La investigación se presentó durante una jornada completa de reflexión y discusión sobre la independencia judicial a nivel local, que congregó a especialistas nacionales e internacionales, representantes, por ejemplo, de la Barra Mexicana de Abogados, el Vance Center for International Justice e Impunidad Cero, además los mencionados México Evalúa y la Fundación Konrad Adenauer México. Cabe destacar la presencia de Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU, Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de México; Carolina Villadiego, líder del Equipo de América Latina de la Comisión Internacional de Juristas; Adriana Orocú, presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados y Gloria Avecia Solano, presidenta de la Asociación de Mujeres Magistradas y Juezas A.C.

Hans-Hartwig Blomeier, representante de la Fundación Konrad Adenauer México, valoró el esfuerzo colaborativo detrás del documento y de la jornada misma, representado en una línea de investigación entera bajo el lema “Sin Justicia no hay Democracia”.

En su presentación de resultados del estudio, Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, describió el contexto de ataques múltiples a la independencia judicial por parte del poder político como una de las justificaciones para emprender este estudio. Y es que en la medida en que desde la cabeza del Poder Ejecutivo se acusa y exhibe a personas juzgadoras por emitir resoluciones que no son de su agrado, o que van en contra de sus políticas o porque liberan a presuntos delincuentes, se agudiza la persecución y criminalización de las personas juzgadoras a nivel local. “Todo esto es motivo de sobra para no quitar el dedo del renglón y defender la independencia judicial”, subrayó Pantin.

La investigación tomó como referencia los estándares internacionales de independencia judicial, desde los tres ámbitos en los que ésta se puede observar: el funcional, que se refiere a la libertad de criterios a la hora de decidir sobre asuntos concretos en los poderes judiciales; el profesional, enlazado con los derechos de las personas juzgadoras en su condición de funcionarias, y el institucional, que corresponde al funcionamiento correcto y sin ficciones del Poder Judicial con los otros poderes.

Para conocer qué tan garantizada está la independencia judicial a nivel local, el estudio analizó la normatividad de las 32 entidades federativas, pero también las prácticas internas documentadas tanto de los poderes judiciales como de los otros poderes del Estado, en el entendido de que la ley por sí sola no asegura su cumplimiento en el día a día. Los resultados se expresaron en 51 indicadores. Éstos, subrayó Alejandra Quezada, investigadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa y una de las autoras del estudio, “de ninguna manera pretenden establecer un ranking o calificar la buena o mala actuación de los poderes judiciales o de los estados”, sino revelar los aspectos a mejorar y las buenas prácticas o normas que se pueden emular. En este sentido, el estudio propone “una herramienta para que cada poder judicial, pero también los otros poderes del Estado, así como las personas interesadas, puedan conocer los rubros de independencia judicial que se deben fortalecer en su entidad, y saber cómo se ha podido garantizar en otros estado”.

De la revisión normativa, el estudio concluye que, en promedio, los estados cumplen con apenas el 32% de los indicadores. De hecho, ningún estado llega al 50% del cumplimiento de los indicadores (en la parte normativa). Por otra parte, la revisión documental arroja que, en promedio, sólo para 40% de los indicadores las prácticas institucionales cumplen con las garantías de independencia judicial. 

En todo caso, el análisis indica que las garantías de independencia en México, si acaso están incorporadas, tienden a ser las más básicas. Lo que se observa en general es que el hecho de que una garantía exista en la normativa no asegura necesariamente su cumplimiento en los hechos, y que existen prácticas que no están reguladas.

“Sabemos que la obligación principal de legislar les compete a los congresos y no a los poderes judiciales. No obstante, todos los poderes judiciales cuentan con la facultad de presentar iniciativas de ley y de reforma, por lo que existe un mecanismo legal para que puedan impulsar la incorporación de garantías en la normatividad”, refirió Laurence Pantin, como una señal del camino que se puede recorrer.

En la jornada también se presentó el documento El estado de la independencia judicial en México: el presupuesto judicial en las entidades federativas, de Impunidad Cero. El estudio pone de relieve uno problema principal: al menos en lo operativo, los recursos de los poderes judiciales locales suelen estar cubiertos. Sin embargo, no hay presupuestos multianuales (y los anuales suelen ser materia de litigio), lo cual va en contra de una estrategia integral de servicios judiciales y de acceso a la justicia.

Juan Pablo Campos, gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer México, dejó esta idea final: “Consideramos que hoy es un buen momento para hablar sobre independencia judicial, ante los ataques a la justicia en México”.

A manera de recomendaciones de mejora, el documento puntualiza:

• Se deben incorporar todas las garantías de independencia judicial en la normatividad de manera clara y actualizar las normas ambiguas existentes.

• Es conveniente que los Poderes Judiciales revisen y aseguren que todas las garantías de independencia judicial estén previstas en su normatividad interna.

• Debe realizarse un análisis de sus prácticas internas de los poderes judiciales para evaluar las que cumplen con las garantías y las que no, e implementar un plan de trabajo para mejorar este cumplimiento.

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