Jueces, fiscales y policías parecen no tener claro su papel en el sistema de investigación penal argentino, ni la necesidad de que sus funciones se coordinen a fin de obtener mejores resultados en la tarea común. Sumados a las falencias de la propia legislación, los problemas de perspectiva de estos agentes, la confusión respecto a sus objetivos, han llevado a lo que puede considerarse el fracaso del sistema.
Este libro recoge la visión de los operadores de las tres áreas y, a partir de la sistematización de esas experiencias, formula una serie de recomendaciones tendientes a superar las dificultades identificadas.