Foto del RSPLA

El conversatorio se llevó a cabo con el propósito de dialogar sobre algunos de los retos más relevantes para la administración de justicia en la región, desde una perspectiva comparada.

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Los integrantes de nuestro Grupo de Estudios sobre Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, participaron activamente de esta actividad académica.

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En el Foro también intervino el Dr. Armin von Bogdandy, director del Instituto Max Planck de Derecho Público Extranjero y Derecho Internacional Público.

Informe publicado originalmente por Ámbito Jurídico. Para verlo haga clic aquí

“Cualquier reforma a la justicia que se emprenda en Colombia debe garantizar la independencia judicial”. Así lo advirtió la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Gloria María Borrero, durante la instalación del foro Reforma a la justicia, activismo judicial y políticas públicas, organizado por el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, la Pontificia Universidad Javeriana, la CEJ y ÁMBITO JURÍDICO.

Durante su intervención, Borrero se refirió a la falta de control en las altas cortes, y advirtió sobre la necesidad de establecer mecanismos de rendición de cuentas. “Tenemos que apuntalar aspectos vitales del estatuto del juez, su selección y evaluación de desempeño”, anotó.

En su opinión, la reforma a la justicia tiene varias justificaciones, entre ellas la necesidad de reformar el equilibrio de poderes y modificar las funciones electorales de las altas cortes. En ese sentido, se refirió a las amenazas latentes en contra de la independencia judicial, como aquellas que provienen de los órganos de control, cuando no están de acuerdo con decisiones judiciales.

De otro lado, la directora de la CEJ advirtió sobre los riesgos de los comunicados o sentidos de los fallos que publican las altas cortes, los cuales se estarían aprovechando para “tentar a los opinadores para ver cómo se puede organizar un fallo”. Los jueces, con concluyó Borrero, “tienen que pronunciarse a través de sus sentencias”.

Independencia y poder judicial

Los costos de la falta de independencia judicial y los posibles mecanismos para incrementarla, como la garantía del equilibrio de poderes, fueron los temas que se debatieron en el primer panel del foro.

Al respecto, Armin von Bogdandy, profesor del Instituto Max Planck de Heidelberg (Alemania), sostuvo que la función central del sistema legal se estructura en la confianza. “El tribunal es la base de ese sistema legal y es la función de los tribunales mantener esa confianza. Los jueces deben ser independientes e imparciales”, agregó.

El experto también se refirió en la necesidad de que los ciudadanos conozcan las decisiones de los jueces y de que puedan ejercer un tipo de curaduría y vigilancia a su gestión.

A su turno, César Landa, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, agregó que el problema de credibilidad en el sistema de justicia deriva en costos de tipo social. La justicia, al demorarse en responder a los ciudadanos, genera altos costos de transacción, advirtió.

“La democracia en sí misma empieza a ser debilitada cuando hay un sistema de justicia que no resuelve de manera imparcial, sino que resuelve dependiendo delos intereses de los grupos de importancia o élites, dejando de lado a las minorías. Una justicia débil es cotosa para la democracia”, explicó este especialista.

Igual opinión tiene Jesús María Casal, de la Universidad Católica de Venezuela, quien agregó que la independencia de la justicia es un presupuesto fundamental en la construcción del Estado.

“Sin independencia judicial no puede haber Estado de derecho. Un tema clave es la voluntad de constitución, en relación con la independencia judicial, que la institucionalidad vaya enfocada a respetar el proyecto institucional. Cuando eso no ocurre, cuando hay un proyecto político instalado para el cual el Estado de derecho no es conveniente, es muy difícil que un mecanismo técnico sea efectivo para garantizar la independencia”, agregó.

De acuerdo con Casal, si el proceso inicial de escogencia de los jueces está contaminado, es bastante complejo enderezarlo posteriormente. “Cuando su designación se da a dedo es muy difícil que el juez sea independiente”, enfatizó.

En el mismo sentido se pronunció José Antonio Rivera, exmagistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia, quien se refirió, en concreto, a la administración de justicia en su país, donde “la falta de independencia y acceso ha generado altos costos sociales”. Según Rivera, esto ha derivado en la sistemática falta de credibilidad hacía la justicia, además de que los sectores sociales estén tomando la justicia por su propia mano, a través del linchamiento.

El experto agregó que el 60% de los bolivianos cree que los ciudadanos deberían buscar justicia por mano propia. Esto, a su juicio, ha ocasionado que la justicia, en vez de pacificar a la sociedad, agudice el conflicto social.

“La falta de independencia se refleja en el debilitamiento y ausencia de los mecanismos jurisdiccionales de control político, haciendo que la justicia sea instrumentalizada y apoderada por el poder político, con el fin de desplegar sistemas de persecución judicial”, enfatizó.

Para concluir, el exministro de Justicia de Colombia Juan Carlos Esguerra sostuvo que hablar de equilibrio de poderes e independencia judicial no es solo referirse a la arquitectura jurídica, sino también a las garantías ciudadanas.

Esguerra también se refirió a la necesidad de reformar las funciones electorales de la cortes, así como a la potestad normativa que ha venido incluyendo la Corte Constitucional en sus sentencias, comportamiento que le genera preocupación.

Activismo judicial y políticas públicas

Durante el segundo panel del foro, que se centró en activismo judicial y políticas públicas, los participantes se refirieron al balance de estas materias en Latinoamérica.

Víctor Bazán, del Instituto de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Católica de Cuyo (Argentina), explicó que el activismo judicial tiene origen en la retracción que han tenido los poderes políticos, en causas sensibles en materia de derechos humanos. Esto, explicó, ha generado una inserción de la política constitucional en la discusión de políticas públicas.

“Es necesario el activismo, en tanto exista una crisis de representación política. Estoy en favor de un activismo prudente, dinámico y equilibrado, que no invada esferas del Estado”, agregó Bazán.

Por su parte, Mariela Morales, integrante del Instituto Max Planck, indicó que el activismo judicial está profundamente enraizado con el proceso democrático que vivieron las sociedades latinoamericanas en los años 80, lo cual evitó violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos. Ese activismo trasnacional y la participación de la sociedad civil, inidcó, ha sido fundamental para el cambio de políticas públicas para la protección de tales derechos.

“Es necesario el activismo, porque nuestra realidad exige esta transformación por la vía de la reforma estructural de nuestros países, en base a los déficits democráticos que estamos viviendo. Es necesario que entendamos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está actuando como un sistema mediador”, comentó.

Finalmente, Humberto Sierra Porto, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, advirtió que la expresión “activismo judicial” se ha venido utilizando de manera peyorativa y, por lo tanto, es necesario entender adecuadamente la manera como actúan los jueces.

“Activismo judicial, podríamos llegar a una conclusión, consiste en el fenómeno en el que los jueces están actuando, pero respetando el derecho, las leyes, los principios que otorgan un margen de competencia que antes, se tenía entendido, hacían parte de otros poderes públicos”, señaló. A juicio de Sierra, hablar de activismo judicial supone hacer una reflexión sobre la manera en que se hacen y se comprenden las leyes.