La apertura estuvo a cargo de la magistrada de la Corte Constitucional, la doctora Natalia Ángel, quien centró su intervención en la transparencia algorítmica como un eje esencial para garantizar derechos fundamentales en tiempos de transformación tecnológica. Señaló la necesidad de que la ciudadanía comprenda el funcionamiento de los algoritmos estatales que afectan la vida cotidiana y recalcó que la transparencia no puede limitarse a la publicación del código, sino que debe asegurar explicabilidad y comprensión. Hizo referencia a experiencias internacionales como la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, la Ley de Gobierno Digital en Brasil y los lineamientos de transparencia algorítmica en México. Además, destacó el hito que representó en Colombia la sentencia T-067 de 2025, mediante la cual la Corte Constitucional reconoció el acceso al código fuente de aplicaciones públicas como parte del derecho a la información, consolidando así un derecho digital tangible y exigible. La magistrada también informó sobre el trabajo que adelantan la Agencia Nacional Digital, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General en la construcción de lineamientos nacionales de transparencia algorítmica.
Posteriormente, la decana de la Facultad de Jurisprudencia, la doctora Cristina Pardo, resaltó la importancia de que quienes toman decisiones en el ámbito legislativo, judicial y de política pública estén preparados frente a los nuevos retos que impone la inteligencia artificial. Subrayó además que el derecho a la transparencia algorítmica se convierte en un referente clave para enfrentar fenómenos como la desinformación y los radicalismos ideológicos que amenazan la democracia contemporánea.
En representación de Tools for Humanity, Daniel Mendoza advirtió sobre el impacto de los contenidos sintéticos generados por algoritmos, los cuales podrían llegar a constituir hasta el 90% del contenido disponible en internet en los próximos años. Explicó cómo estos materiales tienen efectos profundos en la democracia, las campañas electorales, la interacción social y la economía. Frente a ello, propuso tres ejes de acción: contextualizar las políticas públicas de acuerdo con la realidad de cada país, escalar tecnologías abiertas y seguras con herramientas como el web3 y el código abierto, y poner al ser humano en el centro, priorizando la inclusión, la privacidad y la protección frente a sesgos algorítmicos.
Por su parte, Hartmut Rank, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, recalcó que la inteligencia artificial plantea tanto oportunidades como riesgos para la democracia. Subrayó que la protección de datos, la lucha contra la desinformación y la transparencia algorítmica son retos urgentes que inciden directamente en la confianza ciudadana y en la legitimidad de los procesos electorales. Enfatizó, además, en la relevancia del Congreso y de sus unidades de trabajo legislativo en la construcción de un marco normativo innovador, destacando la necesidad de fortalecer alianzas entre academia, sector privado, sociedad civil y organismos internacionales.
La intervención de Juliana Campo, en representación de ORZA, estuvo enfocada en presentar la estructura del ciclo de talleres y su finalidad pedagógica. Señaló que estos espacios buscan educar, proteger y promover la participación digital de la ciudadanía, con especial atención a la protección de la privacidad, la prevención de fraudes en línea y la reducción de las brechas de acceso. De igual forma, anunció el cronograma de talleres, que abordarán temas como los retos de la protección de datos en la era digital, la ciudadanía digital y la participación, el impacto de la inteligencia artificial en la democracia y los riesgos de la desinformación en procesos electorales.
El Observatorio Legislativo de la Universidad del Rosario, creado en 2005 como puente entre la academia y el Congreso de la República, también tuvo un papel protagónico en el evento. Su participación en este ciclo de talleres será clave para fortalecer el debate democrático y legislativo desde una perspectiva académica y técnica, garantizando que el conocimiento se traduzca en herramientas concretas para la toma de decisiones en política pública.
