La independencia judicial enfrenta un momento crítico en América Latina y México no es la excepción; así lo advirtieron especialistas y ex integrantes del Poder Judicial Federal durante el foro “El Futuro de la Justicia: independencia judicial en México y su entorno regional”, que tuvo lugar el pasado 5 de noviembre en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM).
El Foro fue organizado por el mencionado instituto, la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJAC), la Fundación Konrad Adenauer (KAS), Documenta. Análisis y acción para la justicia social (Documenta), Juicio Justo, Justicia en Diálogo y Mujeres por la Justicia, con el objetivo de analizar los desafíos que enfrenta la justicia en la región frente a las amenazas a la independencia, el riesgo de captura, así como reflexionar sobre los pasos necesarios para recuperar la independencia judicial y la confianza ciudadana.
En la apertura del evento, Mónica González Contró, directora del IIJ-UNAM, refirió que, “según la Organización de los Estados Americanos, México es hoy el único país del mundo en el que la totalidad de las personas juzgadoras son elegidas mediante procesos electorales” y recordó que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de septiembre de 2024, es decir, antes de la aprobación de la reforma ya advertía de los posibles impactos de la reforma en tres áreas esenciales: el derecho de acceso a la justicia, las garantías de independencia judicial y la vigencia del Estado de Derecho”.
A su vez, María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la AMJAC, explicó que la defensa del Poder Judicial no puede venir sólo de las personas juzgadoras, sino que debe implicar una alianza de éstas con la academia y sociedad civil y a nivel internacional.
Por otra parte, Juan Pablo Campos González, gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, subrayó la importancia de entender que el retroceso democrático que se está experimentando en México no pasa en el vacío, sino en un contexto regional con tendencias similares.
Al respecto, Laurence Pantin, directora de Juicio Justo, mencionó que en muchos países del continente, pareciera que los titulares del ejecutivo aplican el mismo manual para debilitar los contrapesos y afianzar su poder. Hizo un llamado a que en conjunto se pueda construir un manual para contrarrestar estos embates y recuperar la democracia.
Finalmente, Sofía González Talamantes, subdirectora de Documenta, reiteró la importancia de ofrecer una justicia centrada en las personas, más humana y cercana, que escuche y acompañe a quienes históricamente han quedado fuera de su alcance. La independencia judicial no se decreta, se construye y defender la independencia judicial es defender el derecho de todas las personas a una justicia accesible.
La reflexión se desarrolló a partir de dos mesas de diálogo que reunieron a especialistas nacionales e internacionales, así como a personas de la academia y personas que trabajaron en los poderes judiciales por décadas y culminaron su cargo recientemente.
La primera mesa, “El panorama de la independencia judicial en América Latina”, estuvo moderada por Francisca Pou, investigadora del IIJ-UNAM, e integrada por Liliam Arrieta, consultora en Estado de derecho y derechos de la mujer (El Salvador); Úrsula Indacochea, directora del programa de Independencia Judicial de Due Process of Law Foundation (Perú); y Sonia Rubio, consultora especializada en derecho internacional de los derechos humanos (El Salvador).
Las expertas advirtieron del peligro que se vive en la región con las narrativas gubernamentales que culpan a los poderes judiciales por contribuir a la inseguridad, como una manera de evadir su propia responsabilidad en la resolución de éste y otros problemas públicos. Coincidieron en que la degradación de la independencia judicial responde a una estrategia gradual de erosión constitucional. Agregaron que ni la democracia, ni la independencia judicial son permanentes y en la medida en que se erosionan se neutralizan los contrapesos y la división de poderes.
Esta ruptura, con apariencia de legalidad, se ha basado en la desarticulación institucional del Poder Judicial (mediante modificaciones a los mecanismos de selección y disciplina), su cooptación política - y el uso instrumental del Derecho para perseguir a los disidentes, puntualizó Rubio.
Por su parte, Indacochea explicó que una de las consecuencias de esta ruptura es que la justicia se vuelve selectiva y se forma un mercado para “conseguir” decisiones judiciales.
Frente a esta realidad, Arrieta sugirió que se debe sensibilizar a las personas sobre la importancia y los beneficios de vivir en democracia.
En la segunda mesa, “Independencia judicial en México: diálogo entre personas juzgadoras salientes y la academia”, moderada por Campos González, participaron la ex Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, el ex ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, el académico del IIJ-UNAM, Hugo Concha Cantú y el investigador del IIJ-UNAM, Israel Santos Flores.
Pardo Rebolledo aceptó que había problemas en el Poder Judicial pero requería un cambio con pinzas, no con trascabo. También señaló que los jueces no están ahí para representar los intereses del pueblo, sino para resolver los conflictos con objetividad e imparcialidad. Aunque considera que es pronto para juzgar lo que va a pasar con el nuevo Poder Judicial, para él, es claro que ahora se parte de bases distintas y lo que se debe exigir es estar a la altura de lo que la Constitución establece, ya que separar el texto constitucional de lo que pase en la realidad sería grave.
Por su parte, Piña Hernández señaló que lo que ocurrió con el Poder Judicial fue la tormenta perfecta, pero es importante reconocer que en todos los países de Iberoamérica las personas juzgadoras están enfrentando los mismos problemas. Agregó que las curvas de aprendizaje se pagan caro, ya que quienes las pagan son las personas justiciables.
Concha Cantú consideró que no existen elementos suficientes para analizar si el nuevo Poder Judicial va a resolver los problemas del sistema de justicia, porque nunca fue claro el diagnóstico que motivó la reforma, sino que el objetivo era lograr la elección popular de jueces. Finalmente, invitó a preguntarnos si el modelo de democracia constitucional que conocemos está agotado y se debe pensar en construir uno distinto.
El Foro finalizó con un llamado conjunto a defender la independencia judicial como pilar del Estado de derecho y garantía de los derechos humanos, subrayando que los retrocesos observados en distintos países de la región deben servir como advertencia y aprendizaje para México en el contexto actual de reforma judicial.
Para escuchar las intervenciones completas de las y los participantes, se puede acceder al video del evento en el siguiente enlace.
