decomisos de drogas y las extradiciones de integrantes de cárteles a Estados Unidos. Al mismo tiempo, existen dudas importantes sobre si un golpe militar de EE. UU. contra los cárteles en México conduciría, a largo plazo, a una reducción sostenible del narcotráfico. Los cárteles mexicanos son redes altamente fragmentadas y adaptables, en las que la caída de líderes individuales suele compensarse con rapidez mediante la aparición de nuevos actores, como se evidenció recientemente en el Cártel de Sinaloa tras la detención y extradición a EE. UU. de sus dos principales líderes, "Chapo" Guzmán y "Mayo" Zambada.
Mucho indica que Sheinbaum seguirá intentando atender a Trump mediante una cooperación amplia, sin cruzar la línea roja -definida por ella misma- de una intervención militar. Paradójicamente, por esta vía Trump podría obtener, mediante presión política, más concesiones de las que le sería posible conseguir a través de una acción militar.
La progresiva erosión del Estado de derecho y la separación de poderes
A más tardar desde 2024, el gobierno de México impulsa un debilitamiento gradual de las instituciones democráticas. La reforma judicial del año anterior ya muestra primeras consecuencias claramente negativas. El 1 de junio de 2025 se renovó a nivel nacional casi la mitad de las plazas judiciales; la elección de la segunda mitad está prevista para 2027. Esa primera ronda evidenció problemas graves: la participación fue de apenas alrededor de 13%, por lo que no resultó representativa. Además, está documentado que una parte considerable de los jueces electos mantiene cercanía con el partido gobernante, MORENA. Aún más alarmante es la rápida pérdida de calidad dentro del Poder Judicial. Se multiplican los reportes sobre errores técnicos de gran magnitud, fallas en la conducción de procedimientos y, en algunos casos, incluso condenas erróneas. Esto es también consecuencia directa de requisitos formales de acceso muy bajos, como la exigencia de cinco cartas de recomendación de ciudadanos sin criterios específicos. Con ello, la reforma ha socavado de manera significativa, entre otros aspectos, la competencia profesional y la credibilidad institucional de la judicatura [4].
En paralelo, se perfila una dinámica que profundiza el debilitamiento del principio de separación de poderes. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial son percibidos cada vez menos como ámbitos independientes. Esto se refleja incluso en el comportamiento del sector empresarial: un número creciente de compañías está reduciendo sus áreas jurídicas tradicionales e invirtiendo, en cambio, en lo que se conoce como "government management". Detrás está la expectativa de que ya difícilmente se obtendrán resoluciones judiciales independientes contrarias a intereses del Estado y que, en caso de duda, la cercanía política será más eficaz que la argumentación jurídica.
Tras la pérdida de independencia judicial en 2025 -con un debilitamiento sustantivo del Estado de derecho-, en 2026 MORENA dirige su atención al Poder Legislativo. En este contexto, la anunciada reforma electoral adquiere una relevancia central. Aunque la reforma prevista para inicios de 2026 aún no se ha presentado como iniciativa formal, los objetivos esenciales del partido gobernante ya son conocidos. Desde una perspectiva de teoría democrática, se identifican tres elementos particularmente problemáticos [5]:
En primer lugar, la reforma busca eliminar la representación proporcional en el Congreso mexicano, lo que ampliaría aún más la posición dominante del partido gobernante y debilitaría de manera existencial a la oposición. En concreto, se plantea suprimir o reducir de forma significativa las curules plurinominales. Actualmente, estos escaños permiten que diputadas y diputados ingresen al Legislativo de manera proporcional al porcentaje nacional de votos que obtiene cada partido. El gobierno justifica la medida con argumentos de eficiencia y ahorro. En los hechos, se trataría de una alteración del equilibrio institucional del sistema político que conduciría a una fuerte concentración de poder a favor del partido gobernante. Para la oposición, especialmente, la eliminación de la representación proporcional tendría consecuencias profundas: partidos pequeños y medianos que hoy logran representación mediante listas podrían quedar prácticamente excluidos del Congreso pese a contar con apoyos relevantes [6].
En segundo lugar, la propuesta contempla una reducción sustantiva de la financiación pública a los partidos -al menos 30%, posiblemente más-, también bajo el argumento de disciplina presupuestal y eficiencia. En la práctica política, un recorte así tendría efectos asimétricos sobre la competencia: afectaría especialmente a los partidos de oposición, que dependen en gran medida de recursos públicos para sostener su infraestructura organizativa, su comunicación política y sus campañas. Además, disminuir el financiamiento público incrementa el riesgo de fuentes de financiamiento opacas y debilita un mecanismo clave para limitar flujos de dinero ilegal. En conjunto, este componente refuerza la impresión de que el objetivo no es la eficiencia, sino una distorsión deliberada de la competencia partidista en favor del partido gobernante.
En tercer lugar, la reforma implica un cuestionamiento directo al instituto electoral autónomo INE (Instituto Nacional Electoral). El INE es considerado una de las principales conquistas democráticas de México después del año 2000 y ha contribuido de forma decisiva a garantizar elecciones transparentes y ampliamente reconocidas. La reforma apunta a someter al instituto a control político y, con ello, neutralizar a un contrapeso institucional hasta ahora independiente. Se plantea modificar de manera de fondo el procedimiento de selección de las y los integrantes del Consejo General, sustituyendo mecanismos basados en calificación, independencia institucional y consenso multipartidista por mecanismos politizados, como la elección directa de consejerías. Esto podría configurar un aparato electoral funcional a los intereses de poder del partido gobernante, lo que sugiere que el trasfondo sería más bien asegurar el control político [7].
Política de seguridad entre avances y fachada
La seguridad interna de México se encuentra desde hace años en una situación estructuralmente problemática. Bajo la presidenta Sheinbaum, al menos puede constatarse que la espiral de violencia no ha seguido escalando. En el primer año de su presidencia se registraron a nivel nacional alrededor de 25,700 homicidios, una disminución de casi 26% frente al primer año de gobierno de su antecesor. La tasa de homicidios bajó en 2025 a 17.5 por cada 100,000 habitantes, alcanzando así su nivel más bajo desde 2016. Si bien en muchos ámbitos Sheinbaum continúa la línea de su predecesor, en materia de seguridad interna se observa un ajuste de rumbo perceptible y un endurecimiento de la acción contra el crimen organizado. No obstante, cabe suponer que este giro responde, sobre todo, a la fuerte presión de Estados Unidos.
Pese a la innegable tendencia a la baja en los homicidios, existen dudas importantes sobre su plena capacidad explicativa y las cifras requieren una valoración mucho más matizada. Desde hace años, especialistas en seguridad advierten sobre posibles subregistros. Además, hay indicios de que algunos fallecimientos violentos se clasifican como accidentes de tránsito, suicidios o "causas de muerte no determinadas". Por ello, la reducción de los homicidios no debe equipararse automáticamente con una disminución de la violencia. Esta problemática se aprecia con especial claridad al observar el fenómeno de las personas desaparecidas. Mientras los homicidios bajan, el número de personas reportadas como desaparecidas continúa aumentando. Actualmente, más de 133,000 personas se encuentran en condición de desaparición; tan solo en 2025 se sumaron más de 29,000 nuevos casos, y es claro que una proporción significativa de estas personas también fue víctima de violencia letal.
A pesar de la caída declarada en los homicidios, la población se siente cada vez más insegura. De acuerdo con la más reciente encuesta de seguridad del INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), 63% de las y los mexicanos afirmó sentirse inseguro en su ciudad, lo que representa un aumento notable respecto del año previo. En algunas ciudades, este indicador supera el 85%. Esta brecha entre los resultados estadísticos y la experiencia cotidiana subjetiva erosiona de manera considerable el impacto político de los logros del gobierno en materia de seguridad y alimenta la sospecha de que, mediante re-clasificaciones y posibles manipulaciones estadísticas, se habría logrado apenas una corrección cosmética de la situación.
Para la presidenta Sheinbaum, el panorama de seguridad es así un arma de doble filo. En el corto plazo, la disminución de homicidios le ofrece argumentos en el plano interno y externo, especialmente frente a Estados Unidos. Al mismo tiempo, el aumento de las desapariciones y las escaladas regionales evidencian los límites de la estrategia vigente [8]. De cara a 2026, es previsible que Sheinbaum siga priorizando resultados públicamente visibles -como detenciones de alto impacto y extradiciones- con el objetivo de fortalecer su posición frente a Donald Trump ante la posibilidad de un eventual involucramiento militar de EE. UU. en México.
Perspectiva
2026 se perfila, por tanto, como un año decisivo para México. Las relaciones exteriores con Estados Unidos se intensifican y aumentan las tensiones diplomáticas. La pregunta central será si la presidenta Sheinbaum logra disuadir a Donald Trump de un eventual curso de acción militar en territorio mexicano. Si lo consigue, su posición política -en particular dentro de su partido- se vería fortalecida. Si, por el contrario, se produjera una intervención militar estadounidense en México, habría que prever un considerable deterioro reputacional para la presidenta y para el partido gobernante, MORENA. A más tardar en las elecciones de Congreso y gubernaturas de 2027, ello podría traducirse en pérdidas políticas significativas.
Estrechamente ligada a lo anterior está la situación de seguridad en el país. Es previsible que la presidenta Sheinbaum continúe destacando, sobre todo, la detención de integrantes de alto rango de los cárteles y su entrega a Estados Unidos como prueba de capacidad de acción frente al presidente Trump. Sin embargo, queda en duda si ello irá acompañado de una mejora sostenible de la seguridad.
Al mismo tiempo, en 2026 está en juego nada menos que una de las últimas bastiones que permanecen en la arquitectura democrática mexicana: el Poder Legislativo. Si la anunciada reforma electoral se implementa conforme a los planes conocidos hasta ahora, el partido gobernante podría consolidar durante años el control pleno del Parlamento. Tras la amplia erosión del Estado de derecho en 2025, el gobierno podría entonces gobernar sin contrapesos institucionales efectivos. Un escenario así se consideró durante mucho tiempo superado en México y evoca memorias de estructuras autoritarias del siglo XX, descritas no sin razón como una "dictadura perfecta" [9].
[1] Véanse las declaraciones de Trump tras la detención de Nicolás Maduro, en las que insinuó de forma inusualmente abierta un posible curso de acción militar de EE. UU. contra cárteles de la droga en México; por ejemplo: Trump wants Mexico to 'take out the cartels.' Here's why that's so hard | CNN.
[2] Véase la publicación en Auslandsinformationen (diciembre de 2025): Wie Mexikos Präsidentin mit der neuen Politik der USA umgeht - Konrad-Adenauer-Stiftung.
[3] Se alude al mantra de su antecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024): "abrazos, no balazos", y a la estrategia asociada, más pasiva y en ocasiones laxa, frente a los cárteles.
[4] Véase el informe país 2025: Richterwahl in Mexiko - Oficina en México - Konrad-Adenauer-Stiftung.
[5] Para un análisis integral de los problemas de la reforma electoral y propuestas para garantizar estándares democráticos, véase: International Legal Standards to Guide Mexico's Upcoming Electoral Reform.
[6] Ejemplo: el partido de oposición Movimiento Ciudadano cuenta actualmente con 27 escaños por representación proporcional; sin esta, probablemente conservaría solo un escaño de mayoría relativa.
[7] La reforma prevé además la eliminación de las autoridades electorales de los 32 estados, lo que afectaría de manera considerable la organización y la supervisión de elecciones regionales.
[8] Adicionalmente, contra varios altos cargos de MORENA -incluidos senadores y gobernadores- se han formulado señalamientos graves por presuntos vínculos con cárteles de la droga.
[9] El término "dictadura perfecta" se atribuye al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien lo utilizó para describir el régimen de partido hegemónico de la PRI en México durante más de siete décadas. Este sistema combinó elecciones formalmente democráticas con monopolización fáctica del poder, sostenida por corrupción, control mediático y compra sistemática de votos. Las similitudes con dinámicas políticas recientes bajo MORENA resultan difíciles de ignorar.
