Para presentar respuestas a estos puntos se invitó a:
Norman Loyaza, economista del Banco Mundial, quien tiene por tesis que la lucha ha sido ineficaz y ha tenido consecuencias negativas para los países productores. En la actualidad los índices de producción se han incrementado o se han mantenido según el producto que sea y, sin embargo, cruzamos por la época en que se han invertido la mayor cantidad de esfuerzos físicos y financieros para combatir este flagelo. Esta situación se le atribuye a la gran flexibilidad que los productores tienen para adaptarse a las diferentes circunstancias que cambian en razón de las medidas que las autoridades toman para combatirlos, las cuales pueden ser erradicación de cultivos o interdicciones de insumos.
Por el contrario, argumenta Loayaza, prohibirla ha tenido consecuencias desafortunadas para los países en desarrollo como “altos costos pecuniarios y personales, un daño a la salud pública, redistribución de riqueza del campesino a traficantes, la aparición del crimen organizado” y la asociación de los narcotraficantes y grupos armados en contra del Estado, para que los segundo protejan las zonas de cultivos, procesamiento y transporte.
Finalmente se llega a la conclusión que, sin abandonar la guerra frontal, la lucha contra este problema debe ser multidimensional y multiactoral en el espectro internacional.
Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes, quien presentó su investigación (realizada en conjunto con un estudiante de la misma universidad) titulada “La guerra contra la producción y el tráfico de drogas: una evaluación económica del Plan Colombia”, la cual afirma que la ineficacia del Plan Colombia radica en la no coincidencia del principal objetivo entre las autoridades colombianas y estadounidenses.
A pesar de la cuantiosa inversión en el componente militar, ni la abundancia de cocaína ni el precio, han disminuido, atribuido al hecho, que se ha aumentado la productividad de coca por hectárea, según lo señalan UNODC y ONDCP.
A modo de conclusión y recomendación, se deja claro que el énfasis en erradicación (o lucha a la producción) es equivocado, puesto que es más eficiente en términos de resultados y económicos la restricción, es decir la lucha al tráfico.
Juan Carlos Pinzón, Viceministro de Defensa y Seguridad Nacional, desglosó el Plan en tres componentes. Primero, el de cooperación internacional donde resaltó que a pesar del aumento de la inversión en el aspecto social y de justicia, la mayor inversión sigue siendo en seguridad. Segundo, el de la relación vinculante entre la consolidación de la política de seguridad democrática y la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, en tanto que la política pública de seguridad busca robustecer el Estado en ese 55% del territorio del país donde vive apenas el 6% de la población y que se ha vuelto fortín de los grupos de narcotraficantes y terroristas. Y, tercero, el del futuro del Plan Colombia y las relaciones con Estados Unidos, con el cual se busca estrechar la cooperación técnica con el fin de modernizar aun más la fuerzas armadas del país.
Aparte, realizó unas precisiones sobre la orientación de la política pública de seguridad, señalando que la legalización no tiene vigencia debido a la profundidad de las raíces que el narcotráfico tiene en el país. Luego, especificó que la orientación a la lucha contra la producción se modificó en 2006, por la evidencia de las nuevas estrategias de los narcotraficantes para evadir a las autoridades Colombia
Alfredo Rangel, director de La Fundación Seguridad y Democracia, argumentó que la evolución del Plan Colombia va más allá del eje anti-drogas (punto en el cual apoya el planteamiento de Mejía, en tanto que la interdicción podría hacer disminuir los precios de la droga al ser más difícil sacarla, y de esta forma, los cultivos lícitos podrán competir contras estos) y pasa al éxito en la desarticulación de grupos armados ilegales y en la necesidad de fortalecer el Estado, el empoderamiento de la ley y la aplicación de la justicia.