Desde la recomendación hecha en 1991 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) a los partidos políticos para promover una mayor participación de las mujeres, hasta las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que ordenaban a los partidos políticos la progresividad de su participación política, las cuotas paritarias fueron y seguirán siendo un punto de partida en el largo camino hacia la paridad sustantiva.
Entre el debate político y social que despertó la implementación de acciones afirmativas que obligan a los partidos políticos a postular mujeres y hombres en igualdad de condiciones, México llegó en 2018 a la LXV Legislatura en cumplimiento de la paridad de género. Esto se logró tras conseguir un 50/50 en participación de mujeres y hombres. Ello ha significado un avance importante no sólo en la vida de las legisladoras, quienes ahora cumplen un papel de representación política, sino sobre todo en la percepción social respecto a la reinterpretación del papel de las mujeres en la vida pública.
Es por ello que, al hablar de cuotas de género como parte de las acciones afirmativas, no debe olvidarse el objetivo más grande en la incesante búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres: la igualdad sustantiva. Tal concepto ha sido definido por la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México como “el acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos” y supone en sí una modificación de circunstancias estructurales, legales o de política pública para que las personas ejerzan con libertad sus derechos y logren su propio desarrollo personal.
Como es posible deducirlo, la paridad ha sido un paso importante, pero aún es insuficiente si se considera que esta participación política de la mujer todavía no logra llegar a los puestos más altos de toma de decisiones. Ejemplo de ello ha sido la histórica designación de diputadas federales como presidentas de comisiones en materias de derechos humanos o medioambientales, pero en pocas ocasiones en materias fiscales, como hacienda, o en la misma dirección de la Junta de Coordinación Política, que es el órgano encargado de coordinar y llevar la agenda del trabajo legislativo.
En cuanto al Poder Judicial, la participación de las mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ubica apenas en un 16.7%, de acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal, con lo que México se posiciona en el sexto lugar de 30 países evaluados[1]. Por su parte, en el orden estatal, de 1953 al 2020 se eligieron 351 personas para desempeñarse como titulares de los poderes ejecutivos locales, de los cuales, 344 eran hombres, es decir, el 98%, y solamente siete eran mujeres[2] (hasta ese año; tras las elecciones de 2021, actualmente hay nueve gobernadoras). Al respecto, el máximo órgano electoral en México, el Instituto Nacional Electoral (INE), ha ordenado a los partidos políticos postular a candidatas en tres de las seis gubernaturas que se disputarán este año.
Asimismo, para lograr entender los retos de la igualdad sustantiva en términos sociales de las mujeres trabajadoras y madres de familia, es preciso visibilizar que las políticas públicas han ido en retroceso. Tras la llegada del presidente López Obrador, el apoyo federal que recibían las estancias infantiles para hijos de mujeres en sectores informales y sin acceso a prestaciones del Estado fue cancelado, con lo que miles de mujeres quedaron en la imposibilidad de insertarse en el mercado laboral. Caso parecido fue el intento del presidente por desaparecer la red de refugios para mujeres en situación de violencia; no obstante, las diferentes organizaciones a cargo lograron evidenciar su importancia ante los altos índices de violencia hacia la mujer, los cuales, dicho sea de paso, se acrecentaron durante el aislamiento en pandemia.
Si bien es cierto que, en lo procedimental o formal, las acciones afirmativas que obligan a la inserción de las mujeres a la vida pública en igualdad de condiciones han arrojado sus primeros resultados, desde el Poder Ejecutivo aún prevalecen prácticas que en lo sustancial no abonan al logro de la igualdad sustantiva. Demasiado se ha hablado respecto a la integración de mujeres en el gabinete del presidente López Obrador, sin embargo, poco se ha podido demostrar la injerencia real de ellas en la toma de decisiones, sin contar las afrentas directas que ha tenido con diversos colectivos feministas e incluso el apoyo absoluto al candidato a gobernador en 2021, Félix Salgado Macedonio, quien fuera señalado por varias mujeres como agresor sexual.
Desde este panorama, en el que la complejidad social pareciera arrojar un escenario desolador, diversas organizaciones, organismos públicos locales y estatales, además del propio INE, emprenden en México acciones a las que organismos de cooperación internacional como la KAS México se han sumado en favor de la igualdad de género. Lo anterior, en razón de su objetivo por generar más y mejor democracia para una comunidad global que asume que al ignorar a la mitad de la población mundial la democracia plena no será posible.
Es importante tomar en cuenta que, así como hace algunos años fue vital mostrarles a las mujeres que tenían derecho a participar en la vida pública, hoy en día se debe reforzar la trascendencia de la incidencia política en igualdad de circunstancias no sólo a mujeres, sino a hombres, para que exista un piso parejo donde los liderazgos de ambas partes sean asumidos y no contrapuestos. Para ello, es preciso recordar que si uno de los obstáculos que enfrentan las mujeres líderes en la actualidad son los techos de cristal, es necesario abonar a su especialización en diversas materias técnicas y teóricas que les ayuden a acceder con eficacia a los debates o discusiones de temas de los que han sido relegadas históricamente.
En conclusión, el logro de la paridad en México no es aún un camino ganado en la consecución de la igualdad sustantiva, sino un recurso importante que abona a resarcir la omisión de los derechos de las mujeres en el ámbito cívico-político. Por otra parte, es necesario no olvidar otros sectores sociales, como el empresarial, donde la igualdad en los consejos que los integran aún no llega, o como el público, en donde la violencia hacia la mujer escala desde acciones como los retiros de apoyos gubernamentales, hasta en tipos penales como el feminicidio. Sigue siendo necesario que todas las personas que fungen como principales representantes de la población asuman su peso como portavoces de un discurso que encuentra eco en la sociedad. Si los estereotipos basados en el género siguen reflejándose en las leyes, instituciones y representantes, incluso las acciones más dignas como la paridad pueden derivar en meras formalidades.
[1] https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-judicial-porcentaje-mujeres-ministras-maximo-tribunal-justicia-o-corte-suprema
[2] https://centralelectoral.ine.mx/2021/10/15/prioritario-avanzar-en-la-paridad-social-y-empresarial-consejera-carla-humphrey/
