El último módulo de ambos grupos partícipes del Programa de Participación Política Indígena (PPI) Bolivia se llevó a cabo del 25 al 27 de noviembre en las instalaciones del salón “Auditorium”. El módulo abarcó el tema del derecho, específicamente, las bases fundamentales del derecho, el derecho humano, el derecho político y ciudadano y los derechos indígenas. El objetivo fue comprender la importancia de las bases jurídicas para el comportamiento social y de la vigencia de los derechos fundamentales individuales y sociales.

En cuanto a los docentes, cada tema específico fue dictado por un docente diferente. Del primer tema sobre las bases legales del derecho estuvo a cargo de Antonio Péres. Los derechos humanos fueron explicador por Waldo Albarracín, ex Defensor del Pueblo. Jimena Costa aclaró los derechos políticos y ciudadanos. Finalmente, Ricardo Calla, Rector de la Universidad de la Cordillera, habló sobre los derechos indígenas y el pluralismo jurídico. La estructura de los módulos consistió en presentaciones magistrales, para después entrar en debates sobre el tema. Finalmente, los participantes trabajaron en grupos para elaborar en los tres días de clases un manifiesto sobre el rol de los líderes del PPI.

Bases legales

El primer tema del módulo conjunto tuvo como objetivo aclarar los fines del derecho, el derecho en el Estado moderno, normas jurídicas y otras normas de la justicia. Aotonio Péres empezó la clase explicando el significado del derecho en un Estado moderno, que se inscribe en el Estado Social de Derecho, entendido como organización social y política (territorio, población y gobierno) fundamentado en los siguientes pilares: principio de libertad, imperio de la ley, voluntad general democrática, división de poderes, vigencia de derechos humanos y la satisfacción creciente de derechos económicos, sociales y culturales.

Por supuesto existen varias definiciones del derecho, por lo que el docente señaló las más importantes (como de Kelsen, Del Vecchio, etc.) y resumió los conceptos más importantes. Uno de estos conceptos es la libertad. No existe el derecho sin la libertad del individuo. Otros conceptos que desarrolló fueron el derecho y la arbitrariedad, el derecho y la fuerza, el derecho formal y material y la función del derecho.

También explicó más a fondo las normas jurídicas. Existen normas religiosas, morales o del trato social que se diferencian de la norma jurídica basada en la coercibilidad, acto o potencia del uso de la fuerza. La norma jurídica emana de una autoridad competente, establece deberes y facultades, reviste generalmente la estructura lógica de un juicio imperativo hipotético y expresa una técnica de motivación social indirecta de sanciones o premios.

Otro tema importante fue el derecho y la justicia. La justica es definida como “supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo o como el recto proceder conforme a derecho y razón”. Con un ejemplo, el señor Péres explicó la diferencia entre el derecho y la justicia: antes la esclavitud era legal, pero no era justa.

Concluyó su tema enfocando el tema de la jurisdicción indígena originaria campesina. Mencionó que este derecho ya es parte del derecho internacional como del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), así como de la Declaración de Pueblos Indígenas del 2007 de las Naciones Unidas, entre otros. También ya fue reconocida en la Constitución Política del Estado (CPE) del 2004. En la nueva CPE los referentes básicos son los artículos 30, 179, 180 y 192. Definió a la justicia comunitaria como espontánea y consuetudinaria. Sin embargo, el reconocimiento de la igualdad de rango constitucional de la justicia indígena originaria campesina y la justicia ordinaria llevará a largo plazo al surgimiento de los mismos problemas de la justicia ordinaria (ineficacia, lentitud, entre otros), afirmó el docente.

Derechos humanos

El segundo tema, dictado por Waldo Albarracín, enfocó los derechos humanos. Empezó remarcando que como todos vivimos en colectividad humana e interactuamos, nos tenemos que regir por normas y reglas. Estas normas y reglas conciernen los derechos humanos, que son válidos para todos los seres humanos. Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad, existió una constante violación a los mismos. Incluso el Imperio Incaico se define como un conjunto de invasiones y sometimientos. En el mundo occidental, el Estado está obligado a vigilar los derechos humanos; en el caso de las dictaduras y la época de la colonia el mismo Estado es el que atacaba los derechos humanos. En este contexto y con los antecedentes expuestos, el docente enfatizó la importancia de la democracia. En democracia se respetan los derechos humanos, por ello la democracia no se limita solo a elecciones, sino es más bien un aspecto fundamental de la cultura política de un país.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, suscrita por todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), contiene un preámbulo y treinta artículos que recogen derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural. Esto significó la institucionalización de los derechos humanos. Los treinta derechos mencionados fueron mostrados en un video a los participantes.

Por último, el docente enfocó el “salto cualitativo del texto constitucional de Bolivia al tomar como antecedente la existencia pre-colonial de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, para reivindicar la libre determinación de los mismos, como factor fundamental para la consolidación de su derecho a la autonomía, autogobierno, cultura, reconocimiento de sus instituciones y consolidación de sus entidades territoriales”. Respecto a los derechos humanos, la jurisdicción indígena originaria campesina respeta, según el Artículo 190, II “el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución”. Es por eso que el docente remarcó que si bien en Bolivia existen los instrumentos adecuados para la implementación efectiva de derechos, el problema está en la distancia que existe entre la realidad jurídica y la práctica.

Derechos políticos y ciudadanos

A continuación, Jimena Costa abordó el tema de los derechos políticos y ciudadanos. Empezó con una explicación de la democracia representativa. Esta se caracteriza porque “todo el poder reside en el pueblo del cual emana toda representación”. Esto quiere decir que los parlamentos son los que representan al conjunto de ciudadanos, libres e iguales en derecho. La democracia representativa se concentra en el ejercicio de la ciudadanía política. Por ende, la democracia liberal tiene como objetivo defender a los derechos de la persona y su esfera individual como seres sociales libres frente a la arbitrariedad de los gobernantes. Garantiza el ejercicio de la ciudadanía política, que consiste en elegir y ser elegido, la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación.

Las elecciones democráticas tienen como fin:

1.Generar participación: expresar en votos preferencia política del electorado, se elige entre programa político distintos, se ejerce influencia política

2.Producir participación: seleccionar y elegir a élites políticas y líderes, otorgar mandato representativo sobre una base electiva, refleja un pluralismo de la sociedad al interior del Estado

3.Proporcionar gobiernos: se crea un apoyo político que sustenta el gobierno, se crea una oposición parlamentaria que controle al gobierno, se establece orientación general de las políticas públicas

4.Ofrecer legitimación: contribuye a la formación de la cultura política del electorado, se establece comunicación entre la opinión pública y la élite, se legitima el sistema político

El sufragio no siempre fue democrático; en ese sentido Jimena Costas ejemplificó los ideales del sufragio democrático: universal, libre, igual, directo y secreto. Sin embargo, el sufragio activo (derecho a elegir) y el sufragio pasivo (derecho a ser elegido) sí tiene que tener ciertos requisitos. Los requisitos positivos incluyen la edad, la ciudadanía y el domicilio de residencia. Las restricciones incluyen ciudadanos discapacitados psíquicos y personas con penas de privación de libertad.

Por consiguiente, la democracia participativa es una democracia liberal y sustantiva, no sólo formal. Promueve la capacidad de deliberación, juicio y acción moral de los ciudadanos. Además, institucionaliza mecanismos de participación y consulta a los ciudadanos. Mecanismos para esto son la participación electoral (como candidato o elector), la iniciativa popular (los ciudadanos pueden presentar al parlamento proyectos de Ley), el referéndum constitucional (los ciudadanos se pronuncian o deciden sobre un proyecto de reforma constitucional), el plebiscito (los ciudadanos se pronuncian o deciden sobre un proyecto de Ley o un conflicto de poderes) y la revocatoria (el electorado revoca al mandato dado a sus representantes).

Termina el tema aclarando el concepto de ciudadanía: implica reciprocidad entre “derechos frente” y “deberes hacia” la comunidad, pertenencia a la comunidad donde se vive, diversos grados de participación, lo cual involucra el ejercicio de la ciudadanía civil (asegurar las libertades del individuo como el derecho a la libre expresión), política (derecho a elegir y a ser elegido para el desempeño de un cargo político) y social (tener el derecho de gozar de cierto nivel mínimo de vida, de bienestar y de seguridad económica).

Derechos indígenas

El último expositor, Ricardo Calla, se refirió al tema de los derechos indígenas. Más que enfocarse propiamente en el derecho indígena, el Dr. Calla explicó cuáles de los derechos indígenas deberían ser vigentes pero no lo son en la actualidad, como el reconocimiento constitucional de los ayllus andinos y el peligro de un nacionalismo étnico en Bolivia.

En primera instancia mencionó que los derechos indígenas fueron institucionalizados por el Convenio 169 de la OIT. La CPE de 1994 en su momento fue considerada, en términos generales, como una constitución que contenía un alto grado de progresismo político, esto debido al reconocimiento formal que hizo de carácter “multiétnico”. Sin embargo, en la actualidad es percibido como limitante, toda vez que la actual CPE es mucho más extensa respecto a los derechos indígenas. Incluso Bolivia es uno de los primero países en acoger como parte del texto de su Constitución la declaración oficial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Actualmente los pueblos indígenas (como son denominados por las Naciones Unidas) o las naciones indígenas originarias campesinas (así denominadas por la nueva CPE) están viviendo un posicionamiento político gracias a este nuevo instrumento, en opinión del docente. Este cambio de élite política de “blancos” a “indígenas” o “mestizo-indígenas” fue acaeciendo a lo largo de más de seis décadas de historia. Empezó con la Revolución Nacional de 1952; se relanzó en la década de los años 70 con la emergencia de los movimientos indígenas contemporáneos; en la década de los 80 el proceso se fue precipitando con la recuperación de la democracia; en los 90 se profundizó con el ascenso a la vicepresidencia de la República por parte de Víctor Hugo Cárdenas, el primer reconocimiento constitucional de derechos de pueblos indígenas, la puesta en marcha de la Ley de Participación Popular y la Ley del INRA. Actualmente, como afirmó Ricardo Calla, el cambio alcanza el carácter de un fenómeno sociológico mayor que muestra a una Bolivia en la que el presidente mismo del país, Evo Morales, destaca unos rasgos de apariencia física indígena andina que marca simbólicamente el cambio de la élite política boliviana.

La crítica del docente apunta al “reduccionismo lingüístico” de la cultura indígena ya que la nueva CPE define a los pueblos o naciones indígenas a partir de los idiomas, lo que invisibiliza la diversidad de grupos y colectividades que comparten una lengua. Piensa que la identidad de una persona no puede ser reducida sólo al idioma, ya que la identidad es diversa y compleja. Una persona puede ser indígena pero también mestiza o puede ser aymara y también quechua.

Otro efecto es que se nubla la existencia de los ayllus como unidades socioculturales muy precisamente distintivas. En lo que es la institucionalidad estatal, se debería aplicar más “lo propio” como las estructuras organizativas y administrativas de los ayllus. Propone, por ejemplo, que el Estado debería aplicar el sistema diárquico de los ayllus andinos. Es decir, a la cabeza de una ayllu hay un hombre y una mujer (en quechua kuraka y mama t’alla), por lo que a la cabeza de una Estado podría estar un presidente y un primer ministro, de los cuales uno podría ser hombre el otro mujer.

Otro problema que ve el docente en este proceso es el peligro del nacionalismo étnico, el que se podría entender como la reificación de la propia cultura, la impermeabilidad a la cultura del otro, el cierre a lo exógeno, la construcción de una colectividad ensimismada y homogeneizante, la marcación de fronteras y distancias con lo ajeno y la posible generación de conductas represivas y criminales si se vincula con el racismo.

Otras actividades

En el marco de la clausura de la gestión 2010, se realizó un acto formal de entrega de certificados de participación a los miembros de ambos grupos del PPI. En esta oportunidad, y continuando con la estrategia de comunicación y posicionamiento de los participantes, la Representante, las coordinadoras del PPI y algunos alumnos se presentaron en diferentes medios de comunicación (varios canales de televisión, radio), a fin de informar a la opinión pública sobre los cursos PPI-KAS, así como los logros del mismo. Además, a través de estos medios, los participantes dieron cuenta de sus experiencias y de qué manera pudieron aplicar en el ejercicio de sus funciones como líderes democráticos, eficaces y eficientes, los conocimientos adquiridos en los cursos mencionados.