El Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-Mex) es un estudio creado para analizar fortalezas y debilidades en el desarrollo de la democracia mexicana, el cual, permite a las dirigencias políticas, sociales y económicas contar con elementos de diagnóstico útiles para diseñar políticas específicas, que ayuden a lograr mayor desarrollo en las entidades federativas del país.
El informe es presentado por la Fundación Konrad Adenauer (KAS) en México, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Confederación Nacional de la Unión Social de Empresarios Sociales (USEM), el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPOS) y la consultora Polilat.
En 2022, el IDD-Mex registra retrocesos en todas las dimensiones, a excepción de la Democracia de las Instituciones, que presenta un promedio levemente superior. Particularmente es fuerte la caída en las dimensiones III y IV. Debido a ello es que se produce un bajo nivel del promedio nacional, con un registro cercano al peor valor de la serie que se había establecido en 2021.
Nuevo León vuelve a mostrar un descenso en su puntaje respecto de 2021, es la tercera vez que registra menos de 6,000 puntos y esta valoración es la más baja de la serie, con 5,576 puntos, y así se consolida en el grupo de estados que califican con desarrollo medio. Su descenso viene acompañado también de una caída en el ranking nacional, donde retrocede tres posiciones para ubicarse en el 9° puesto de la tabla del IDD-Mex.
En esta medición retrocede como consecuencia de importantes desplomes en los puntajes correspondientes a Democracia de las Instituciones y Democracia Social. El crecimiento observado en las otras dos dimensiones no alcanza a compensar estas bajas puntuaciones.
En Democracia de la Ciudadanía, la entidad presenta una mejor calificación, creciendo 7% respecto del año anterior, aunque todavía se mantiene muy por debajo del promedio nacional y sostiene su nivel de bajo desarrollo con 3,751 puntos, colocándose en el puesto 25 del ordenamiento nacional, siendo ésta la dimensión en la que gana su peor ubicación. Los principales retos para el desarrollo en Democracia de la Ciudadanía radican en las variables Género en el gobierno (su registro se ubica entre los cuatro peores estados del país), Libertades civiles (integra el lote de seis entidades de más bajo desempeño) y Compromiso ciudadano (entre los ocho peores valores nacionales).
En Democracia de las Instituciones presenta una caída de 30% en relación a 2021, perdiendo más de 1,400 puntos e integrando ahora el grupo de bajo desarrollo con 3,278 puntos, por debajo del promedio nacional, y retrocede 10 lugares en el ranking nacional. Los indicadores de Desestabilización de la democracia y de Accountability legal y política son las variables cuyo mejoramiento le permitirían una rápida recuperación en esta dimensión.
Democracia Social es en la que, proporcionalmente, sufre la caída más significativa con puntaje de 0,877 por encima del promedio, 32% inferior al de 2021; cuestión que, además, ubica a Nuevo León este año en el grupo de entidades con desarrollo medio y pierde seis lugares en la escala. Las variables Gasto en educación, Gasto en salud y Desempleo son las que explican que la entidad haya abandonado el conjunto con alto desarrollo y a su vez constituyen los espacios de trabajo para la gestión local que podrían mejorar fuertemente su desempeño en esta dimensión.
Oportunidades para mejorar su Desarrollo Democrático
- Diseñar políticas para propiciar un mayor clima de libertad.
- Generar programas de participación y compromiso ciudadano con la democracia.
- Fortalecer el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles.
- Hacer efectiva la equidad en la participación de la mujer en los poderes del Estado.
- Profundizar la lucha contra la delincuencia organizada y la violencia de género.
- Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
- Sistematizar el diálogo y la inclusión de grupos sociales marginados para otorgar eficaz atención a sus demandas.
- Incrementar la asignación de recursos en salud y en educación.
- Robustecer los programas de formación para combatir el desempleo.
- Ofrecer facilidades para la iniciativa privada y su complementación con el sector público.
- Promover políticas de inversión y de consolidación de capital fijo público.
