KAS COLOMBIA
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La seguridad alimentaria se refiere a la condición que deben tener todas las personas respecto al acceso a alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades en relación con una buena vida sana. En Colombia aún existen brechas en el estado de dicha seguridad alimentaria a pesar de que se han registrado avances. La pandemia por covid-19 generó una contracción productiva que afectó la oferta de alimentos reforzando aún más las problemáticas alimentarias del país. Así mismo, los bloqueos en las vías por las recientes manifestaciones en Colombia ocasionaron pérdidas de alimentos. Además, recientemente la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de Acto Legislativo No 041 de 2021, el cual busca modificar el artículo 65 de la Constitución Política para reforzar de rigurosidad el derecho humano a la alimentación y a no padecer hambre.
Con este contexto se formularon las siguientes preguntas orientadoras del debate: ¿Qué balance puede hacer Colombia en materia de seguridad alimentaria? ¿Cuáles han sido los aciertos que le han permitido al país un avance discreto en esta materia? ¿Qué medidas deben implementarse en Colombia si queremos profundizar los buenos resultados frente a la seguridad alimentaria? ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Cómo impulsar las respuestas del mercado para asegurar la disponibilidad física y económica de los alimentos en Colombia? ¿Cómo el Estado debe contribuir a la lucha contra la desnutrición y malnutrición? ¿Es posible conciliar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental?
El debate inició con un balance del estado alimentario en el país, pues por el covid-19 y durante el aislamiento preventivo se tomaron decisiones como la creación de programas de apoyo e incentivos al sector agropecuario que permitieron que los sectores productores siguieran operando y garantizando alimentos para todos. En esa vía, los avances del plan de vacunación han permitido mantener el sistema funcionando. Sin embargo, el covid-19 ha generado un alza en los costos de insumos, esto, sumado a la crisis del gas y el acaparamiento de insumos por parte de las grandes potencias, ha generado nuevos retos para la seguridad alimentaria en Colombia.
La nueva ley busca ordenar la seguridad alimentaria tanto a nivel nacional como local, interviniendo las distorsiones en los precios de los productos, para ello es necesario establecer una vigilancia soportada en información robusta. Sin embargo, el propósito no es controlar los precios, aunque la ley lo permite, por el contrario, se busca intervenir solo cuando sea necesario.
La preocupación de algunos asistentes estuvo relacionada con lo alejadas de la realidad que parecen las expectativas de todos los actores involucrados, pues un proyecto de ley no solucionará los problemas productivos y alimentarios del país. También se señaló lo ambigua que es la ley respecto a la intervención estatal en el control de precios, pues consideraron que es fácilmente moldeable a intereses particulares, sobre todo en un contexto de elecciones presidenciales.
Durante el debate también se celebró la intensión de crear el observatorio de insumos como herramienta para obtener información detallada de la cadena de producción en el país y formular programas e intervenciones. Se invitó a hacer que la información sea horizontal, es decir, que permita que los pequeños productores del país también tengan acceso libre a ella para apoyar sus negocios, esto implicaría la dotación de bienes públicos como internet, infraestructura y educación.
El debate concluyó dejando sobre la mesa dos apreciaciones principales: 1. La aparente contradicción entre los procesos de modernización y las políticas que permiten el control de precios por parte del gobierno y 2. La necesidad de indagar en experiencias internacionales que guíen las intervenciones y permitan evaluar otras alternativas como la reducción de cargas tributarias.
