La Comunidad Andina (CAN) se estableció en el año 1969 con el objetivo de alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo de sus Estados miembros, y tiene como eje central de constitución al Acuerdo de Cartagena. Está conformada por 4 países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; 5 países asociados: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y un país observador: España (CAN, 2020a).
Los países miembros no solo comparten la Cordillera de los Andes, costumbres similares y una biodiversidad que no se limita a sus territorios; también problemas en común como los impactos del cambio climático (CC). De hecho, son los países más vulnerables a los efectos del CC (ND-Gain, 2020), debido a sus particularidades geográficas, económicas y sociales.
En ese sentido, para perseguir un desarrollo sostenible y con políticas comunitarias de gestión ambiental, en el año 2002 se aprobó la Estrategia de Biodiversidad de los Países del Trópico Andino (ERB). Esta estrategia marcó el nacimiento de la Agenda Ambiental Andina (AAA), instrumento orientador de las acciones subregionales en temas de política y gestión ambiental; basada en tres ejes principales: Biodiversidad, Cambio Climático y Recursos Hídricos (CAN, 2013, 4).
Recientemente los países miembros han acordado elaborar una Carta Ambiental Andina, la cual establecerá los principios para combatir el CC y sus efectos, además de fomentar el uso racional de la biodiversidad de la región (CAN, 2020b, 3). Esto se desarrolla en un escenario post Covid-19, en el cual las medidas gubernamentales no solo se enfocan en la reactivación económica, sino que también buscan migrar hacia una economía con menores impactos al ambiente, siendo una oportunidad para invertir en las contribuciones nacionalmente determinadas (NDCs) y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Sin embargo, las acciones propuestas por los países para amortiguar el impacto socioeconómico generado por la pandemia pueden no estar alineadas a dicho fin. En ese sentido, el siguiente artículo tiene como objetivo evidenciar la relación entre las medidas de reactivación económica de los países miembros de la CAN y sus metas de reducción de GEI. Este análisis será complementado con propuestas de políticas que incrementan los esfuerzos hacia una reactivación verde, lo cual permitirá potenciar la descarbonización de los países analizados.
