El evento inició con las palabras de Alejandro Santos, periodista y director de contenidos y proyectos especiales en Caracol Radio de Grupo Prisa Media, quien dio la bienvenida, agradeció a todos los participantes y puso sobre la mesa temas fundamentales como; la ley de sometimiento, la Paz Total, la moral y legitimidad de las tropas y la recuperación del monopolio de la fuerza física legítima estatal, como parte de la provocación inicial. Seguido a esto, Stefan Reith, representante de las KAS en Colombia, expuso el trabajo que la fundación desempeña para el fortalecimiento de la democracia a través de cinco ejes temáticos: el desarrollo sostenible, la construcción de paz, la seguridad y la defensa, la descentralización y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. De igual forma, resaltó que no existe desarrollo ni democracia sin seguridad y si el Estado no hace mayor presencia en los territorios, no solo militarmente sino con infraestructura, sistema de salud y programas sociales y educativos.
En la mesa de discusión participaron representantes del Ministerio de Defensa, la Alcaldía de Bogotá, el Consejo Superior de la Judicatura, gobernaciones, alcaldías, centros de pensamiento, organizaciones de la sociedad civil, militares, policías, académicos, investigadores y gremios entre otros. Así, con la provocación inicial, durante el desarrollo del foro se tocaron una serie de puntos centrales alrededor del tema de seguridad a nivel nacional y regional.
Primero, el microtráfico como principal causa de la inseguridad y de homicidios en zonas urbanas, durante el foro se manifestó la preocupación por los altos índices de criminalidad que vienen creciendo desde 2021 cuando la sociedad empezaba a superar la pandemia. El 2022 fue el segundo año con la cifras más altas de homicidios desde 2016, para este año, el delito de extorsión ha aumentado en un 24%, según la Policía Nacional. En línea a lo anterior, los gobernadores y alcaldes comentaron que la extorsión y el reclutamiento de menores son las tácticas más utilizadas por los grupos armados y bandas criminales para financiarse y generar control social en las poblaciones urbanas y rurales. Por esto, se debe fortalecer la acción de la fuerza pública y las capacidades de los gobernantes locales en el direccionamiento de dicha fuerza para generar estrategias de seguridad apropiadas a cada contexto sin tener que depender de un gobierno nacional y central.
Dentro de las propuestas para afrontar esta problemática se debe considerar, el papel de la inteligencia y las nuevas tecnologías se vuelven determinantes para lograr desmantelar y judicializar estas nuevas estructuras con presencia y células en las ciudades que se nutren de economías ilegales. Lo anterior, se suma a la necesidad de una política pública que permita articular las capacidades institucionales necesarias para garantizar la seguridad ciudadana, donde se integren los planes de desarrollo local con la política de seguridad del gobierno nacional, fuerza pública y sociedad civil.
Segundo, la disputa entre bandas criminales y el Estado por ocupar el territorio y la configuración de riesgos en la seguridad de sectores productivos. Desde la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC-EP quedaron libres zonas y territorios que fueron cooptados por grupos armados ilegales y no por el Estado, lo que devino en disputas territoriales, violencia y coerción social. Dichos grupos subsisten gracias al narcotráfico, minería ilegal, contrabando, extorsión, entre otros. De igual forma, representantes del sector agrícola coincidieron en que el sector privado se ha encargado de promover el desarrollo económico en las regiones a través de la generación de empleo, por esto, expresaron su preocupación frente a la creyente inseguridad para ellos y sus trabajadores que se ven impedidos en la realización de sus labores productivas debido a las amenazas, secuestro, extorsión y demás prácticas de coerción social.
Lo anterior, no solo afecta las economías regionales y nacionales, sino que también la seguridad alimentaria del país, al disminuir considerablemente la producción de alimentos y las dificultades en encadenar la producción agrícola con la seguridad y los centros urbanos de comercialización y distribución. El norte del Cauca es un caso preocupante, ya que, desde la firma del Acuerdo de Paz se estaba gestando un laboratorio de paz con la integración de campesinos, comunidades negras y empresarios que se ha visto truncado por la retoma del territorio por parte de actores armados, lo que generó miedo entre la población, asesinatos, la pérdida masiva de empleos y altos niveles de impunidad.
Tercero, el fortalecimiento de la institucionalidad judicial y la fuerza pública. Desde el Consejo Superior de la Judicatura se recalcó la importancia de respetar las decisiones judiciales como mecanismo de legitimidad de la rama judicial. En Colombia hay 11 jueces por cada 100 mil habitantes lo que dificulta y retrasa el acceso a la justicia, especialmente en zonas rurales, de ahí el llamado de la rama judicial de aumentar el recurso humano, especializado los jueces e implementar nuevas tecnologías que permitan agilidad en el acceso a justicia por medios digitales.
Por otro lado, desde organizaciones de la sociedad civil solicitaron al gobierno claridad sobre lo que se contempla en la paz total y la política de seguridad, puesto que lo que se conoce y entiende son políticas con muchos vacíos. Como parte de las principales inquietudes sobre lo contemplado en la paz total y la política de seguridad son la falta de una estrategia ofensiva frente a los grupos armados ilegales, el garrote, la negociación de un cese de hostilidades, las acciones para evitar intervención y control social de cara a las elecciones de octubre, el rol de la rama judicial y papel de las víctimas durante las negociaciones. Inquietudes que se presentaron al gobierno nacional y de las cuales no se ha recibido respuesta.
Finalmente, se trató el tema de las negociaciones con el ELN y demás grupos armados ilegales, señalando que el mecanismo de cese al fuego no puede ser nacional, sino regional y territorial a la vez que se ejecutan acciones ofensivas en zonas que requieren intervención militar. Asimismo, se debe negociar un cese de hostigamientos por parte de estos grupos armados ilegales para evitar el mayor número de afectaciones a la población civil y como un gesto de voluntad ante las negociaciones. Lo anterior desde una estrategia de negociación escalar, con una agenda establecida y líneas rojas claras tanto del actuar de la fuerza pública como de los grupos armados ilegales.
