Un grupo plural de organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales e instituciones académicas presentó ante el Congreso del Estado de Nuevo León una iniciativa ciudadana de reforma constitucional al Poder Judicial, con el objetivo de fortalecer la confianza en la justicia, garantizar la independencia judicial y elevar los estándares de preparación de quienes aspiren a impartir justicia.
La propuesta se inscribe en el contexto del nuevo modelo de elección de personas juzgadoras mediante voto ciudadano. Frente a este cambio estructural, la iniciativa plantea mecanismos orientados a asegurar que dicho proceso se desarrolle con reglas claras, criterios técnicos y garantías de imparcialidad.
Durante la presentación, las organizaciones promoventes subrayaron la importancia de equilibrar la legitimidad democrática con la competencia profesional, destacando que la función judicial debe sustentarse en la preparación técnica, la ética y la responsabilidad, y no en la popularidad o en la capacidad de campaña.
La iniciativa se articula en torno a dos ejes principales. Por un lado, propone asegurar perfiles técnicamente idóneos mediante la incorporación de una evaluación técnico-jurídica previa obligatoria, así como el establecimiento de requisitos más estrictos para las personas candidatas. Asimismo, contempla reglas claras para el proceso electoral, incluyendo la prohibición de financiamiento público y privado en campañas judiciales y restricciones a la intervención partidista.
Por otro lado, plantea el fortalecimiento de la disciplina judicial a través de la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial independiente, con una clara separación de funciones de investigación, resolución y revisión, a fin de garantizar el debido proceso y evitar concentraciones indebidas de poder.
Las organizaciones firmantes coincidieron en que una justicia confiable es un elemento fundamental tanto para el Estado de derecho como para la vida cotidiana de las personas. En este sentido, destacaron que la calidad de la justicia impacta directamente en ámbitos como la protección de derechos, la seguridad jurídica y las condiciones para la inversión y el desarrollo económico.
La iniciativa también busca contribuir al fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones, mejorar la calidad de las resoluciones judiciales, reducir riesgos de corrupción o captura del sistema y generar condiciones más estables para el desarrollo social y económico en la entidad.
La propuesta cuenta con el respaldo de diversas organizaciones e instituciones, entre ellas Consejo Cívico, Consejo Nuevo León, Hagámoslo Bien A.C., Vertebración Social Nuevo León A.C., Promoción de Paz A.B.P., Juicio Justo, la Fundación Konrad Adenauer México, la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Regiomontana, la Universidad de Monterrey, así como organismos empresariales como COPARMEX Nuevo León, CANACO Monterrey, CAINTRA, entre otros.
Con esta iniciativa, los promoventes buscan contribuir a una discusión pública informada sobre el diseño institucional del Poder Judicial en Nuevo León, en un momento clave para la evolución del sistema de justicia en México.