Reportajes internacionales

¿Qué pasa después del caso Penta?

de Tjark Marten Egenhoff

Consecuencias político-institucionales en Chile

Los últimos escándalos de corrupción en Chile, los casos “Pentagate”, “Caval” y “SQM” han remecido a un país que se enorgullecía de sus índices de probidad administrativa. La ciudadanía reclama reformas y todo indica que esta vez la política escuchará y se enfrentará a la creación de una nueva institucionalidad que regule el financiamiento de los partidos políticos y la relación con el sector privado.

Tradicionalmente se ha visto a Chile como un ejemplo en la región de América Latina en probidad administrativa, democracia institucional y lucha contra la corrupción. Y los datos lo avalan. El índice de percepción de la corrupción 2014 elaborado por Transparency International sitúa a Chile como la nación número 21 de 175 naciones menos corrupta, en un grupo de países como Alemania y Estados Unidos e incluso sobre otros como Austria o Francia y bastante mejor que sus vecinos, con excepción de Uruguay, que también comparte el mismo puesto. Puesto que corre el riesgo de perder, y escandalosamente.

El caso de corrupción “Pentagate” sigue sumando aristas y consecuencias políticas. Todo partió en septiembre del 2013 como una investigación tributaria por fraude al FUT (Fondo de Utilidades Tributarias, por sus siglas en español) por parte del jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad en la Fiscalía Oriente de Santiago, Carlos Gajardo. Este tuvo consecuencias políticas cuando Hugo Bravo, un ejecutivo de confianza del Grupo Penta, decidió colaborar con la fiscalía en julio del 2014 y divulgó antecedentes de financiamiento irregular de diversos políticos mediante la emisión de boletas falsas a algunos senadores en ejercicio, especialmente del partido UDI (Unión Demócrata Independiente, partido de la derecha conservadora). Desde ahí el caso ha ido escalando y sus aristas han llegado a señalar como sospechosos de financiamiento irregular a políticos de diversos partidos, desde el Ministro de Obras Publicas en ejercicio de la presidenta Michelle Bachelet, Alberto Undurraga (DC), o el pre-candidato presidencial Andrés Velasco (FP), el Subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner y especialmente a diputados y senadores UDI, como Ena Von Baer, Iván Moreira, el ex precandidato presidencial Laurence Golborne y el presidente de la colectividad, Ernesto Silva.

Paralelamente, como una “arista del caso Penta”, se han comenzado investigaciones por un posible financiamiento irregular de campañas políticas por la emisión de boletas falsas a la empresa Soquimich (Sociedad Química y Minera de Chile o SQM), controladora de la industria del litio en Chile. Este caso puede alcanzar a políticos como el ex ministro de Educación y candidato presidencial Joaquín Lavín (UDI), el senador en ejercicio Fulvio Rossi (Partido Socialista) o candidatos del norte del país.

Asimismo, aunque sin relación directa con el caso Penta, un escándalo de tráfico de influencias y relación publica privada sacudió a un exitoso cierre del año legislativo del gobierno, al revelarse el otorgamiento de un crédito por $6.500 millones de pesos chilenos del Banco de Chile a la sociedad Caval - propiedad de la nuera de Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, y cuyo gerente general fuera Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta un día después del triunfo de la presidenta.

Lo anterior, luego de que Dávalos y su esposa Compagnon asistieran a una cita con el Vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Lúksic, para conseguir el préstamo . Desde entonces se ha cuestionado a Dávalos por el enriquecimiento a costa de influencias y al gobierno por la contradicción al discurso igualitario y meritocrático con el que llegó al poder. A pesar de la renuncia de Dávalos a su cargo en el gobierno y al partido socialista, el escándalo sigue relevando nuevas aristas como la investigación de la compra de lujosos automóviles o el uso de información privilegiada en el negocio inmobiliario.

El pasado 24 de febrero, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, Sabas Chahuán, decidió centralizar la investigación del caso Penta y todas sus aristas usando una facultad excepcional, junto con el equipo de Fiscalía Oriente de Delitos de Alta Complejidad, debido a que “la trascendencia de los hechos investigados, la investidura de las personas investigadas hacen necesario que demos un paso más allá para garantizar la persecución penal como corresponde”.

El gobierno en la ofensiva: nueva ley de financiamiento de la política

A la ya abultada agenda de reformas que el gobierno de Michelle Bachelet ha impulsado se presentó el proyecto de ley “para el fortalecimiento y la transparencia de la democracia”, que regula el financiamiento a los partidos políticos. Esta reforma se enmarca en un contexto especial por el escándalo del caso “Pentagate” y sus aristas, así como dentro de una serie de reformas impulsadas por el gobierno para fortalecer el sistema democrático chileno, como el nuevo sistema electoral, que reemplaza al antiguo sistema binominal por uno proporcional, y el aseguramiento del derecho a sufragio de los ciudadanos chilenos desde el extranjero.

Existe consenso entre los distintos centros de estudios y académicos en la necesidad de otorgar algún tipo de financiamiento estatal a los partidos políticos, en tanto se ve este aspecto como esencial para el perfeccionamiento de la democracia, sin embargo hay una discusión respecto a si el mecanismo es el adecuado o termina favoreciendo a los partidos tradicionales, contradiciéndose incluso con fines pretendidos el nuevo sistema electoral proporcional, como opina el Centro de Estudios Públicos, asociado a la centroderecha.

Por otra parte, los partidos políticos han manifestado cierto consenso en que una prioridad legislativa para el año 2015 es el fortalecimiento público de la política. Declaraciones en este sentido las han realizado presidentes de los partidos desde la UDI (Derecha conservadora) hasta del partido comunista.

El proyecto, según el mensaje Presidencial , busca, en primer lugar, generar condiciones de mayor equidad en la competencia política. Por un lado, se crea un aporte trimestral para los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional, enfocado al desarrollo de actividades de los partidos de investigación, fomento a la participación y educación cívica, y se rebaja el monto que los candidatos y partidos pueden gastar en una campaña. Por otro lado, se establece un incremento significativo en el aporte estatal a los partidos al inicio de las campañas en búsqueda de reducir el impacto y las dependencias de los aportes privados para estas. Así, un 30% de los montos públicos se distribuirán en torno a un monto fijo y un 70% a prorrata de los votos válidamente emitidos en la última elección de diputados, según lo obtenido por cada partido.

Asimismo, se restringe la propaganda electoral en espacios públicos a plazas y bandejones previamente autorizados por el Servicio Electoral y se prohíbe la propaganda aérea; y se establecen deberes a las radioemisoras de generar espacios de debate y de información electoral.

En segundo lugar, busca promover la transparencia y la confianza en los partidos políticos y controlar los conflictos de intereses. Para lo cual se eliminan los aportes anónimos y reservados a las campañas. Se prohíbe el aporte por parte de personas jurídicas, con o sin fines de lucro; se regula el aporte de personas naturales hasta un máximo de 4000 USD; y se establece que todos los aportes efectuados a candidatos o sus partidos durante campañas electorales deberán realizarse por medio de un sitio electrónico del Servicio Electoral, y los aportes permanentes se deberán rendirse de manera pública y transparente.

Y, en tercer lugar, el proyecto busca prevenir y controlar conflictos de intereses con sanciones y un sistema efectivo de control de reglas. Para esto, se fortalece el Sistema Electoral dotándolo de facultades como la de supervisar la rendición de cuentas o de ingresar a los recintos en donde funcionen partidos políticos o sedes las candidaturas.

La difícil relación público-privada

Como ya hemos hecho ver, el escándalo se presenta en un contexto en que el caso Caval vuelve a establecer el profundo debate evitado por tanto tiempo por la sociedad chilena: un marco para el comportamiento entre privados y funcionarios públicos, que al pervertirse es fuente de corrupción. En este sentido la presidenta Michelle Bachelet anuncia la creación de una comisión asesora para regular la relación público-privada. Este consejo ha sido convocado para elaborar “una propuesta legislativa y de políticas públicas más estricta y eficaz, que promueva la transparencia en el ámbito de lo público y lo privado” , como ha sostenido este martes el vocero de La Moneda, Álvaro Elizalde. Se pretende realizar una revisión exhaustiva de las iniciativas que está impulsando el gobierno en materias como salud, educación o en economía.

Por último, y dentro del mismo contexto, se suman las extraordinarias declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Chile, el ministro Sergio Muñoz. Tradicionalmente en Chile se ha mantenido una prudente distancia de los tribunales con la política contingente, sin embargo este año, Muñoz, en el discurso para la inauguración del año judicial, propuso dar fin al fuero parlamentario, que según la constitución chilena no se permite la detención o imputación de un parlamentario, si no son sometidos anteriormente a un antejuicio de desafuero en la corte de apelaciones y suprema. Si bien no necesariamente fue intencional, el anuncio se da en un contexto político proclive a realizar reformas en este sentido.

La enorme “arista económica”

El caso Penta ha llamado especialmente la atención por el financiamiento irregular de campañas políticas. Sin embargo, el nudo más complejo y amenazante para los dueños de la empresa es la millonaria evasión económica de esta empresa, por la cual el fiscal Gajardo llego a nombrar a Penta como una “máquina para defraudar al Fisco”. Según una investigación realizada por CIPER en un centenar de operaciones fraudulentas, se encontrarían al menos siete mecanismos para evadir impuestos, entre los que se encuentran las ya nombradas boletas falsas para justificar gastos, incluyendo aportes a campañas políticas, boletas y facturas falsas para enmascarar bonos y remuneraciones de ejecutivos, perdidas ficticias de las empresas productivas del holding y, sobre todo, contratos forwards manipulados para perjudicar al Fisco. Este último mecanismo ha preocupado especialmente al mercado financiero, debido a que los forwards pueden ser un verdadero manantial de ilícitos tributarios que no solo el Grupo Penta ha utilizado.

Esta apertura de delitos económicos se suma a un ambiente de desconfianza a empresarios y puesta en duda de la ética empresarial en Chile. El 2013 y 2014 estuvo marcado por la investigación del caso Cascadas, en donde la Superintendencia de Valores y Seguros determinó una infracción consistente y reiterada de la Ley de Mercado de Valores y/o la Ley de Sociedades Anónimas, a través de un esquema de operaciones que beneficiaron a un grupo de accionistas en desmedro de otros. Dentro de los perjuicios, a juicio de la Superintendenta de Pensiones, se podrían haber perdido hasta 44 millones de USD de fondos de pensiones. La resolución incluyó multas que llegan a los 164 millones de USD.

Un desafío para consolidar la democracia

Chile se encuentra en un momento político de desconfianza de la ciudadanía a los partidos políticos y la clase política en general, percepción que se acentúa con casos de corrupción que sorprenden como los anteriores y que aún se encuentran en investigación. La última encuesta Adimark de febrero 2015 demuestra que el caso Caval fue como una bomba que explotó en la popularidad del gobierno que se había recuperado tras un exitoso cierre legislativo en enero. La aprobación de la presidenta llegó a un 39% y la desaprobación a un 52%. Paralelamente, la Alianza opositora, si bien se recuperó de un mínimo histórico de aprobación de un 11% en enero llegando a un 19%, sigue profundamente afectada por el caso “Pentagate” . Asimismo, estos escándalos se dan en un contexto en que los casos “Cascada” y la enorme arista económica que se está abriendo en el caso Penta, han provocado una gran desconfianza de la ciudadanía en el empresariado y ha develado ciertos mecanismos legales débiles para evitar la evasión de impuestos o delitos bursátiles que terminan afectando a todos los ciudadanos.

Todo parece indicar, como ya han sugerido distintos actores políticos, que la circunstancia requiere un cambio profundo en el marco legal en la relación público-privada en la política, el financiamiento público de los partidos y que pone a prueba la capacidad de las instituciones sancionatorias de castigar estos delitos. Quizás es esta una posibilidad para que Chile nuevamente muestre al mundo su compromiso con la probidad, la institucionalidad, y mejore así sustancialmente la calidad de la actividad política y así el fortalecimiento y sustentabilidad de la democracia, o, al menos, no perder el puesto en el ranking de Transparency International, que sólo tras una sólida cultura republicana se ha ganado.

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