La reforma político-electoral
Como cada presidente en cada sexenio, el pasado jueves 28 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma político-electoral, en la que se prevén cambios a 18 artículos constitucionales. A pesar de ser el tipo de iniciativa que se esperaría de un Ejecutivo con amplia mayoría en el Poder Legislativo, su apuesta por retirar el financiamiento público ordinario[1] a los partidos políticos, además de convertir al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), reduciría el presupuesto y las facultades del actual órgano electoral.
De acuerdo con la iniciativa, el nuevo INEC tendría que reducir de once a siete sus consejeros electorales; se aprovecharían las tecnologías de la información, como el voto electrónico, y, a nivel legislativo, se desaparecería a los legisladores plurinominales (cuya función es garantizar representación a los partidos minoritarios). En cuanto a la propaganda gubernamental, se propone ampliar las excepciones para su difusión, además de obligar a cada estación de radio y canal a destinar 30 minutos diarios durante los procesos electorales.
La razón de fondo es “abaratar” la democracia, dado que la impresión de boletas con candados de seguridad, entre otros aspectos de blindaje electoral creados especialmente por y para México, tienden a elevar sus costos. Se estima que la discusión de la reforma se realice en el verano de 2023, de acuerdo con el diputado Hamlet García, quien aseguró que Morena ya inició los trabajos de difusión del Parlamento Abierto[2]. No obstante, dados los antecedentes de la fallida iniciativa de reforma eléctrica, su aprobación sigue siendo improbable.
Realidad de la formación cívica en México
No obstante, los mecanismos pedagógicos continúan centrándose en la instrucción de conceptos u opiniones más que en el aprendizaje práctico-moral que regule los comportamientos de manera duradera.
Hasta el año 1993, el sistema de educación cívica y ética de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en las escuelas primarias estaba enfocado a sustentar un profundo sentimiento nacionalista que posteriormente fue reformado por el de una ciudadanía nacional, a través de un enfoque que apela a un tipo moral de adaptación a las leyes. No obstante, a partir de 2008, el programa se orientó hacia el desarrollo de ocho competencias cívicas y éticas, a saber: conocimiento y cuidado de sí mismo; autorregulación y ejercicio responsable de la libertad, respeto y aprecio de la diversidad; sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad; manejo y resolución de conflictos, participación social y política; apego a la legalidad y sentido de justicia, y comprensión y aprecio por la democracia[3]. Aunque la visión se ha transformado, aún queda un gran trabajo pendiente respecto a la gestión pedagógica del saber práctico en la formación cívica a cargo de los docentes, conforme al estudio realizado a México por la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá[4].
En la actualidad, el INE responde a ocho atribuciones[5] en lo federal y lo local, más las que los recientes tratados internacionales como el T-MEC[6] le mandatan. Entre esas ocho principales, se encuentra la de educación cívica, la cual segmenta a diversos grupos de edad con la finalidad de familiarizar tempranamente a niñas y niños en la materia electoral. Si bien el INE y la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizan convenios de educación para su difusión conjunta, la realidad es que, al tratarse de un órgano constitucional y una secretaría de Estado, su acercamiento ha quedado a expensas de ideales políticos que en la actualidad restan presupuesto a las diversas atribuciones nacionales que ostenta el INE además de organizar elecciones.
La participación ciudadana como reflejo de la realidad social
Existen demasiadas expectativas en torno a la participación ciudadana. Conocemos oportunamente lo que se esperaría de ella en un sistema de representación democrática, es decir, un espacio político en el que todas las personas tienen la libertad de expresar sus criterios de acuerdo con un orden mínimo de respeto a los derechos de cada persona. No obstante, para que la participación ciudadana opere oportunamente, existen principios básicos que deben ser asegurados, como la igualdad, la libertad y la seguridad. En un país como México, asolado por la violencia general y particularizada hacia mujeres y periodistas, resulta difícil imaginarse que exista un sentido de pertenencia a una comunidad donde las personas se desarrollen y confíen unos en otros.
Se trata de una reproducción constante de la violencia en cuyo caso se expresa un juego de dominación de los unos contra los otros. Por lo tanto, si la fuerza hace la justicia, ¿qué incentivo existe para participar en el orden establecido más que la obtención de algún bien o beneficio expresado de manera individual? Es necesario reforzar una formación cívica que muestre con hechos la utilidad de una resolución de conflictos que eleva la calidad de vida de quienes se suscriben a ella en comunidad.
La responsabilidad de los partidos políticos
Los principales interesados en atender el problema sistemático de la poca confianza en la representación de partidos deberían ser precisamente los partidos políticos. La reciente reforma política plantea recortes importantes al financiamiento público ordinario y la posibilidad de que esos gastos se financien a través de aportaciones de sus militantes y simpatizantes. Ante la eminente pregunta de si abrir la puerta del financiamiento de partidos completamente a privados asegurará los principios de confianza e igualdad en un país profundamente desigual y cooptado por el narcotráfico, surgen otras preguntas más:
Es bien sabido que la misión de un partido político es ganar elecciones, pero, para ganarlas, dependen de una base cognoscitiva mínima de sus votantes para entender una cultura política. En México, de acuerdo con el último estudio de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) del INE “Reflexiones sobre la participación ciudadana en México”[7], la ciudadanía en secciones rurales acude en mayor proporción a las urnas (64.5%). Lo anterior contradice la teoría de la modernización probada empíricamente en Europa y Estados Unidos, dejando como única razón el clientelismo electoral de “dinero por votos” ejercido por los partidos políticos en las poblaciones rurales de México.
Pensando de manera sostenible, se podría reflexionar si los pagos a operadores políticos y, a su vez, la compra de votos e incluso los tiempos oficiales de comunicación en época de campaña podrían ahorrarse en gran medida si de entrada las personas tuvieran clara la utilidad de su voto.
Conclusiones
En la disputa por la reciente iniciativa electoral, la discusión se centra en el aspecto financiero como parte de una ideología de austeridad que poco repara en la integralidad del entramado democrático. Los actores involucrados, SEP e INE, deben, por una parte, reformular su pedagogía y, por otra, no sacrificar su atribución en la formación cívica, en detrimento de una supuesta austeridad. En tanto, los partidos políticos deben vislumbrar su responsabilidad en la formación de una cultura política que trascienda la propaganda realizada con fines electorales o la formación interna de sus cuadros. Esto implica que, previo a debatir sobre el financiamiento público ordinario a partidos, se debería pensar en las ventajas de establecer el uso etiquetado de presupuesto a la difusión de una cultura democrática. Una eficiente formación cívica a nivel nacional requerirá de la cooperación de todos los actores democráticos involucrados. El financiamiento a partidos no es el factor que convierte a la democracia en un sistema costoso, sino la falta de una formación cívica que encubre y fomenta prácticas clientelares con dobles costos para la sociedad.
[1] Es decir, todo aquel que comprende los gastos para conseguir la participación ciudadana en la vida democrática; la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer; el gasto de los procesos internos de selección de candidatos; sueldos y salarios del personal; arrendamiento de muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares; la propaganda de carácter institucional y campañas de consolidación democrática. Consultado en: https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/financiamiento-publico/
[2] Consultado en: https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/la-propuesta-de-reforma-electoral-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-se-podria-aprobar-en-el-verano-de-2023-hamlet-garcia#gsc.tab=0
[3] Consultado en: https://www.redalyc.org/pdf/3459/345938641004.pdf
[4] Consultado en: https://www.redalyc.org/pdf/3459/345938641004.pdf
[5]Consultado en: https://centralelectoral.ine.mx/2017/10/23/cuales-son-las-funciones-y-las-atribuciones-del-ine-en-las-eleccciones2018/
[6]https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/15/ine-le-entra-al-t-mec-observara-proceso-de-nuevo-contrato-colectivo-en-planta-de-gm-en-silao/
[7]https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/10/Deceyec-reflexiones_sobre_la_participacion.pdf
