El evento inició con las palabras de Stefan Reith, representante de la KAS en Colombia, quien señaló el trabajo que la fundación desempeña para el fortalecimiento de la democracia a través de cinco ejes temáticos: el desarrollo sostenible, la construcción de paz, la seguridad y la defensa, la descentralización y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. De igual forma, resaltó la importancia de realizar y socializar estos estudios que en principio confirman la tesis de que la inclusión laboral de poblaciones vulnerables fortalece la productividad y estrechan las relaciones de confianza con el electorado.

 

Seguido a esto, María Lucía Méndez, directora del área de construcción de paz de la FIP, agradeció la participación de los asistentes a la presentación de los resultados de una encuesta que profundiza en temas fundamentales para el desarrollo y la construcción de paz del país. Esta encuesta también es una radiografía diagnóstica del empresariado colombiano, así el estudio presenta cuatro dimensiones; i) la racionalidad económica de los sectores, ii) la normatividad y reglas de juego, iii) el contexto político y social y iv) las relaciones y vínculos de confianza entre el empresariado y dichas poblaciones.

 

            El director de Equilibrium, Gutav Brauckmeyer, mencionó que la migración es un fenómeno regional que requiere una respuesta conjunta y articulada de integración, inclusión y no discriminación que propenda el desarrollo de la región. Dicho fenómeno migratorio en el corto plazo no muestra un impacto fiscal negativo y en el largo plazo el potencial tributario y de desarrollo económico producto de la inclusión y ampliación del aparato productivo es muy alto. Posteriormente, Felipe Zarama, Investigador senior de la FIP, procedió a exponer los principales resultados de la encuesta, donde señalo que, sin duda, la empresa es el actor clave para generar valor social a través de la inclusión según la racionalidad económica, propia, de cada sector empresarial. Como parte de la metodología empleada para el estudio se encuestaron cerca de 1200 empresas en 7 ciudades el país y se entrevistaron a 32 expertos en materia económica, política, social, laboral y de integración.

 

De los principales hallazgos que se anotaron la existencia de múltiples barreras en cuanto a la confianza que establecen los empresarios con la población a contratar, principalmente a excombatientes, debido a sus antecedentes, la idoneidad de capacidades para ocupar la vacante, la estabilidad y proyección laboral. Por otro lado, existe un amplio desconocimiento del marco normativo vigente para la contratación de población migrante, lo que dificulta y retrasa los procesos de inclusión en el aparato productivo. Lo anterior se refleja en que el 13% del empresariado desconfía de contratar migrantes y el 43.8% presenta poca confianza al momento de cubrir vacantes con excombatientes.

 

            El evento contó con un segundo momento donde se desarrolló un panel de discusión integrado por Roberto Angulo, socio fundador de Inclusión SAS, Lala Lovera, directora ejecutiva de Comparte por una vida Colombia, María Consuelo Castro, Gerente de Sostenibilidad Claro por Colombia, y con la moderación de Juan Pablo Rangel, investigador de la FIP. Así, comentó como desde una empresa tan grande como Claro no se puede ignorar ni la situación ni a las poblaciones sensibles que merecen ser incluidos y para ello se debe, en ocasiones, modificar la cultura organizacional y flexibilizar la política de contratación. De igual forma, evidenciar con cifras y otras experiencias que vincular a estas poblaciones laboralmente no solo se hace por cumplir una cuota, sino que también hay un retorno económico de la inversión.

 

Sumado a lo anterior, Lala Lovera enfatizó la importancia de cambiar la narrativa xenófoba frente a los migrantes e impulsar campañas para aprovechar el capital humano y la fuga de cerebros. Cabe resaltar que la población migrante también es víctima del conflicto armado de manera diferenciada, ya que, por la falta de oportunidades e integración llegan a ocupar vacantes en los grupos irregulares. Roberto Angulo, opinó que se requiere mayor racionalidad económica por parte de las empresas y acciones que generen confianza mutua como la base de la integración e inclusión de dichas poblaciones. Respecto a las acciones afirmativas, estas se deben dar no solo en el entorno laboral con el fin de igualar el campo de juego y quitar las diferentes etiquetas que estigmatizan y cargan a migrantes, víctimas del conflicto y excombatientes.

 

Tras el desarrollo del panel, se propició un espacio para profundizar sobre los resultados en de la encuesta en relación con la población migrante por parte del equipo de Equilibrium, allí asistieron múltiples representantes de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, agencias del Estado y académicos. Así, Catalina Arenas, gerente de proyectos migratorios de Equilibrium, mencionó que cerca del 80% de la población venezolana que se encuentra en Colombia está en edad productiva y no trabaja en su profesión ni están formalizados. Por lo tanto, si el país logra formalizar y legalizar este capital humano se podría potenciar el recaudo tributario y se estima que al año se recaudarían cerca de 4 millones de dólares más. Finalmente, se generó un espacio para la participación de los participantes que hicieron preguntas y aportaron desde sus experiencias.