Uno de los temas que ha generado mayor interés en la reglamentación de la reforma política, es la financiación política, ya que se ha buscado que el ordenamiento jurídico colombiano garantice recursos públicos suficientes para el correcto funcionamiento del sistema electoral, tanto para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, como para la financiación de campañas electorales.
Otro punto muy importante fue el relacionado con la financiación prohibida. Atendiendo a que la reforma política sólo prohíbe la financiación de personas naturales, jurídicas extranjeras y la financiación con fines antidemocráticos o contrarios al orden publico.
Otro aspecto que generó discusión en las mesas, fue el de los anticipos para la financiación de las campañas electorales con recursos estatales. En los dos proyectos de ley presentados, se estableció que los anticipos serían entregados a los partidos políticos por el CNE.
Se propusieron unos requisitos para que los partidos y movimientos pudieran acceder a esta financiación anticipada: La adquisición de una póliza con una entidad financiera a favor del CNE, garantizando el uso correcto de los recursos; haber obtenido en la elección anterior, para cargos uninominales, al menos el 4% de los votos validos; y autorización de la póliza por el CNE.
Otro de los puntos centrales de la reglamentación de la reforma política, es el establecimiento de un régimen sancionatorio para los partidos y movimientos políticos que infrinjan las normas legales.