En México, los sistemas judiciales han presentado históricamente fallas estructurales que han impedido observar las distintas garantías constitucionales del debido proceso y han dificultado que las personas ejerzan su derecho de acceso a la justicia.

Estas debilidades y omisiones se han exacerbado durante la contingencia sanitaria generada por la pandemia del COVID19, en donde el cierre de juzgados y tribunales, así como la imposibilidad de realizar promociones y audiencias vía remota, significó la suspensión de procesos judiciales.

Algo más preocupante se identifica al observar cómo todo este contexto se ha exacerbado para un grupo poblacional en específico: las mujeres. La discriminación estructural histórica hacia ellas, la impunidad recrudecida en casos que las involucran, el desconocimiento por su parte del sistema judicial, así como la desconfianza que tienen hacia las instituciones de procuración e impartición de justicia, son algunas de las causas que han perpetuado esta problemática.

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