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Esta mesa tuvo como objeto identificar las características del esquema asociativo en el ámbito rural, sus fortalezas y debilidades como alternativa de organización de la economía rural en el actual contexto colombiano. De igual forma, la discusión se centró en identificar las necesidades institucionales y de articulación intersectorial que es pertinente atender para potenciar la asociatividad rural en Colombia.
La mesa contó con la participación de Juan Carlos Arroyave, Gerente de Desarrollo Agrícola de la casa Luker, como panelista principal.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Adriana Mejía, Directora Ejecutiva del Instituto de Ciencia Política; Margarita Cuervo, Coordinadora de Proyectos de la KAS en Colombia y el profesor Andrés Molano, investigador del ICP, y moderador de la mesa.
Para dar inicio a la mesa, Santiago Tobón, Director de Proderural, identificó tres aspectos en torno a la experiencia rural en asociatividad. Mencionó que aunque este proceso no cuente con un marco legal, esto no ha impedido que en la práctica se dé. Sin embargo, sí imposibilita resolver los problemas a corto plazo de los niveles asociativos. Por último, se refirió al papel de la estructura institucional alrededor del desarrollo rural, la cual había dejado de lado el tema asociativo y cuyos instrumentos de asistencia técnica desarrollados por el Estado son claves para definir las reglas de juego en la materia.
Por su parte, Juan Carlos Arroyave hizo énfasis en el esfuerzo realizado por la compañía Luker dentro de su modelo de negocio para incluir en la cadena de valor a los pequeños productores, bien sea a través de esquemas de proveeduría con asociaciones y cooperativas de cacaoteros, o en algunos casos, en regiones donde no existen éstas, con esquemas de intermediación.
Dado el potencial de producción de cacao en el país y el hecho de que hay una creciente demanda interna e internacional, este es un modelo de negocio con oportunidades importantes de desarrollo de proveedores, en especial en un esquema asociativo. Reiteró que la falta de asociatividad genera una desconexión entre empresas y productores.
En el marco de la discusión, Cecilia López, ex ministra, exsenadora y experta en desarrollo rural, habló sobre su preocupación en cuanto a la seguridad alimentaria en el país. Dijo además que la brecha rural-urbana es cada vez mayor y tal vez la más urgente de atender en el país. Afirmó que sin un cambio estructural en este ámbito la paz no sería posible, pues la inclusión e integración en el campo son prioritarias para alcanzarla de forma sostenible.
También intervino Daniel Rico, académico e investigador de la Fundación Ideas para la Paz, quien comentó que en Colombia hay dos perspectivas de desarrollo rural: una en las zonas donde hay cultivos de coca, por un lado; y otra donde no los hay. Las dinámicas relacionadas a los cultivos de coca hacen que los retos sean mayores; pero aún más, se ha revelado que los programas de desarrollo alternativo no han estado lo suficientemente bien enfocados –en ocasiones incluso se han hecho en zonas donde no ha habido presencia de cultivos de uso ilícito. Estos programas se diseñan de manera centralizada, no a partir de las capacidades locales, con lo cual se perpetúa lo que él llamó “subsidios a la ineficiencia” en las regiones.
Dentro de las intervenciones finales, los asistentes coincidieron en la necesidad de promover acceso a crédito para los productores rurales, fomentar y acompañar desde el Estado los modelos de asociatividad, así como los altos riesgos que conlleva la labor productiva en el campo –por la volatilidad climática, de precios, entre otros.