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Debate sobre el futuro energético del país: más allá de una reforma

de Eduardo Walsh

KASBLog: análisis y opinión

En septiembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico que busca regresar el control y la planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) al Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al mismo tiempo que modificaría sustancialmente el diseño institucional del SEN derivado de la reforma energética de 2013. Esta iniciativa ha generado polarización en la sociedad mexicana, motivo por el cual se propuso la realización de un Parlamento Abierto para su análisis y revisión.

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Desde principios del 2021, el presidente López Obrador anunció su intención de presentar una iniciativa de reforma constitucional para modificar sustancialmente el diseño institucional que rige al sistema eléctrico mexicano. El pasado 30 de septiembre, la iniciativa fue presentada ante el Congreso y consiste principalmente en la modificación de conceptos generales del sector energético nacional, contenidos en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, acompañados de un grupo de artículos transitorios. Sin embargo, lo relevante de esta propuesta radica en el cambio de enfoque del gobierno federal para tratar los temas energéticos del país, donde el Estado vuelve a ser el actor preponderante y margina la competencia económica.

Aunque la iniciativa fue fuertemente defendida por los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en conjunto no alcanzaron la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución y comenzó un fuerte trabajo de cabildeo entre los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo que desató una fuerte polémica, ya que dichos partidos tienen conformada una alianza opositora con el Partido Acción Nacional (PAN) en contra del gobierno morenista. Con la llegada del 2022, la discusión no se quedó en el aire, y a propuesta del poder legislativo se convocó a un Parlamento Abierto para escuchar las voces de los expertos en la materia y así tomar una mejor decisión al respecto.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados estableció que dicho Parlamento se llevaría a cabo originalmente del 17 de enero al 15 de febrero, aunque después se propuso que culminara el 28 de febrero próximo. Para ello, se invitó a alcaldes, gobernadores, representantes de la sociedad civil, empresarios y actores políticos a participar en 25 foros y mesas de discusión y análisis sobre cinco ejes temáticos: 1) Objetivos planteados y resultados de la reforma 2013, 2) El sistema eléctrico creado por la reforma de 2013, 3) Constitucionalidad y legalidad de la iniciativa de la reforma eléctrica de 2021, 4) El papel del Estado y 5) Medio ambiente y transición eléctrica.

El desarrollo de los foros ha permitido que los principales actores del sector eléctrico mexicano tengan un espacio para expresar sus opiniones, tanto a favor, como en contra de la reforma, y poder influir en la decisión final de los legisladores federales. Sin embargo, y contrario al espíritu de este ejercicio democrático, el presidente López Obrador, a través de sus conferencias matutinas, redujo el debate a quienes “respaldan a la CFE y quienes están a favor de mantener privilegios de empresas privadas”, y con eso condena cualquier argumento que esté en contra de la nueva reforma.

Principales temas abordados en los foros

Desde el inicio de los trabajos, el bloque opositor dejó en claro que la reforma no iba a ser aprobada tal como fue presentada, e hizo una invitación al gobierno federal para negociar. Dicha invitación no fue muy bien recibida por el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, quien, durante los trabajos del tercer foro, desestimó las inversiones y los proyectos de la iniciativa privada en el sector y sostuvo que la CFE debe retomar la rectoría. En respuesta, un grupo de expertos y representantes de la industria hicieron notar que el gobierno federal necesita trabajar en equipo con la iniciativa privada, si es que se quiere cumplir con las metas de generación de energía limpia que México se ha propuesto.

Otro aspecto relevante de la discusión tuvo lugar cuando se analizó la participación del Estado en el mercado eléctrico nacional. Este es uno de los puntos centrales de la discusión, donde predominan dos visiones contrapuestas: una que defiende que el Estado debe ser el actor preponderante en el mercado y otra donde se argumenta que su papel debe reducirse a regular y dar garantía a los agentes económicos. Se trata de la vieja disputa ideológica entre un orden más liberal y uno más estatista, pero, en este caso, la decisión que se tome repercutirá directamente en los consumidores finales, pues serán ellos quienes paguen los incrementos o se beneficien de las reducciones en el precio de la electricidad.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las repercusiones en este por la posible aprobación de la reforma también fue un tema abordado durante los foros. Los representantes del gobierno federal y de la CFE, quienes están a favor de la iniciativa, aseguraron que no hay una cláusula en el T-MEC que impida a México hacer cambios en su legislación energética, por lo que aprobar esta reforma no tendría ningún efecto negativo para la relación trilateral. No obstante, los argumentos en contra señalan que, si bien no está incluido el tema energético en el Tratado, de aprobarse la iniciativa, se afectaría directamente la confianza de los inversionistas, se pondrían en duda los esfuerzos mexicanos para lograr la transición energética y se afectaría la integración de las cadenas de suministro entre los socios, lo cual sí pondría a México en contra de los compromisos adquiridos en el Tratado.

Es importante mencionar que, durante las discusiones en el Congreso federal, se tuvo la visita de representantes del gobierno estadounidense involucrados con el sector energético. La secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, visitó al presidente López Obrador y participó en algunas reuniones estratégicas con actores relevantes de la vida pública de México, donde concluyó que la reforma “no crearía un campo de juego nivelado” para las empresas estadounidenses, aunque reconoció que hay apertura del gobierno mexicano para resolver la situación. A su vez, John Kerry, enviado presidencial de Estados Unidos para el Clima, se reunió también con el presidente y le externó su preocupación para que México siga en el camino hacia las energías limpias. Kerry explicó que son respetuosos de la soberanía de México, pero también señaló que buscarán ayudar para que el mercado energético sea abierto y competitivo. El embajador de EUA en México, Ken Salazar, también se sumó a las declaraciones al mencionar que México tiene la libertad de revisar su marco jurídico del sector eléctrico e impulsar los cambios que se consideren benéficos para el país, e indicó que él seguirá teniendo como prioridad el buscar piso parejo para los inversionistas y las empresas norteamericanas.

Un punto relevante a destacar es que, aunque el medio ambiente estuvo incluido como uno de los principales temas a revisar durante los trabajos del Parlamento Abierto, hasta el momento solo se ha abordado de manera tangencial y no se ha procurado un verdadero diálogo de fondo, en donde se revisen los datos duros y la evidencia académica existente. Se espera que, en las conclusiones del Parlamento, este importante tema tenga una mayor relevancia.

Reflexiones finales

Aunque aún estamos por presenciar un largo camino previo a la discusión formal en el pleno del Congreso, las repercusiones mediáticas y políticas de la misma no se han hecho esperar. No se puede dejar de lado que el presidente mexicano, entre otras cosas, ha decidido escalar este tema hasta volverlo un desacuerdo internacional entre México y España, al acusar a las empresas del país europeo de hacer lobbying, al margen de la ley mexicana, y señalar que eso es motivo suficiente para “poner en pausa” las relaciones diplomáticas entre ambos países. O la confrontación diplomática que tuvo el gobierno mexicano con representantes del gobierno de los Estados Unidos, quienes mencionaron, a través de su secretaria de Energía, que tienen “preocupaciones reales” sobre la iniciativa presidencial.

Y lo anterior solo si se mencionan asuntos de carácter internacional. Ya que si se agregan la polarización interna que ha generado entre ciudadanos la propuesta, la confrontación entre gobierno y sector privado y el clima de incertidumbre política que se vive actualmente en el país, la situación se torna aún más grave.

Sin embargo, lo más importante es que en las instalaciones de San Lázaro se está discutiendo no solo una iniciativa de reforma, sino el futuro energético de un país que cuenta con un enorme potencial para trabajar por la transformación energética del mundo.

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