En el primer panel “Los retos de la seguridad ciudadana: el microtráfico y los nuevos fenómenos criminales” se tocaron temas como la política de “paz total”, la relación de la Fuerza Pública con la ciudadanía, la transformación integral de Policía Nacional y su posible salida del Ministerio de Defensa, el bienestar de los miembros que hacen parte de esta institución, el creciente déficit de policías y la seguridad humana como modelo de desarrollo. Se discutieron también las respuestas diferenciadas que se pretenden aplicar a las organizaciones que tengan la intención de hacer la paz y cesar actos ilegales.
El segundo panel “Seguridad en los territorios: de la violencia multi-crimen a la paz total” tuvo como temas las competencias del orden nacional y territorial frente a la seguridad y la defensa, la transparencia y la lucha contra la corrupción, las proyecciones para luchar contra el crimen, el despejo de rentas ilegales, el fortalecimiento de la inteligencia, la implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP y el cuidado a las comunidades que han sufrido la violencia por actividades criminales.
En el tercer panel “Fuerza pública: capacidad operativa, confianza y Derechos Humanos” se manifestaron preocupaciones por el incremento desmedido de los casos de extorsión y cómo las estructuras criminales han llegado a acumular poder, hasta el punto de que cumplen un rol de gobierno alterno. Asimismo, se hicieron reflexiones sobre la relación que tiene la inseguridad con la desigualdad. Además, los participantes hablaron de cómo Colombia está entre dos tipos de violencia: una derivada del conflicto armado y la que es ocasionada por el crimen organizado, cuya causa es la desigualdad institucional. En este mismo sentido se debatió sobre la política frente a las drogas, sobre todo en cuestiones de control del microtráfico y en la relación con Estados Unidos, país cuya política exterior con Colombia tiene como eje la lucha contra el narcotráfico.
Posteriormente, la segunda parte de este panel abarcó las capacidades operativas de la Fuerza Pública y la lentitud del aparato judicial y la crisis penitenciaria. Se generaron observaciones sobre el liderazgo civil en el fortalecimiento de la seguridad, la reforma a la justicia, el fortalecimiento de la Policía Fiscal y Aduanera, las oportunidades que pueden construir los sectores público y privado para establecer economías legales y rentables, la generación de empleo, la protección de la propiedad privada, la eliminación del servicio militar obligatorio y la coordinación entre los diferentes organismos de seguridad y entidades como la Fiscalía General de la Nación.
Por último los ponentes hablaron sobre el rol del aparato de justicia. Por eso es perentorio dar prioridad a la integridad de los jueces, de los fiscales y de los abogados para que cumplan sus tareas a cabalidad. Además, mencionaron que es importante tener claridad sobre los marcos jurídicos para combatir a los generadores de violencia.
