El evento inició con las palabras de bienvenida de Carlos Augusto Chacón, director del ICP, quien agradeció la presencia de los asistentes y señaló la relevancia de discutir y contribuir al debate público en el marco de la presentación y trámite en el legislativo de la Ley de Sometimiento. Seguido a esto, Stefan Reith, representante de las KAS en Colombia, expulsó el trabajo que la Fundación desempeña para el fortalecimiento de la democracia a través de cinco ejes temáticos: el desarrollo sostenible, la construcción de paz, la seguridad y la defensa, la descentralización y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. De igual forma, resaltó la importancia y la pertinencia de discutir ampliamente la Ley de Sometimiento presentada por el Gobierno Nacional.
La provocación inicial se dio por parte de Paloma Valencia, senadora del partido Centro Democrático, quien expresó que la Ley de Sometimiento sobrepasa lo pactado en el Acuerdo de Paz firmado en 2016 por parte del Estado con la entonces guerrilla de las FARC-EP y su implementación posterior, que debería servir como antecedente, en todo el sentido de la palabra. Asimismo, cuestionó el papel protagónico y versátil que se le otorga a la figura del principio de oportunidad y cómo el proyecto no es claro en su propósito, ya que, según la senadora, busca someter, acompañar o acoger a las bandas criminales.
Seguido a esto, intervino Juan Fernando Cristo, ex-senador de la República, mencionando las similitudes entre la Ley de Justicia y Paz y la Ley 418 de Paz Total aprobada por el actual Congreso. Esta última debe tener una articulación clara con la Ley de Sometimiento propuesta, en cuanto al tratamiento de ciertos delitos que allí se contemplan de manera difusa. Sobre el reconocimiento político contemplado en la ley, Cristo afirma que solo debe ser otorgado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y no a las bandas de crimen organizado como tratamiento diferenciado.
Por su parte, Emilio Archila, ex Alto Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, expresó su preocupación por el avance en el proceso de implementación del Proceso de Paz, ya que, si este no se consolida no es viable adelantar una ley de sometimiento a bandas criminales que se lleve el protagonismo. Respecto al documento presentado ante el Congreso, el Gobierno debe ser claro en realizar una diferenciación de las motivaciones de los diversos grupos armados, así como, generar claridad en las funciones y el papel desempeñado por el Alto Comisionado para la Paz. Otro punto relevante, es el papel de las víctimas que, según Archila, no es central ni evidente en el mecanismo que va a ser utilizado para su atención y reparación.
La tercera intervención se dio por parte de Néstor Humberto Martínez, ex Fiscal General de la Nación, quien mencionó que no hace sentido tramitar dicha ley cuando no están dadas las condiciones en los territorios del país. Sumado a esto, para Martínez el proyecto de ley se elaboró sin contemplar el concepto de la fiscalía, que es la entidad que debe asumir las investigaciones de cada proceso y que no cuenta con los recursos necesarios para efectuarlas. A esto, se sumó el concepto de Alberto Sánchez Galeano, consultor y experto en seguridad, quien comentó que la Ley de Sometimiento genera un régimen jurídico excepcional y por lo tanto debe ser complementaria a la Ley de Paz Total y no dos marcos independientes, sin una línea de articulación clara que puedan sobrepasar la capacidad del Estado y el sometimiento de las bandas criminales.
En línea a lo anterior, Andrés Stapper, exdirector de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), añadió que se debe respetar en todo momento el principio de lucha contra la impunidad y establecer metas claras que busca cumplir la ley. En cuanto a la articulación del proyecto, hay una significativa afectación a la Rama Judicial a las competencias específicas de diferentes organizaciones y al papel poco central que se les da a las víctimas. Posteriormente, César Restrepo, experto en seguridad y estrategia de Probogotá, habló de la experiencia adquirida durante 30 años en temas relacionados a procesos de paz por parte del Estado colombiano con actores al margen de la ley, y cómo esto robustece los órganos de inteligencia del país que permiten una negociación más robusta del Estado. Sin embargo, en la negociación actual con el ELN esos sistemas de información e inteligencia están muy disminuidos, lo que genera un espacio de negociación lleno de incertidumbre y regido únicamente por el principio de buena fe de un grupo armado que no ha propiciado las condiciones mínimas de una negociación.
Por otro lado, el ex senador Héctor Helí Rojas, señaló que en el proyecto de ley si se contempla de manera predominante el papel de las víctimas, quienes pueden intervenir en cualquier momento del proceso. Asimismo, la ley se articula de manera orgánica con el actual ordenamiento jurídico vigente sin generar un choque de trenes entre las diferentes instituciones del poder judicial. Finalmente, Carlos Chacón agradeció la asistencia de los participantes y panelistas a uno de los muchos espacios de conversación y debate democrático que lleve a buen puerto al actual gobierno y a todos los colombianos.
