Desde el primer año de gestión, el gobierno de la 4T ha promovido acciones enfocadas en desmantelar la actual legislación energética y apuntalar lo que para ellos representa el “futuro” de la soberanía energética de México. La más reciente es la reforma eléctrica, sobre la cual el debate público se ha concentrado en una discusión ideológica, y se ha olvidado de que este tema tiene un fuerte componente de pragmatismo y realismo global, donde el futuro económico, social y de salud de los ciudadanos mexicanos está en juego.
Aspectos más relevantes de la iniciativa de reforma
El pasado 1 de octubre, el presidente de México mandó una iniciativa a la Cámara de Diputados que propone reformar tres artículos de la Constitución mexicana referentes al sector energético nacional. En términos muy puntuales, lo que la reforma propone es:
1. Desaparecer los organismos reguladores del sector energético como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), además de que la Secretaría de Energía absorba al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
Esta acción puede provocar una discrecionalidad en la toma de decisiones del sector energético en México, porque el gobierno será árbitro y jugador al mismo tiempo.
2. El Estado tendrá el monopolio de la explotación de minerales radioactivos, el litio y la electricidad.
Por ley, el gobierno federal será el único actor económico que pueda extraer y comercializar los minerales radioactivos y el litio, los cuales son utilizados en la fabricación de baterías para automóviles eléctricos y teléfonos inteligentes. Además, en lo que se refiere al sector electricidad, será la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el único organismo facultado para suministrar a usuarios finales, y se le otorga por ley el dominio del 54% del mercado nacional de energía eléctrica. Los particulares solo pueden acceder al i46% restante.
3. Cambios en el despacho eléctrico del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Lo que significa cambiar el orden en la que la CFE compra/adquiere la energía para abastecer el país.
Actualmente, la compra de energía eléctrica se rige por el principio de economía, en donde las fuentes de generación más baratas (como los son la solar y la eólica) ocupan los primeros lugares, dejando al final las más caras y contaminantes (como el carbón y el combustóleo). La nueva reforma propone que sea la CFE la que decida arbitrariamente las fuentes de energía que tomará primero, y ya han avisado que las renovables pasarán a los últimos lugares de la lista; en su lugar, estarán las plantas térmicas y de gas de la CFE, lo que deja de lado el principio económico y del cuidado al medio ambiente. Es importante mencionar aquí que, si la CFE ya no toma en consideración los costos de la energía para su compra, se podrían dar aumentos en el costo de la energía, ya sea de forma directa al consumidor final (vía el recibo de luz) o a través de subsidios (que se pagarían con impuestos, mismos que dejarían de ser usados para otros fines como educación, salud o seguridad).
4. Se cancelan todos los permisos de generación y los contratos de compraventa de electricidad del sector privado, así como las solicitudes pendientes de resolución.
Todas las empresas que actualmente generan electricidad ya no podrán venderla a consumidores finales (residenciales o empresas) y estarán obligadas a venderla a la CFE, lo cual violaría la competencia económica para garantizar mayor calidad y mejor precio de los servicios de electricidad.
5. El Estado mexicano será el único responsable de ejecutar las acciones encaminadas a la transición energética en México.
Al poder hacer uso de todas las fuentes de energía y las industrias requeridas con las que dispone el país, la propuesta propone la renovación de maquinaria de 10 centrales hidroeléctricas y la construcción de un parque fotovoltaico en Sonora, como acciones para lograr los objetivos nacionales e internacionales que México ha suscrito para combatir el cambio climático.
De lo técnico a lo político
Para poder aprobar la reforma constitucional, la propuesta del presidente requiere de una mayoría calificada, lo que significa que la votación de la Cámara de Diputados debe ser de, cuando menos, dos terceras partes de los legisladores que se encuentren presentes. Si se consideran los 500 diputados que integran la Cámara federal, el número requerido es de 334 legisladores a favor de la iniciativa.
La realidad es que Morena y sus partidos aliados no alcanzan el número de votos para aprobar la reforma eléctrica y eso ha detonado toda una labor de cabildeo político desde diferentes autoridades del gobierno.
En este contexto, se ha visto al presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras amenazando de forma indirecta a los legisladores que pretendan votar en contra de la iniciativa: “Les digo a los legisladores, no es amenaza ni advertencia (…) que no estén pensando que van a votar en contra de esta reforma y nadie se va a enterar. Si no somos tapadera, aquí cada quien va a asumir su responsabilidad”.
Al mismo tiempo, el presidente ha iniciado un “coqueteo político” con prominentes militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quienes invitó a votar en favor de la iniciativa, al recordarles que el expresidente Adolfo López Mateos, quien era de su partido, nacionalizó la industria eléctrica. A partir de esas declaraciones, el PRI ha vivido días turbulentos en sus filas, y actores nacionales como Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, o Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, han salido públicamente a invitar a sus correligionarios a aprobar la iniciativa, al mismo tiempo que su presidente nacional, Alejandro Moreno, no ha dado muestras claras de hacia dónde votará el PRI. Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han negado expresamente el apoyar la reforma.
Por otro lado, una gran cantidad de expertos, tanto políticos como técnicos, concuerdan en que la propuesta presidencial enfrentará un difícil camino, y no solo en lo que se refiere al Poder Legislativo. De aprobarse, los particulares que se vean afectados por las disposiciones gubernamentales podrán presentar recursos ante las cortes de arbitraje internacionales.
Una gran cantidad de expertos, tanto políticos como técnicos, concuerdan en que la propuesta presidencial enfrentará un difícil camino.
¿Qué pasará después de la reforma?
Independientemente de lo que suceda en los próximos meses, hay realidades que hoy no pueden ocultarse. La generación de electricidad por parte de la CFE sigue siendo mucho más cara que la del sector privado, aproximadamente 4.9 veces más, según los datos de septiembre pasado de la CRE.
Asimismo, un dato importante es que aproximadamente el 50% de la generación eléctrica en México está a cargo del sector privado. Si la ley los expulsa, en automático dejarán de aportar y la posibilidad de apagones se vuelve importante, por lo que la Secretaría de Energía (Sener) y la CFE deberían estar pensando en cómo resolver esta situación.
Otro factor relevante es que año con año aumenta el presupuesto destinado para subsidios de la CFE, etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que para el año 2022 se prevé sea de 73 mil millones de pesos1. Por último, se pueden prever dos posibles escenarios:
1. Si la reforma no es aprobada, el presidente acusaría a los políticos de la oposición de ser parte del grupo “neoliberal” que tanto daño le ha hecho a México (según sus propias palabras), al mismo tiempo que mantendría un discurso con el sector del electorado nacional más cercano.
2. En caso de que la reforma sea aprobada, el gobierno de la 4T tendrá que enfrentarse ahora a los afectados de la reforma, quienes seguramente no se rendirán tan fácilmente. Al mismo tiempo, se reducirá la credibilidad para invertir en México.
Lo que esta propuesta de reforma ha evidenciado es la astucia política del presidente para sembrar discordia entre sus adversarios.
Ya sea uno u otro escenario, lo que esta propuesta de reforma ha evidenciado es la astucia política del presidente para sembrar discordia entre sus adversarios, la cual dejará cicatrices visibles que los acompañarán los próximos tres años. La alianza opositora tendrá la difícil tarea de mantenerse unida, si es que busca tener un espacio de decisión en la próxima renovación presidencial.
[1]Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2022. Disponible en: https://www.ppef.hacienda.gob.mx/
