La Fundación Konrad Adenauer en colaboración con Arturo Hernández, presentamos el documento "Acciones afirmativas en relación a la participación política de personas indígenas y afromexicanas en cargos de elección popular".
El presente trabajo tiene por objeto proponer una aproximación analítica sobre el impacto de las acciones afirmativas establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para la participación de personas indígenas y afromexicanas en candidaturas a cargos de elección popular (federales y locales) desde el 2018 a la fecha (2022). La aproximación que se presenta no ha tenido por propósito la exposición de datos numéricos o estadísticos, sino que aspira a ser una provocación analítico-cualitativa de las diferentes acciones afirmativas implementadas a partir del Proceso Electoral Local 2017-2018.
Para una mejor comprensión de las acciones afirmativas implementadas es ineludible referenciar diversos fallos jurisdiccionales que, sin duda, han potencializado la vigencia y ejercicio de los derechos político electorales de toda la gama de sujetos del derecho indígena y afromexicano, dentro y fuera del régimen de partidos políticos. La representatividad política de personas, comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas, en su integración hacia los órganos de gobierno y poderes públicos, requiere ser reformulada desde el análisis del propio sistema electoral bajo un enfoque pluricultural, porque si bien se dio un reconocimiento constitucional en el año 1992 sobre dicho carácter de la diversidad cultural de la Nación, fue a partir de la reforma constitucional del 2001, (incluso hasta la implementación de la profunda reforma político-electoral constitucional del 2014, pasando por la reforma constitucional del Estado mexicano en materia de derechos humanos del 2010), que se ha venido construyendo desde el ámbito normativo, -aunque preponderantemente desde la función jurisdiccional y administrativa-, el que la función de garantía de toda actividad del estado tuviera como base y guía la tutela de los derechos humanos, flexibilizando con ello el sistema jurídico mexicano desde una base interpretativa que ha ido permitiendo, de manera progresiva y más o menos efectiva según el caso, hacer compatibles los sistemas normativos indígenas con los sistemas jurídicos constitucional, federal estatal y municipales.
