La Organización Mundial del Trabajo ha señalado que las consecuencias generadas por la contingencia sanitaria que atravesamos, representan la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Esto, tras considerar que el 81% de la fuerza laboral en el mundo ha sufrido afectaciones para contener la propagación de la pandemia.
Las modificaciones en las condiciones de trabajo, las reducciones salariales o en prestaciones y los despidos han generado una serie de conflictos obrero-patronales que deben ser atendidos por la justicia estatal.
No obstante, el sistema de justicia en México no ha sido capaz de ofrecer una respuesta eficaz a éstos y otros problemas, afectando el desarrollo económico y social del país y, de manera muy clara, la defensa de los derechos de la población, lo que pone en entredicho al mismo Estado Democrático de Derecho.
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