El IV Encuentro de Secretarios de Gobierno, Seguridad e Interior en Bucaramanga contó con la participación del alcalde de Bucaramanga y el equipo local de la ciudad, encabezado por la Secretaría del Interior, junto a secretarios y delegados de distintas capitales de manera híbrida, como Cali, Bogotá, Quibdó, Riohacha, Pasto, Barranquilla, Armenia, Medellín, Ibagué, entre otros, quienes compartieron sus experiencias y desafíos en materia de seguridad. También asistieron representantes de instituciones aliadas como la Fundación Konrad Adenauer, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y Asocapitales, que aportaron análisis técnicos y propuestas estratégicas. La diversidad de asistentes, entre autoridades políticas, asesores y expertos, permitió enriquecer el diálogo y consolidar un espacio de articulación entre territorios y organizaciones en torno a los principales retos de seguridad urbana del país.
Durante la apertura, los participantes enviaron un mensaje de solidaridad a la ciudad de Cali, tras el atentado contra la Escuela Marco Fidel Suárez. El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, relató lo ocurrido y alertó sobre nuevas modalidades de ataque terrorista, destacando la importancia de la colaboración ciudadana para identificar a los responsables. Este llamado a la unión fue respaldado por todos los asistentes, quienes reiteraron la necesidad de fortalecer las redes de apoyo entre capitales.
La experiencia de Bucaramanga ocupó un lugar central en el encuentro. El secretario del Interior, Gildardo Rayo, presentó el plan de desarrollo Bucaramanga Avanza Segura 2024–2027, mientras que el alcalde Jaime Andrés Beltrán compartió un balance de gestión en seguridad, en el que destacó capturas de cabecillas criminales y acciones contra la extorsión. El mandatario también hizo un fuerte llamado a superar la impunidad y señaló la urgencia de un mayor respaldo del gobierno nacional para enfrentar los desafíos que sobrepasan las capacidades municipales.
En el plano técnico, el Instituto de Ciencia Política (ICP), en cabeza del director Carlos Augusto Chacón, presentó los avances hacia un Sistema Nacional de Seguridad Urbana, una propuesta que busca responder de manera estructural a los problemas de inseguridad. El estudio identificó cuatro ejes críticos: debilidad institucional, insuficiencia de recursos, pérdida de confianza ciudadana y carencia de capacidades de inteligencia. Entre las recomendaciones se planteó otorgar mayor mando a los alcaldes sobre la Policía, establecer fuentes sostenibles de financiamiento, crear una fuerza intermedia especializada en crimen organizado y fortalecer los sistemas locales de justicia.
Asimismo, se expuso la estrategia Operación Candado, implementada en Bucaramanga como modelo replicable para otras ciudades. Esta iniciativa ha logrado contener y reducir los homicidios y hurtos mediante operativos diarios, campañas de reconocimiento a la fuerza pública, inversión en tecnología y la creación de un Observatorio de Seguridad y Transparencia que ofrece información abierta a la ciudadanía.
En el marco de la jornada se desarrolló la mesa de expertos “La extorsión: el delito de mayor subregistro y expansión. Alternativas viables para combatirla”, un espacio que permitió reflexionar sobre los desafíos y respuestas frente a este fenómeno criminal. Durante su intervención, Andrea Valdelamar, coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, enfatizó que la democracia no puede sostenerse sin seguridad, subrayando que para la KAS este es un pilar fundamental en su quehacer. Asimismo, destacó el valor de la cooperación internacional como respaldo a los procesos locales, aunque precisó que las soluciones deben construirse desde y para los territorios, atendiendo a sus particularidades y realidades propias.
Uno de los análisis más relevantes fue presentado por el asesor del ICP, Daniel Rico, sobre el fenómeno de la extorsión en Colombia. El experto advirtió sobre un subregistro de hasta el 99% y clasificó el delito en tres modalidades: carcelaria, directa e industrial. Criticó la fragmentación institucional y la baja judicialización, y propuso medidas como observatorios locales, estrategias de disuasión, uso de tecnología en cárceles y reformas legales para atacar las rentas criminales.
En las conclusiones, los secretarios coincidieron en que la inseguridad es un problema nacional con impactos locales que no puede enfrentarse de manera aislada. Se subrayó la importancia de exigir más recursos al gobierno central, impulsar reformas legales que clarifiquen competencias y avanzar en la consolidación de un Sistema Nacional de Seguridad Urbana. El encuentro cerró con un mensaje contundente: solo unidos, compartiendo información y articulando esfuerzos, será posible enfrentar las amenazas criminales y garantizar la seguridad en las ciudades capitales de Colombia.
