El policy paper resalta los avances del gobierno actual frente a las imperantes necesidades rurales, más específicamente, se muestra que el proyecto de ley de restitución de tierras es una reacción contundente y necesaria del Estado colombiano para enfrentar con rigor a las mafias que lo tienen todo, en defensa de los desposeídos que no tienen nada. El objeto fundamental de esta ley es dotar de herramientas extraordinarias al Estado para que pueda enfrentar y poner término a una situación en la cual los derechos de propiedad o legítima posesión de miles de colombianos han sido arrebatados.
De acuerdo con lo anterior, subsanar la deuda social con los campesinos despojados y desposeídos de sus tierras como producto del conflicto que ha vivido Colombia en las últimas décadas, se ha convertido en una de las prioridades del Presidente Juan Manuel Santos durante su gobierno. En consecuencia, esta administración se ha comprometido con una ambiciosa política de desarrollo rural, dirigida a mejorar las condiciones de vida de la población del campo, a reducir la pobreza y a sentar las bases de un modelo de desarrollo económico y social competitivo y sostenible a lo largo del tiempo, que siga las tendencias actuales de la agricultura internacional.
En este sentido, ha orientado el desarrollo de este modelo a través del proyecto “Ley General de Tierras y de Desarrollo Rural”, con el cual se crearán las bases jurídicas y se fortalecerá la capacidad institucional del Estado para facilitar su ejecución a partir de la implementación de cuatro estrategias: i) ordenamiento de los usos productivos del suelo; ii) aprovechamiento eficiente de la tierra incluyendo el riego y los recursos genéticos; iii) desarrollo integral de las zonas rurales; y iv) fortalecimiento de la capacidad institucional para implementar este tipo de políticas.
Así mismo, dentro de la política integral de tierras del gobierno actual se desarrollarán las siguientes estrategias para transformar el sector agropecuario del país y hacer de éste un sector atractivo, próspero e incluyente: 1) formalización de predios; 2) revisión y actualización de la Ley 2 de 1959 (Ley de Reserva Forestal); 3) convivencia de la agricultura de escala, con la pequeña y mediana producción; 4) nuevas formas de aprovechamiento del suelo; 5) competitividad para el sector; 6) política de restitución de tierras. Así, con esta política y los planes de acción que de ella se desprenden se podrá, en el corto y mediano plazo, disminuir las condiciones de pobreza e indigencia en las zonas rurales del país.
En síntesis, la política integral de tierras busca, a través de la implementación de una política de desarrollo rural, controlar el fenómeno del despojo y del abandono de tierras con el fin de reparar a las víctimas que han sufrido de este flagelo como producto del conflicto que ha vivido Colombia en las últimas décadas. Además, también pretende mejorar el acceso de los hogares rurales a activos productivos y al mejoramiento de sus capacidades para aprovecharlos, de tal manera que éstos puedan aprovecharlos para superar su situación de pobreza e integrarse en condiciones justas y competitivas al mercado. Es considerada como una herramienta útil, necesaria y pertinente para el proceso de reconciliación que se desarrolla actualmente.