Desde 2018, año de su llegada al Ejecutivo, a la fecha, el presidente López Obrador ha cuestionado más de una vez el papel que juegan dos organismos autónomos que a su criterio son creaciones inservibles de lo que él ha clasificado como “periodo neoliberal”: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (Inai). Sobre el primero, declaró que es muy alto el costo electoral en comparación con otros países europeos, luego de los señalamientos de inconstitucionalidad que este organismo hiciera contra su partido Morena. Respecto al Inai, el presidente señaló su ineficacia como ente garante de transparencia, al ser su propia oficina la que presentó más observaciones sin resolución. Declaró que el Inai también resultaba muy costoso y que sus funciones debían ser asumidas por una secretaría de Estado, la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Por otra parte, los estados y municipios no se quedaron atrás en los controles generados desde el Ejecutivo, pues el 30 de noviembre de 2018 se incorporaron dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal las figuras de Coordinación General de Programas para el Desarrollo y la de Delegaciones de Programas para el Desarrollo en las 32 entidades federativas. Lo anterior no resulta ser otra cosa que la instauración de 32 “superdelegados” y un coordinador nacional encargados de vigilar in situ las acciones estatales y municipales, y asegurarse a la vez de brindar programas sociales mediante asignación directa versus el creciente recorte presupuestal a la federación. Esto genera lealtades sociales diferenciadas basadas en la competencia desleal del Ejecutivo hacia los estados y municipios.
A todo ello se suman sus nuevos comentarios en tres conferencias “mañaneras” (del 7, 21 y 25 de octubre) en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Particularmente, reitera su “derechización durante el periodo neoliberal”, con múltiples calificativos adicionales, aunque en esencia los comentarios se centran en este punto. Al respecto, la opinión pública no ha dejado de hacerse presente, incluso en redes sociales, donde docentes, estudiantes o egresados salen en defensa (completa o con algunas reservas) de la Universidad. Por su parte, la institución ya emitió un posicionamiento ante dichas críticas. La UNAM aseguró que en sus aulas e instalaciones se forman ciudadanos íntegros, de pensamiento independiente y sin ideologías impuestas. “El compromiso y solidaridad históricos de la Universidad Nacional con la nación es incuestionable”, señaló la Máxima Casa de Estudios en un comunicado1.
Ahora bien, es pertinente preguntarse cuál es el común denominador en los casos de los organismos autónomos, los estados, municipios y ahora de la UNAM. En primer lugar, la autonomía. En segundo lugar, y de acuerdo con el presidente, el estar atravesados directamente por el supuesto “periodo neoliberal” en México. En el caso de la autonomía administrativa, se habla particularmente de la independencia de estas instancias para regirse por sí mismas según sus múltiples propósitos. Los organismos autónomos, por un lado, en su función de control y contrapeso de los poderes del Estado frente a las y los ciudadanos en materia electoral y de transparencia (por sólo mencionar a los antes citados) para evitar caer en la opacidad de las cuentas públicas y la falta de legitimidad en los puestos de representación. Por otro lado, el propósito de los estados y municipios como autónomos es resguardar el pacto federal y la soberanía que ostenta cada demarcación para evitar abusos centralizados de poder. Por último, la autonomía universitaria que resguarda la libertad de pensamiento para evitar imposición de ideologías o creencias en los procesos de pensamiento. Cada uno de estos aspectos resguardan en su espíritu de autonomía condiciones esenciales para la vida en democracia.
En cuanto al segundo denominador “neoliberal” con el que el presidente califica a estas instancias, es preciso recordar que este periodo identificado en México durante la década de los 80 y 90 dejó grandes lecciones que sustentan el actual funcionamiento del Estado mexicano. Por la parte económica, la enseñanza de que liberalizar el mercado sin procurar justicia social, como lo implementa el sistema de Economía Social de Mercado en Alemania2, puede llevar a cualquier economía a la desigualdad. Respecto a lo político-administrativo, la enseñanza al parecer sigue siendo constante, dado que en la década de los 70 y 80 el corporativismo clientelar, o el monopolio de representación ejercido por el Ejecutivo, amenazó a sindicatos, empresarios y organizaciones sociales para cederle decisiones internas o dirigencias (cooptación) a cambio de favores o representaciones dentro del gobierno. Por supuesto, tras este periodo corporativista vino un periodo crítico de adelgazamiento de la burocracia de Estado que, como es sabido, tampoco resultó ser la salida a una administración pública eficiente.
En defensa de la autonomía en México, es obligatorio respaldar su existencia ante un pasado de cooptación, corrupción, opacidad, corporativismo de Estado3 y clientelismo para evitar el control político del Ejecutivo.
Así que, algunas décadas más tarde, el gobierno federal que promete una transformación observa en las instancias autónomas un contrapeso a su función, que no a su persona, y, al no poder controlarlas, les resta presupuesto, facultades y legitimidad. Es así como un resurgimiento corporativista parece vislumbrarse de la mano del actual gobierno federal al centralizar y querer poseer el monopolio de la representación quitando autonomía a múltiples instancias. Es notable el control que intenta tener sobre la mayoría de las instancias antes descritas, pero, en el caso de la UNAM, ¿qué intenciones se esconden tras las acusaciones del presidente? La respuesta de algunos líderes de opinión, entre ellos Salvador Camarena4, se encuentra en la reciente Ley de Educación Superior, que, sin tocar la autonomía universitaria, vincula peligrosamente en su Artículo 48 los objetivos de las instituciones de educación superior con el Plan Nacional de Desarrollo, además de vincular la planeación institucional de la educación superior con los objetivos y prioridades del desarrollo nacional. Frente a ello, Camarena asevera que instituciones como el ITAM ya se han amparado ante esta ley.
Un resurgimiento corporativista parece vislumbrarse de la mano del actual gobierno federal al centralizar y querer poseer el monopolio de la representación quitando autonomía a múltiples instancias.
En resumen, la realidad política mexicana demuestra que el futuro de la democracia depende en buena medida de la manera en que se articulan los intereses de los distintos grupos sociales, la cual deberá de ser autónoma del Estado y sus instituciones. Tras el descrédito a la UNAM, se esconde la continuación de un modelo de gobierno corporativista clientelar del siglo XX que merece ser cuestionado en su función representativa a causa de haber prometido una gran transformación político-administrativa, pero que en los hechos se vale de los vacíos del sistema político mexicano para cooptar y centralizar el poder.
La reciente Ley de Educación Superior, sin tocar la autonomía universitaria, vincula peligrosamente los objetivos de las instituciones de educación superior de los estados con el Plan Nacional de Desarrollo.
[1]El Financiero. [26 de octubre 2021]. Recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/26/amlo-reta-a-ofendidos-de-la-unam-y-a-quadri-a-manifestarse-en-su-contra-que-hagan-algo/
[2]Para mayor referencia, visitar: https://www.kas.de/es/web/mexiko/soziale-marktwirtschaft
[3]Para más información, revisar bibliografía: Schmitter, Philippe. El nuevo corporativismo. Reseña disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/138/13810209.pdf
[4]“Amlo vs. Universidades, más allá de la UNAM”. El Financiero. [26 de octubre 2021]. Recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/2021/10/26/amlo-vs-universidades-mas-alla-de-la-unam/
