Desde los años ochenta, Colombia se ha visto en una carrera hacia la descentralización, la cual se afianzó con la constitución de 1991, dado que ésta le dio una flexibilización al orden territorial, a través del desarrollo del proceso en tres niveles: Gobierno-Nación; departamentos y municipios; además distritos y territorios indígenas, para mejorar la incidencia del Estado en el territorio nacional, optimizando el nivel de vida de los colombianos.
El Ministerio del Interior y de Justicia ha radicado el proyecto de ley 019 de 2008, que busca actualizar el Régimen Departamental, consagrado en el Decreto 1222 de 1986. El proyecto pretende adecuar el funcionamiento y organización de los departamentos a las nuevas condiciones del país, para lo cual, por un lado, se armonizan e integran las normas relativas al régimen político y administrativo departamental, y por otro lado, se fortalecen las competencias de estas entidades territoriales, al otorgar a los gobernadores funciones más claras y de mayor alcance en sectores como la economía, la salud, la educación, los derechos humanos y el desarrollo institucional.
A través del proyecto se generan dos tipos de mecanismos que buscan hacer más flexibles y eficientes los modelos de gestión, mediante la delegación de funciones del nivel central a los departamentos y la estructuración de esquemas de asociación y coordinación entre estos y otras entidades públicas y privadas.
Éste proyecto de ley trabaja en cinco puntos de gran importancia, la organización política y administrativa de los departamentos como entidades territoriales autónomas que manejan los asuntos regionales, también se definen las funciones de los departamentos, las asambleas departamentales y los gobernadores, unido a un punto vital, como es el trabajo en la asociación y coordinación territorial.