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Educar en pandemia: rezago educativo y brecha digital

de Natalia Arriaga

KAS Blog: México2021: realidades y desafíos

Tras la pandemia, millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior fueron obligados a pasar de un modelo educativo presencial a uno completamente virtual. Sin embargo, la profunda desigualdad en México provoca que las condiciones de estudio en casa no sean equitativas para todos. Aunado a ello, la falta de implementación de políticas públicas educativas que ayuden a compensar la brecha digital condena a millones de estudiantes a la deserción escolar o al precario aprendizaje de habilidades.

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De acuerdo con el Sistema Educativo Nacional (SEN), en México existen tres modalidades de enseñanza: escolarizada, no escolarizada y mixta, siendo la presencial o tradicional la de población más numerosa, con 36,518,712 estudiantes (98.91%) de educación básica, media superior, superior y capacitación para el trabajo pertenecientes a escuelas públicas y privadas[1]. Para toda esta comunidad estudiantil, la pandemia prometía durar un periodo corto, por lo que las clases fueron pospuestas originalmente del 23 de marzo al 23 de abril de 2020[2]; no obstante, al cabo de algunas semanas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunciaba su programa “Aprende en casa” para retomar y concluir el periodo escolar en curso.

Este cambio abrupto implicó transformar la educación nacional de escolarizada a distancia y la SEP tuvo que desarrollar contenidos educativos que pudieran ser transmitidos por televisión abierta. Algunas escuelas públicas y privadas, unas mejor organizadas o con mejores condiciones que otras, emprendieron clases vía remota a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que encontraron a la mano. Sin embargo, algunas escuelas no han logrado, a casi año y medio, realizar el salto tecnológico porque el modelo educativo presencial nunca logró la alfabetización digital de profesores ni de alumnos.

Al inicio de la pandemia, más de 36 millones de estudiantes migraron de un sistema presencial de educación a uno completamente virtual. Casi año y medio después, no se ha logrado realizar el salto tecnológico ni de alumnos ni de maestros.

A pesar de los esfuerzos federales y estatales, algunos más transparentes que otros, por dotar a las escuelas públicas de computadoras y tabletas, antes de la pandemia, éstas apenas llegaron a contar con algunos equipos que no lograban cubrir la demanda de los alumnos. En el mejor de los casos, los equipos fueron donados y resguardados, pero jamás utilizados por la falta de internet y de profesores que estuvieran capacitados para incluir las TIC en sus actividades frente a grupo. Así lo señalan las cifras del último reporte 2019 del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México (INEE)[3], donde, de acuerdo con los directores o responsables de planteles, en preescolar y primaria menos de la mitad de las escuelas disponía de computadoras para estudiantes, mientras que en educación media superior esta proporción aumentaba, pues tres de cada cuatro planteles tenían este equipo. Además, debido a la falta de infraestructura tecnológica, las escuelas que atendían a la población en comunidades rurales eran las que tenían mayores carencias de internet.

Ante tales cifras, podríamos afirmar que, si bien la brecha digital en México precede a la pandemia, la modalidad presencial sólo servía de contención a la notable desigualdad que la virtualidad ha abierto para millones de estudiantes. Es decir, en un ambiente controlado como el escolarizado o presencial, las y los alumnos permanecían en un mismo entorno que les permitía uniformidad de condiciones dentro del aula. En un contexto como el actual, estudiantes y profesores se enfrentan a retos distintos, como el acceso a dispositivos electrónicos, la disponibilidad de internet, las condiciones domésticas de estudio, la falta de un proceso de socialización, así como la enorme carga de trabajo que les ha representado la preparación de nuevos materiales digitales bajo un ambiente nunca visto de aprendizaje.

Pese a estas grandes diferencias en la garantía y calidad de la educación que marcaron un antes y después de la emergencia sanitaria, las instituciones educativas terminaron sus planes de estudios como les fue posible. Se habló de resiliencia para dejar de hablar de las carencias y la oportunidad de replantearse el papel de la escuela en pandemia se quedó sobre la mesa de la SEP que, ante el latente escenario de deserción escolar y la falta de un nuevo esquema educativo, nunca dejó de presionar sobre un regreso a clases presenciales.

Así fue como la SEP, a inicios de este 2021, anunció la “Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales en las Escuelas de Educación Básica durante el ciclo escolar 2020-2021”. Dicho regreso a clases considera las condiciones del Semáforo de Riesgo Epidemiológico que publica la Secretaría de Salud, en tanto que las autoridades educativas estatales podrán iniciar un proceso paulatino, de tres fases (municipios rurales, semiurbanos y urbanos) para la apertura de las escuelas. Asimismo, la SEP y la UNAM emprendieron una campaña de vacunación a docentes del 20 de abril al 28 de mayo que, debido al calendario nacional de vacunación, no contempló la inmunización de las y los estudiantes de educación básica, media y media superior.

El gobierno federal ha desatado un falso dilema entre regresar o no a clases, sin explorar otras opciones que permitan disminuir el impacto de la pandemia en el aprendizaje.

Por supuesto, la estrategia de regreso a clases ha sido cuestionada por padres de familia y docentes, quienes no confían en las medidas y recursos que la SEP pueda destinar para preservar la higiene y distancia social necesarias. Al respecto, la secretaria de Educación, Delfina Gómez, explicó que los protocolos se están trabajando con los integrantes del Consejo Nacional de Autoridades  Educativas (Conaedu) y con la Secretaría de Salud, al tiempo que llamó “a quienes dicen no al regreso a clases, a cambiarlo por el sí, y sumarse a los esfuerzos del gobierno y la sociedad”[4]. Es así como el gobierno federal ha desatado un falso dilema entre regresar a clases para aminorar el rezago educativo y contagiarse, o no regresar a las aulas y asumir el rezago educativo sin explorar otras opciones que permitan a la comunidad estudiantil permanecer en casa y aminorar el impacto de la pandemia en el aprendizaje. En este punto, las autoridades educativas deberían saber que el regreso a clases no debería convertirse en un retroceso a la enseñanza tradicional, sino en una oportunidad para aprovechar lo que algunos organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo han denominado una “digitalización acelerada” que permita a estudiantes adquirir las habilidades cognoscitivas y tecnológicas que imperan en un entorno globalizado.

Es urgente legislar sobre la implementación de políticas educativas que reduzcan la brecha digital y eviten condenar a las futuras generaciones a una mayor desigualdad y pobreza.

El contexto actual debe convertirse en un urgente llamado a legislar sobre la implementación de políticas educativas que reduzcan la brecha digital y eviten condenar a las futuras generaciones a una mayor desigualdad y pobreza. El regreso a clases sigue siendo una prioridad, siempre y cuando las condiciones sean óptimas y las autoridades educativas asuman su responsabilidad en el cuidado de los menores. Por su parte, el Estado deberá centrarse no sólo en garantizar educación, sino en procurar la calidad educativa, por lo que padres de familia, docentes, estudiantes y autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán involucrarse para coadyuvar en la formación de ciudadanos libres, responsables y capaces de ejercer y defender sus derechos.

 

 

[1] “Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional, 2019-2020”, Secretaría de Educación Pública.

[2]  Acuerdo Número 02/03/20 [15 de marzo 2020], Diario Oficial de la Federación.

[3] “La Educación obligatoria en México. Informe 2019”, Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

[4] “El regreso a clases es un acto de corresponsabilidad que compete a todos: SEP”. Boletín 174, Secretaría de Educación Pública.

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