Una democracia no puede existir sin un Estado de Derecho sólido. Este garantiza que todas las personas puedan gozar de una mejor calidad de vida, mediante la división de poderes, el apego a las leyes y el respeto de los derechos humanos.
De ahí la relevancia del acceso a la justicia. Todo Estado democrático, debe garantizar recursos judiciales rápidos, sencillos y efectivos a las personas que habitan en él. En México, las personas, en su mayoría, no acuden a denunciar ante el ministerio público, y cuando acuden no necesariamente se abre una carpeta de investigación (ENVIPE, 2020).
El acceso a la justicia vía el juicio de amparo tiene una complejidad técnica y conceptual. Se trata de un concepto ambivalente y multívoco. El acceso a la justicia es concebido como un derecho fundamental autónomo que no ha sido desarrollado en la jurisprudencia mexicana.
Hoy, debido a la pandemia por COVID-19 se ha agilizado el acceso a la justicia digital, sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. Se debe llegar a poder garantizar un acceso universal a la justicia de manera digital, en todas las jurisdicciones locales que permita la presentación de demandas, el desahogo de audiencias en línea, presentar recursos y otras promociones, interacción entre las partes, entre instancias judiciales y entre éstas y otras autoridades.
Durante el mes de mayo se realizaron otras dos mesas: Un diagnóstico multidimensional (ir al White Paper) (4 de mayo) y Acceso a la justicia y desigualdad (18 de mayo).
