Reforma a la Justicia

Esta mesa de expertos llevada a cabo el pasado 12 de septiembre tuvo como finalidad discutir, asuntos relacionados con el acto legislativo de reforma a la justicia que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos presentará ante el Congreso de la República. Destacamos la participación como panelistas del Ministro del Interior y Justicia Germán Vargas Lleras, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla Paucar, y el presidente de la comisión primera del Senado Eduardo Enríquez Maya, entre otros.

En el evento se hizo énfasis en que la reforma a la justicia tiene dos dimensiones: la que se debe realizar con rango constitucional, y la que sólo requiere de una ley, sea estatutaria u ordinaria, para ser aplicada. Los asistentes se centraron en temas como el retiro de las facultades electorales en cabeza de las altas cortes, el establecimiento de la función vinculante del precedente judicial, la posible eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la inminente necesidad de establecer el presupuesto de la rama judicial por medio de una disposición de orden constitucional.

En primer lugar, se hicieron reflexiones sobre el problema presupuestal de la rama judicial en Colombia. Los representantes de las cortes coincidieron en afirmar que el problema más grave de la rama judicial es el presupuestal. Señalaron que el presupuesto actual no es suficiente y no atiende a la realidad ni a la evolución de la justicia en el país, además reiteraron la necesidad de nutrir de recursos económicos a la rama, afirmando que existía un déficit de cerca de tres billones de pesos.

Como posible salida a lo anterior, se señaló que es preciso una reglamentación de orden constitucional de los recursos que debe recibir la justicia, o por lo menos, la posibilidad de que la rama presente al Congreso un presupuesto elaborado de manera independiente al presupuesto nacional. Frente a los cambios propuestos en la estructura administrativa de esta rama, mencionaron que la experiencia de gobierno administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, ha tenido algunos éxitos, pero también ha suscitado varias controversias, por lo que sería conveniente estudiar a fondo su estructuración.

Por otro lado, los representantes del poder legislativo, reflexionaron sobre el balance de poderes en la Constitución Política de 1991. Los Congresistas coincidieron en resaltar temas relacionados con el equilibrio de poderes y las competencias de la rama judicial. Se aseguró que el proyecto de reforma constitucional otorga facultades excesivas a la Corte Constitucional, se señaló la importancia de fortalecer la gerencia de la justicia y se reiteró la necesidad de definir el presupuesto para la justicia por una norma de rango constitucional.

También se trataron temas respecto a la arquitectura institucional de la rama judicial por parte de representantes de la academia; señalaron las bondades de la reforma relacionadas con consolidar la autonomía e independencia de la justicia y la calidad e imparcialidad de sus miembros. Por último se manifestó la necesidad de que las autoridades administrativas cumplan con las providencias y los precedentes judiciales establecidos.

Finalmente, los representantes del gobierno dieron a conocer sus puntos de vista sobre la reforma integral a la administración de justicia en Colombia. El gobierno considera que lo más relevante es expedir una normatividad tendiente a generar mayor seguridad jurídica en los fallos judiciales, un control previo de constitucionalidad que en cierto tipo de leyes garantice la seguridad jurídica, regular los efectos y alcances de la tutela contra sentencias judiciales, y la realización de las mesas para la justicia, en las que tanto el sector político, como las altas cortes y la academia, tengan la oportunidad de plantear propuestas y alternativas respecto a la reforma constitucional propuesta.