Representantes de Poder Ciudadano, Transparencia Internacional, y otras organizaciones argentinas se encontraron para debatir cuestiones de ética pública.

El evento fue moderado por Marie-Christine Fuchs, directora del Programa Estado de Derecho en Latinoamérica, y Hugo Wortman Jofre, presidente de la organización argentina Poder Ciudadano.

¿Cuáles son las tensiones culturales que los hechos de corrupción hacen visibles? fue una de las preguntas clave durante la discusión.

El apoyo de instituciones estatales por organizaciones no-gubernamentales para efectivamente combatir la corrupción ha sido una de las conclusiones más importantes al final del debate.

El pasado 3 de abril en Buenos Aires, junto a la ONG Poder ciudadano, se desarrolló un Café y Debate sobre transparencia y lucha contra la corrupción, que intentaba responder ¿qué valor se protege cuando se habla de ética pública? ¿cuáles son las tensiones culturales que los hechos de corrupción hacen visibles? ¿es suficiente con diseñar mecanismos punitivos para los actos de corrupción?

El debate evidenció la necesidad que el tema de la ética pública esté presente en la agenda jurídico-política argentina y que las organizaciones de la sociedad civil se agrupen para un mayor control, ya que un primer desafío es pensar ¿cómo articular al ciudadano con las políticas de gobierno?

A su vez, otro reto que planteó el debate es la necesidad de revisar los mecanismos de sanción y prevención en ética pública y de exigir un organismo anticorrupción independiente, con recursos suficientes y con las competencias necesarias para actuar de manera efectiva y concreta a fin que provoque verdaderos cambios en el sistema existente. Lo que generó la duda sobre si se necesita una justicia anticorrupción específica.

Los participantes aseguraron que hay tres temas que suponen reformas importantes para la nación: las incompatibilidades y conflictos de interés, que es uno de los desafíos más importantes en materia de ética pública ya que la ciudadanía no los percibe; el actual régimen de Declaraciones Juradas, y la autoridad de aplicación.

Parte de las intervenciones también estuvieron dirigidas a propuestas para organizar y sistematizar la lucha contra la corrupción. Una idea fue reformar la ley de ética pública y la Oficina anticorrupción, acompañado de una alianza entre las organizaciones de la sociedad civil y algún organismo del gobierno; también formar una alianza entre la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y las organizaciones de la sociedad civil, y continuar el trabajo en conjunto con instituciones u organismos que regulen la actividad económica.

Al finalizar el diálogo los expertos concluyeron que en Argentina los problemas de ética pública y corrupción son sistémicos, que las ONG son herramientas clave en la lucha contra este fenómeno, y, por último, que es clave formalizar una estructura de alianzas para superar los desafíos frente a este delito que se mueve a gran velocidad.