En este proyecto de Ley se establecen modificaciones a algunos tributos del orden territorial que tienen diversos inconvenientes asociados a la deficiencia en la definición de impuestos, su base gravable y hechos generadores. Por otro lado, se ha observado la ausencia de un régimen marco de procedimiento tributario que determine de forma clara y precisa mecanismos para la liquidación, recaudo y control de los tributos.
Según el Ministro de Hacienda y Crédito Público este proyecto de ley tiene como finalidad modificar algunos impuestos departamentales y municipales, para así mejorar el recaudo de los tributos a su cargo e incrementar los recursos de las entidades territoriales.
Así se busca reformar las tarifas de los impuestos sobre vehículos automotores y consumo de licores y cigarrillos, además de definir un porcentaje de los impuestos de registro al Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales (FONPET) y se busca crear un impuesto de alumbrado público para los municipios, y precisar algunos aspectos confusos del impuesto de industria y comercio.
El proyecto toca temas problemáticos y presenta medidas para su solución; pero ha generado cuestionamientos como: por un lado, aísla el tratamiento de aspectos fundamentales en materia de procedimientos para el manejo de los tributos subnacionales y de fortalecimiento de la estructura tributaria departamental y municipal; y por otro lado, la coyuntura política y económica, donde el incremento de recursos departamentales y municipales, podría generar adhesiones o apoyos con miras a las elecciones de 2010. De esta forma la aprobación de dicho proyecto podría traer consigo un problema de réditos políticos.